En febrero, la junta ejecutiva del Banco Mundial se reunió para revisar la investigación del Defensor del Pueblo (CAO) – el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco – sobre el papel de la CFI en el controvertido proyecto de la represa hidroeléctrica Santa Cruz Barillas en Guatemala (véase el Observador de Primavera de 2014).

Es la primera vez que la junta ha pedido que se examine el resultado de un caso del CAO antes de su publicación, ya que normalmente las investigaciones sólo son revisadas por la dirección del Grupo Banco Mundial antes de hacerse públicas. En el momento de la publicación de este artículo, ni la investigación del CAO, finalizada en 2018, ni el plan de acción de la administración de la CFI en respuesta a la investigación, se han hecho públicos.

La reunión de la Junta de febrero tuvo lugar en medio del examen externo del CAO (véase el Observador de Invierno de 2019), después de la sentencia de 2019 de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra el reclamo de inmunidad absoluta de la CFI (véase el Observador de Primavera de 2019). Si bien algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC) esperan que esto pueda sentar un precedente para una mayor rendición de cuentas de la CFI, el silencio de la junta después de la reunión es motivo de preocupación de que el papel que ha tenido la CFI en los daños causados no se tome en serio.

Esto le da a la junta la oportunidad de hacer lo correcto ... para remediar los daños que las comunidades siguen sufriendo hasta el día de hoyKate Geary, Recourse

Kate Geary de la CSO holandesa Recourse declaró: “Esto le da a la junta la oportunidad de hacer lo correcto: asegurar que cualquier violación de las normas de la CFI encontrada por el CAO sea abordada eficazmente por la CFI para remediar los daños que las comunidades siguen sufriendo hasta el día de hoy”.

En 2008 la CFI otorgó USD 20 millones y una inversión de capital de USD 9,9 millones al intermediario financiero latinoamericano, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), que financió Hidro Santa Cruz para la construcción de la represa hidroeléctrica.

Mientras se construía la represa, Hidro Santa Cruz estuvo vinculada a presuntas violaciones de derechos humanos de los residentes locales de Santa Cruz. Muchos en la comunidad local q’anjob’al consideraban que una cascada impactada por el proyecto era sagrada y afirmaron que la compañía había violado su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

En 2014 la OSC guatemalteca, Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), denunció públicamente a la empresa, afirmando que sus acciones habían “derivado en la persecución, intimidación y cooptación de líderes comunitarios” y acusando al Banco de ser cómplice de violaciones de derechos humanos. En 2015, la OSC Oxfam apoyó a las comunidades locales de Guatemala para presentar un caso al CAO, tras la inclusión del caso en su publicación The Suffering of Others, del mismo año.

La denuncia ante el CAO alegó que la oposición al proyecto fue recibida con violencia y represión por parte de la empresa y el gobierno. Durante el estado de emergencia declarado por el gobierno en respuesta a la resistencia, decenas de organizadores y líderes comunitarios fueron arrestados. El proyecto se detuvo en 2016, un año después de que se presentara la queja.