El actual brote de coronavirus (COVID-19) pone nuevamente a prueba la efectividad del Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia (MFEP) del Banco Mundial.

El MFEP, lanzado en 2017 después del brote de ébola de 2014 en África Occidental, fue lanzado como un mecanismo innovador para potencialmente “salvar millones de vidas y economías enteras”, movilizando rápidamente la financiación a los países de bajos ingresos que enfrentan pandemias y trasladando cierto riesgo a los mercados financieros, en lugar de a los presupuestos de los Estados.

Sin embargo, los criterios del MFEP han sido criticados durante mucho tiempo por ralentizar y complicar el mecanismo. La implementación, basada en una serie de ‘activadores’ de desembolso, sólo libera fondos una vez que ya ha habido una cierta cantidad de casos, muertes y países afectados por un brote.

En un artículo del periódico británico The Guardian, Bodo Ellmers, de la organización de la sociedad civil (OCS) Global Policy Forum, afirmó: “El ‘defecto fundamental’ del plan es que tenía como objetivo prevenir una pandemia, pero sólo se pagaría cuando una pandemia ya estuviera en marcha”. Un claro ejemplo es la República Democrática del Congo, donde, un año después del segundo brote de ébola en 2018, los fondos aún no se habían liberado, ya que la enfermedad no se había extendido a través de las fronteras internacionales, uno de los requisitos para que se activen los recursos del MFEP.

Un artículo de 2017 de Clare Wenham, de la London School of Economics, destacó que, de los 60 casos de pandemia estudiados, el MFEP sólo se habría activado en dos ocasiones. Mientras tanto, a mediados de 2019, había pagado USD 114,5 millones a inversores privados en la modalidad de cupones, lo que sugiere que “está sirviendo a los intereses de los inversores privados más que contribuyendo a la seguridad sanitaria global”. Al momento de la redacción de este artículo, ningún país había recibido fondos del MFEP para prepararse para el brote de COVID-19. Si bien es probable que los fondos se activen pronto, con la crisis COVID-19 evolucionando muy rápidamente, la respuesta tardía ha impedido que el MFEP mejore la capacidad de los países en desarrollo para responder a la crisis.

Esto se produce en el contexto de la consolidación fiscal impuesta por el FMI y el uso por parte del Banco de asociaciones público-privadas como una de las principales políticas para ampliar la privatización de la atención sanitaria, vinculada a recortes en el gasto social y la participación del sector privado, debilitando los sistemas de salud de los países. Estas medidas han erosionado la capacidad de los Estados para reaccionar ante crisis de salud como COVID-19, tal como se argumenta en un informe elaborado por el proyecto Ciudadanos por la Justicia Financiera en 2019 (véase el Observador de Otoño de 2018, Primavera de 2017 e Invierno de 2015).

El 3 de marzo, el Banco Mundial anunció un paquete de hasta USD 14.000 millones para ayudar a los países a responder inmediatamente a la crisis del COVID-19. El FMI también publicó una declaración el 4 de marzo, anunciando que “está poniendo a disposición unos USD 50.000 millones a través de sus mecanismos de financiación de emergencia de desembolso rápido para los países de bajos ingresos y mercados emergentes que potencialmente podrían buscar apoyo [para hacer frente al brote COVID-19]”, haciendo hincapié en que el “gasto sanitario debe producirse independientemente de cuánto espacio en el presupuesto pueda tener un país”.