En octubre, un informe de Matthew Cummins e Isabel Ortiz, titulado Austerity: The New Normal. A Renewed Washington Consensus 2010-24, estableció que la mayoría de los gobiernos están en camino de reducir el gasto público, como porcentaje del PIB y ajustado nominalmente por la inflación, al menos hasta 2024. El informe concluyó que el mundo está pasando de “una década de ajuste”, tal como documentaba el último informe de esta serie en 2015, a una institucionalización de la austeridad como “la nueva norma”.
El informe detalló que a una fase inicial de estímulo fiscal en respuesta a la crisis financiera de 2008 siguió una segunda fase, distinta, a partir de 2010, en la que los gobiernos comenzaron a reducir el gasto. Se prevé que esta fase de contracción fiscal continúe al menos hasta 2024 y se “caracterice por choques [en el gasto total] en los que se profundice el ajuste, el primero en 2010-11, el segundo durante 2016-17 y un tercero cuyo inicio se espera en 2020”. Según el informe, “se espera que este próximo shock de ajuste afecte a 130 países en 2021 en términos del PIB” y añade que “el mundo en desarrollo será el más gravemente afectado” y que “las proyecciones indican que la austeridad afectará aproximadamente a 5.800 millones de personas en 2021, alrededor del 75% de la población mundial”.
Las medidas de austeridad previstas incluyen reformas de las pensiones y de la seguridad social; la reducción o limitación del gasto salarial del sector público; reformas para la flexibilización laboral; la reducción o eliminación de los subsidios; el aumento de los impuestos regresivos al consumo; el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (APP); y la privatización de los activos públicos, todo lo cual exacerba las desigualdades. Argumentando que “el ajuste del gasto público se está utilizando como caballo de Troya para introducir las políticas del Consenso de Washington las cuales tienden a reducir las políticas públicas y el estado de bienestar”, el informe concluyó que esto no tiene por qué ser así y que hay alternativas, incluso en los países más pobres.
Las proyecciones indican que la austeridad afectará a 5.800 millones de personas para 2021 ─ alrededor del 75% de la población mundial.Isabel Ortiz and Matthew Cummins
Las alternativas a la austeridad siguen siendo ampliamente infrautilizadas.
Hay múltiples opciones para ampliar el espacio fiscal, según un informe de noviembre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), titulado Fiscal Space for Social Protection; A Handbook for Assessing Financing Options (de aquí en adelante, ‘el manual’). En el manual se detallan ocho opciones de financiación que los gobiernos deberían explorar agresivamente para promover el desarrollo socioeconómico nacional que siguen siendo infrautilizadas: ampliación de la cobertura de la seguridad social y los ingresos contributivos; aumento de los ingresos tributarios; eliminación de los flujos financieros ilícitos; mejora de la eficiencia y reasignación del gasto público (esto exige ir más allá del mero análisis financiero costo-beneficio); aprovechamiento de las reservas fiscales y de divisas; manejo de la deuda (es decir, apropiación o restructuración de la deuda soberana); adopción de un marco macroeconómico más adaptable; aumento de la ayuda y las transferencias.
Por ejemplo, en cuanto a la gestión de la deuda, el manual prescribió que, a falta de un mecanismo de renegociación de la deuda soberana, los países deberían tratar de reestructurar los altos niveles de deuda existentes. Esto podría tener lugar a través de diversos medios, como la renegociación, e incluso el rechazo de la deuda o el incumplimiento, “especialmente cuando la legitimidad de la deuda es cuestionable y/o el costo de oportunidad en términos de empeoramiento de los resultados sociales es alto”. En relación con la evaluación de los niveles óptimos de deuda, los autores cuestionaron la relación deuda a largo plazo-PIB del 40% como límite máximo para los países en desarrollo y las economías emergentes del FMI. En su lugar, piden que se centre en la calidad del gasto que se financia con deuda, haciéndose eco de los 10 principios de la sociedad civil para la resolución de la deuda soberana publicados en septiembre por la organización de la sociedad civil Eurodad, con sede en Bélgica.
En cuanto al aprovechamiento de las reservas fiscales y de divisas, la continua reticencia del FMI a que los gobiernos utilicen controles de capital, a pesar de su reciente “visión institucional” más aceptada sobre el asunto (véase el Observador de Otoño de 2019), contrastó con otras organizaciones de las Naciones Unidas que los apoyaron “como parte integral del conjunto de herramientas de política macroeconómica”. Las Evaluaciones Institucionales y de Política de País del Banco Mundial también fueron criticadas por reforzar las políticas de contracción, tan influyentes como para causar un nocivo comportamiento de rebaño entre otros donantes, como parte del debate sobre el aumento de la ayuda y las transferencias (véase Al interior de las instituciones, Country Policy and Institutional Assessments).
En términos más generales, al abogar por un marco macroeconómico más complaciente, el manual establece que las políticas fiscales y monetarias se utilizaron de forma consistente y contracíclica hasta finales de la década de 1960, lo que permitió que las medidas de protección social fueran fiscalmente sostenibles. Sin embargo, esto ha cambiado notablemente desde principios de la década de 1980, “cuando la agenda de las reformas de privatización, liberalización y globalización … fue impulsada por el FMI y el Banco Mundial”, reduciendo el espacio fiscal y de políticas a través del establecimiento de una nueva ortodoxia macroeconómica (véase Al interior de las instituciones, Cuáles son las principales críticas al Banco Mundial y el FMI?). Si bien el Banco y el Fondo han comenzado a reconocer de forma tácita las limitaciones del enfoque de sus programas de ajuste estructural de las décadas de 1980 y 1990, la mayor parte de su asesoramiento en materia de política macroeconómica sigue ignorando esta lección y 23 de los 26 programas de préstamos del FMI siguen estando condicionados a la consolidación fiscal, según lo informado por Eurodad (véase el Observador de Verano de 2019).
La austeridad respaldada por el Banco y el FMI sigue causando miseria.
El documento de trabajo del FMI de noviembre, Doing more with less: How can Brazil foster development while pursuing fiscal consolidation?, es el último ejemplo de que el FMI aparentemente adopta el enfoque opuesto a la orientación establecida en el manual. El documento sostiene que Brasil tiene “espacio para un ahorro público anual de alrededor del 3% del PIB en los sectores de la salud y la educación” que, según estimaba, es lo que sería “necesario… para lograr progresos satisfactorios en los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]… dadas las necesidades actuales de consolidación fiscal de Brasil”. Tal como se señaló en la plataforma de noticias en línea openDemocracy en abril, los datos indican que tres años de profundización de las políticas de austeridad en Brasil ya han llevado a una mayor reducción del PIB y a un aumento de la deuda pública, al tiempo que se han exacerbado las desigualdades sociales y sus efectos perjudiciales, lo que socava la capacidad de Brasil para alcanzar sus metas de los ODS. Las críticas de que el marco de gasto social del FMI para 2018 sigue estando “fuera de tono con las normas internacionales” (véase el Observador de Verano de 2019), incluso después de una prolongada defensa basada en la evidencia en sentido contrario (véase el Observador de Verano de 2018 y el de Invierno de 2017-18), refuerzan aún más la idea de que la opinión en el FMI es que, en palabras propias: “en términos de austeridad… no se puede desafiar la gravedad” (véase el Dispatch Annuals de 2017).
Mientras tanto, un documento de septiembre del Banco Mundial sobre el replanteamiento de los sistemas de protección social se basó en la idea de que los gobiernos sólo pueden financiar una red de seguridad mínima de último recurso si “reducen los planes públicos de seguro social a gran escala, reducen el tamaño de las cotizaciones a la seguridad social y ponen mayor énfasis en los planes de ahorro y seguro de personas obligatorios y voluntarios de gestión privada”, según un blog de octubre publicado por la organización de consultorías del Reino Unido Development Pathways. Al hacerlo, sostiene, el Banco Mundial propuso “una reversión de los derechos y protecciones existentes para los trabajadores, tanto en términos de seguridad social como de protección del mercado de trabajo”.
En tanto, la sociedad civil de todo el mundo sigue resistiendo y contando los costos humanos que conllevan estas políticas, especialmente para los más vulnerables a los abusos contra los derechos humanos. Ejemplos recientes incluyen la reducción de servicios especializados reportados para combatir la violencia contra las mujeres como parte de las medidas de austeridad respaldadas por el FMI en Brasil; el aumento de la tasa de mortalidad en Grecia tras las medidas de austeridad impuestas por el FMI; los niveles de vida severamente disminuidos en Ucrania como parte de los programas del Banco y el Fondo; la austeridad patrocinada por el FMI, que socava la prestación de servicios públicos esenciales y sensibles al género en Ghana (véanse el Observador de Otoño de 2018, de Primavera de 2018, de Verano de 2017 y el Informe The IMF, Gender and Expenditure Policy).
Las IBW se alejan más del consenso de las Naciones Unidas.
A pesar de que el manual dejó claro que las ocho opciones de financiamiento alternativo están respaldadas por varias declaraciones de políticas individuales y documentos de investigación de instituciones financieras internacionales, al mismo tiempo subrayó las continuas disparidades entre las políticas básicas del FMI y el Banco Mundial y las de muchos otros organismos de las Naciones Unidas. Tal como señaló el manual, es simplemente la última iteración de una larga línea de investigaciones de las Naciones Unidas y de la sociedad civil que apoya las políticas macroeconómicas expansivas y argumenta “contra el asesoramiento generalizado de política macroeconómica, tal como el que realiza el FMI [y otros]”.
Esto incluye el Informe sobre Comercio y Desarrollo de 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que sostuvo que, en un esfuerzo por establecer un Nuevo Acuerdo Verde Global, primero se necesita un debate serio sobre las opciones de financiamiento público para que los gobiernos recuperen el espacio político y actúen colectivamente para impulsar la demanda, con el fin de posibilitar la nueva ola masiva de inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático. De forma conmovedora, el informe enmarca esto como un esfuerzo alineado con el espíritu original de la conferencia de Bretton Woods de 1944, para restaurar la fe en el multilateralismo perdida por las cicatrices de la austeridad, el estancamiento de los salarios reales, el lento crecimiento de la productividad, el aumento de los niveles de deuda y los niveles sin precedentes de desigualdad (véase el Informe Bretton Woods at 75: A series of critical essays).
