En agosto, Standard and Poor’s Global Ratings y Fitch Ratings emitieron una calificación de “incumplimiento selectivo” para Argentina, después de que el gobierno comenzara a reestructurar USD 101.000 millones de su deuda, incluyendo los planes para retrasar el pago de USD 44.000 millones de préstamos del FMI. Tal como señaló la organización de la sociedad civil británica Jubilee Debt Campaign UK (JDC), el endeudamiento de Argentina fue desencadenado por deudas con fondos buitre y una posterior avalancha de préstamos extranjeros.
Después de haber acordado un préstamo de USD 50.000 millones, en junio de 2018, tras la especulación de los prestamistas de que no serían reembolsados, tres meses más tarde el FMI lo aumentó a USD 57.000 millones, lo que lo convirtió en su mayor préstamo de la historia (véase el Observador de Invierno de 2018). El diseño y la escala del programa han sido objeto de escrutinio (véase el Observador de Verano de 2018) y surgen preguntas sobre por qué Argentina ha estado encerrada en una trampa cíclica de deuda con el FMI.
Desde que comenzó el programa del FMI, las turbulencias han aumentado a medida que se desarrolla una crisis monetaria, los rendimientos de los bonos aumentaron, la inflación se mantuvo elevada, estallaron las protestas y los niveles de pobreza alcanzaron a más del 30 por ciento de la población.
De acuerdo con sus propias normas, el Fondo sólo puede prestar si se evalúa que la deuda es sostenible a medio plazo. En caso contrario, debería apoyar la reestructuración de la deuda o los préstamos concesionales. Sin embargo, como señaló JDC, el FMI no define qué deuda es sostenible para países de ingreso medio alto y alto, como Argentina, y sus indicadores de deuda para Argentina estaban muy por encima de los límites que el FMI establece para la sostenibilidad para países de ingreso medio bajo y bajo. La propia revisión del programa del FMI en octubre de 2018 evaluó la deuda de Argentina como sostenible, “pero no con una alta probabilidad”, lo que reavivó la demanda de la creación de un mecanismo independiente de resolución de deuda (véase el Observador de Verano de 2018).
En un giro sorprendente, el presidente Macri restauró los controles de capital el 1 de septiembre, después de que el peso argentino cayera más de un 30 por ciento frente al dólar estadounidense en agosto.
Los artículos del Acuerdo del FMI establecen que “el Fondo puede solicitar a un miembro que ejerza controles” para evitar que sus recursos generales se utilicen para satisfacer una salida grande o sostenida. Además, la ‘visión institucional’ del Fondo sobre los controles de capital de 2012, que se presentó como un cambio de su oposición históricamente rígida, declaró que “no existe ninguna presunción de que la liberalización total sea un objetivo adecuado para todos los países en todo momento”, lo que generó preguntas sobre por qué esto no fue considerado como una opción preventiva para Argentina (véase el Observador de Primavera de 2016). La sociedad civil ha argumentado que la ‘visión institucional’ no mitiga el sesgo general hacia la liberalización del capital (véase el Update 83). Resta conocer la reacción del FMI a la decisión de Argentina.
El candidato presidencial de la oposición, Alberto Fernández, que está en camino de vencer a Macri en las elecciones de octubre, emitió un comunicado culpando al programa del FMI por impulsar la fuga de capitales, señalando que desde que el FMI desembolsó USD 44.500 millones, se han ido unos USD 36.600 millones a través de la fuga de capitales de inversores locales y extranjeros. Claudio Loser, que trabajó para el FMI durante la crisis de la deuda de 2001, dijo al Financial Times en mayo que un programa fallido conduciría a una “pérdida de credibilidad” para el FMI.
