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Comentario

El Banco Mundial debe apoyar un seguimiento riguroso e independiente sobre la discriminación contra las niñas en Tanzania

28 April 2020 | Comentario externo | Traducción:Gustavo Alzugaray

Msaranga Secondary School, Moshi, Kilimanjaro Tanzania classroom.

Msaranga Secondary School, Moshi, Kilimanjaro Tanzania classroom. Photo: Ron Rieckenberg

El 31 de marzo, la junta directiva del Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 500 millones de dólares para el Programa de Mejora de la Calidad de la Educación Secundaria (SEQUIP, por su sigla en inglés) de Tanzania, después de un año y medio de controversia sobre los temores de que el préstamo consolide e institucionalice un sistema educativo que viola activamente los derechos humanos de las colegialas. Si bien el Banco alegó compromisos importantes para garantizar que su financiamiento no apoye activamente la discriminación, se requerirá un monitoreo riguroso para asegurar que se cumpla el derecho fundamental de las escolares embarazadas a la igualdad de acceso a una educación de calidad.

En 2017, el presidente de Tanzania, John Magufuli, declaró que las colegialas embarazadas deberían ser expulsadas de forma permanente de la escuela. Esta orden se produjo tras un patrón bien documentado de abusos contra los derechos humanos que ha amenazado a las voces independientes de la sociedad civil y a muchos de los grupos más vulnerables del país. En respuesta, el Banco suspendió todos los préstamos a Tanzania en noviembre de 2018, incluido el proyecto SEQUIP de USD 300 millones centrado en la educación secundaria y acordó liberarlo sólo una vez que el gobierno permitiera el regreso de las colegialas embarazadas a la escuela después de haber dado a luz. En lugar de abordar la expulsión de las colegialas directamente, el Banco propuso ampliar los centros de educación para adultos existentes, renombrados “Caminos de Educación Alternativa”, e inflar el monto del préstamo a USD 500 millones.

El renovado proyecto SEQUIP no reflejaba las opiniones de los tanzanos sobre el embarazo y la escuela. La principal queja fue que los “Caminos de Educación Alternativa” propuestos por el Banco creaban y legitimaban un sistema educativo de segunda clase, separado y desigual. Si bien el Banco afirmó que las niñas podían volver a ingresar a la escuela regular en el Formulario 4 o 6, menos del 10% de estas estudiantes logran completar estos niveles más altos de escuela, lo que hace que el camino para reingresar sea muy limitado.

Si el financiamiento del Banco se utiliza para apoyar a las instituciones que discriminan a las colegialas embarazadas, no sólo estará violando su propio MAS ... sino que también será cómplice de graves abusos contra los derechos humanos.

Más de 10.000 ciudadanos, en su mayoría de Tanzania y otros países del África Subsahariana, firmaron una petición exigiendo que la junta directiva del Banco Mundial retenga su apoyo hasta que se levante la prohibición para las colegialas embarazadas. Además, un grupo de miembros de la sociedad civil, que optaron por permanecer en el anonimato por temor a represalias, escribió varias cartas a la junta del Banco pidiendo más aplazamiento para reflexionar sobre las preocupaciones.

Mientras tanto, continúan surgiendo informes sobre pruebas de embarazo forzadas de las colegialas. Las pruebas forzadas, demasiado comunes en Tanzania, son la consecuencia inevitable de una política gubernamental de expulsión. Incluso mientras la junta del Banco sopesaba la aprobación del proyecto a principios de este año, se instruyó a los directores y funcionarios de educación del distrito de Dodoma a realizar regularmente pruebas de embarazo a niñas en todas las escuelas primarias y secundarias. En la mayoría de los casos, estas son pruebas físicamente intrusivas que efectivamente equivalen a agresión sexual.

Después de ser retrasado dos veces, la junta finalmente aprobó el nuevo proyecto, a pesar de que Estados Unidos expresara su preocupación y votara en contra.

La buena noticia

Lo más sorprendente es que, en su comunicado de prensa sobre el préstamo aprobado, el Banco afirma que “no existe una política gubernamental que indique que las estudiantes que quedan embarazadas deben ser expulsadas de las escuelas públicas”. Hasta ahora, las niñas han sido expulsadas bajo el reglamento de educación nro. 295 del gobierno, de 2002, llamado “Expulsión y exclusión de los alumnos de las escuelas”, utilizando la Regla 4(b) y 4(c), que permite la expulsión por “un delito contra la moralidad”. El nuevo acuerdo con el Banco parece indicar un acuerdo con el gobierno de que ya no expulsará a las niñas embarazadas sobre la base de este reglamento. La sociedad civil puede utilizar esto en su beneficio mediante el seguimiento activo de las expulsiones y la notificación al Banco. Otra victoria importante ha sido una garantía del gobierno al Banco de que la práctica de las pruebas de embarazo obligatorias e involuntarias no forma parte de ninguna política oficial y el compromiso de detenerlas.

La mala noticia

Los documentos del Banco se refieren al programa como un método para enfrentar las llamadas deserciones escolares, no las niñas expulsadas. Por lo tanto, mantenemos la cautela sobre si el gobierno trabajará activamente para poner fin a las expulsiones y si el Banco Mundial actuará realmente al recibir informes de que se les sigue negando la escolarización a las niñas. Además, lo que parece estar claramente ausente en el acuerdo es una garantía sobre los mecanismos de monitoreo independientes, protegidos por el Banco, que aseguren que las actividades del SEQUIP se impartan sin discriminación. Sin estos mecanismos, no habría manera de que el Banco obtenga información fiable sobre el desempeño del préstamo en el espacio cívico severamente restringido de Tanzania.

Por último, el Banco tiene el deber, dentro de su Marco Ambiental y Social (MAS), de velar porque todos sus proyectos promuevan la igualdad y la no discriminación, mejorando el acceso a los servicios para todos los grupos tradicionalmente marginados y desfavorecidos.

Si el financiamiento del Banco se utiliza para apoyar a las instituciones que discriminan a las colegialas embarazadas, no sólo estará violando su propio MAS, haciendo inevitable la intervención del Panel de Inspección, sino que también será cómplice de graves abusos contra los derechos humanos. Es necesario hacer más para asegurar que las colegialas embarazadas no se vean obligadas a transitar los “separados y desiguales” “Caminos de Educación Alternativa”.