En octubre el FMI publicó su primer documento de trabajo de cuidados no remunerado y trabajo doméstico (UCDW, por su sigla en inglés). A nivel mundial, las mujeres realizan el 76,2% del total de horas de trabajo de cuidados no remunerado. Si bien el reconocimiento del UCDW por parte del FMI es bienvenido y puede ser visto como una respuesta a décadas de amplia promoción por parte de activistas feministas, el documento de trabajo está dirigido simplemente a provocar debate y no constituye ni informa oficialmente a la política del FMI.

Es decepcionante que los autores hayan optado por no adoptar el texto internacionalmente acordado de las Naciones Unidas sobre trabajo de cuidados no remunerado y trabajo doméstico”, al referirse más ampliamente al “trabajo no remunerado”. Sin embargo, la definición de trabajo no remunerado que el FMI da en el documento se corresponde en gran medida con lo que comúnmente se entiende como UCDW.

El documento afirma claramente que “reducir y redistribuir el trabajo no remunerado es una cuestión macrocrítica”, lo que significa, en la terminología del FMI, que los cuidados no remunerados son esenciales para la estabilidad económica y el crecimiento. Por implicación, dado que el documento se enmarca en las “políticas más fuertes para apoyar la igualdad de género”, podría entenderse como argumento de que la desigualdad de género también es una cuestión macrocrítica, dado que un impedimento general para lograrlo es la parte injusta de UCDW que recae sobre las mujeres. Esto es posiblemente un ligero avance del documento del Fondo de 2018 sobre Cómo operacionalizar las cuestiones de género en el Trabajo del Programa de País, que señaló “la macrocrítica de las cuestiones de género en un amplio conjunto de circunstancias”, pero se detuvo en afirmar que este es siempre el caso, en todos los países. En su lugar, recomendó que “el personal apuntara a la importancia macroeconómica donde existe”. ActionAid y otras organizaciones de justicia social han estado pidiendo que el FMI adopte un enfoque sistemático en su forma de considerar y abordar el género en su trabajo, sobre todo reconociendo y abordando los impactos de sus políticas en los derechos de las mujeres y las niñas en el Sur Global, independientemente de si el género es considerado macrocrítico o no por cada gobierno en particular.

Como cabría esperar del FMI, el argumento para abordar la desigual participación en el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres se hace desde una perspectiva totalmente instrumental, lo que significa que está justificado para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y contribuir así al crecimiento económico, en lugar de como un imperativo intrínseco de los derechos humanos. Sorprendentemente, el documento también parece instrumentalizar el hecho de tener hijos, afirmando que “nadie puede cuestionar la importancia de educar y criar a un niño para el crecimiento económico futuro”. En cuanto a los servicios públicos, los autores reconocen que los servicios públicos y la infraestructura adecuados desempeñan un papel importante en la reparación del UCDW de las mujeres, recomendando que los gobiernos inviertan en estas áreas.

Sin embargo, la salud y la educación sólo se consideran importantes en relación con la construcción del “capital humano” de las mujeres (véase el Observador de Otoño de 2018), en lugar de reconocer la acción de las mujeres en el cuidado de los enfermos y de los niños que no están en la escuela. También se recomienda cuidar a los niños y los ancianos, aunque no está claro si el documento pide que el Estado proporcione el cuidado de los niños de manera universal, lo que permitiría a las innumerables mujeres y hombres que trabajan en el sector informal acceder a esos servicios.

De lejos, el mayor problema del documento es que no reconoce cómo las recomendaciones de política y las condicionalidades de los préstamos del FMI obligan a los países a aplicar medidas de austeridad y a reducir y privatizar los mismos servicios públicos, desplazando así la carga de los cuidados nuevamente a las mujeres (véase el Informe de BWP The IMF, Gender Equality and Expenditure Policy). Por ejemplo, en Ghana, tras un acuerdo de préstamo con el FMI que requería reducciones drásticas en el gasto salarial del sector público, el número de médicos se redujo a la mitad y el número de enfermeras y matronas disminuyó en un 26% entre 2004 y 2007. El análisis de ActionAid concluyó que, en el marco del programa de préstamos más reciente de Ghana en el FMI, se esperaba que los niveles de inversión pública se redujeran de nuevo, del 5,4% del PIB en 2014 a alrededor del 2,8% del PIB para 2018. Tampoco se reconoce la posible necesidad de que se consideren mezclas de políticas alternativas para evitar los impactos nocivos de género, de conformidad con las orientaciones sobre la operacionalización del género en el trabajo a nivel de país del FMI (véase el Informe de BWP The IMF and Gender Equality: Operationalising Change).

En cuanto a las políticas del mercado de trabajo, si bien hay un guiño implícito a aspectos del programa de trabajo digno de la OIT, como su pilar de protección social, nuevamente, no está claro si el FMI está abogando por que el Estado proporcione universalmente esa protección social, tal como propugnan muchos grupos de derechos de la mujer y organizaciones de la sociedad civil en general, incluida ActionAid. Tampoco se menciona la importancia de que los salarios dignos o los derechos de negociación colectiva sean fundamentales para garantizar salarios y condiciones adecuadas. No se menciona el sector informal ni las medidas particulares que necesitan las mujeres para equilibrar su trabajo de cuidados no remunerado y un trabajo remunerado que sea digno (véase el Informe de BWP The IMF, Gender Equality and Labour).

Si bien el documento reconoce que las políticas tributarias pueden tener repercusiones de género en relación con los sistemas de presentación de impuestos, no menciona la financiación de los servicios públicos y la infraestructura a través de una tributación progresiva. También descuida la represión de la evasión fiscal de las empresas y los flujos financieros ilícitos, como formas de financiar medidas de igualdad de género, tal como ha argumentado recientemente ActionAid, junto con muchos otros activistas feministas.

El trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo doméstico son vitales para la reproducción social de la raza humana. Que el FMI haya elaborado un documento al respecto es un paso notable para avanzar en la lucha feminista para que el UCDW sea reconocido y valorado por los encargados de formular políticas y la sociedad en general. Sin embargo, cualquier impacto positivo que pueda esperar tener se verá gravemente comprometido mientras no reconozca y aborde cómo la mayoría de sus prescripciones políticas a menudo socavan directamente los derechos de las mujeres, incluso exacerbando su carga de UCDW.