La economía mundial está al borde de un evento similar o mayor a la crisis financiera de 2008, tal como señaló Eric Toussaint, del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por la sigla de su nombre anterior [Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo]), en un artículo de marzo en el sitio web de la CADTM. Sin embargo, subrayó que, si bien fue provocada por la pandemia del COVID-19, los orígenes de la crisis actual están en el aumento de la desigualdad, el creciente poder de las finanzas y otras distorsiones peligrosas conexas. El enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD) del Banco Mundial (véase el Observador de Verano de 2017), basado en la privatización y la financiarización, es tanto un reflejo como un contribuyente a la dinámica subyacente de la actual inestabilidad. Apoyando el argumento de Toussaint, el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2019 de la ONU señalaba que el crecimiento económico mundial estaba en “la tasa más baja desde la crisis financiera mundial de 2008-2009”, y agregaba: “La economía mundial está plagada de riesgos que amenazan la estabilidad financiera”. Tal como señaló la llamada de marzo de la organización de la sociedad civil (OSC) británica Jubilee Debt Campaign para una moratoria de pagos de la deuda para los países pobres más afectados por el COVID-19 y la cancelación de su deuda con el FMI, estos serán los más afectados por la crisis. El vínculo entre los impactos desiguales de la crisis COVID-19 y las tendencias anteriores se puede ver en un artículo de la revista Development and Change de marzo de 2018, de Pablo G. Bortz y Annina Kaltenbrunner. En él se subraya que la financiarización, que sustenta el MFD, ha exacerbado “la posición subordinada de las economías en desarrollo y emergentes en el sistema económico y financiero internacional y… contribuido al desarrollo internacional desigual”. A la luz de estas preocupaciones y de la investigación del FMI de enero que demuestra que, después de cierto punto, el tamaño del sector financiero contribuye a la desigualdad y, por lo tanto, a la inestabilidad financiera, son primordiales las preguntas sobre las consecuencias de la propuesta de depender del apalancamiento del financiamiento privado para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ampliación de la implementación de la MFD
La agenda MFD se basa en atraer billones de dólares del sector privado “inactivos” para invertir en, y beneficiarse de, actividades con resultados positivos en el desarrollo. Esto se debe hacer a través de una serie de actividades e instrumentos de minimización del riesgo, incluyendo la privatización, la creación de nuevas clases de activos a través de asociaciones público-privadas (véase Observador de Verano de 2018), las garantías y la creación de entornos favorables para las empresas, de acuerdo con el muy criticado informe Doing Business del Banco (véase el Observador de Invierno de 2018). Según Daniela Gabor, de la University of the West of England Bristol, la MFD representa un esfuerzo para implementar el ‘Consenso de Wall Street’, “reorientando los sistemas financieros hacia el financiamiento basada en el mercado y forjando el estado de minimización del riesgo”, donde el estado y el público asumen los riesgos de las inversiones del sector privado a través de garantías y otras subvenciones.
Si bien la MFD está siendo oficialmente ‘pilotada’ en nueve países, su aplicación es difusa dentro del Banco Mundial y ha sido ampliamente adoptada por la comunidad internacional de manera más amplia a través de la Agenda 2030. Jomo Kwame Sundaram y Anis Chowdhury, por ejemplo, señalaron, en un artículo de Inter Press Service de marzo de 2019, que el Banco Mundial “ha legitimado con éxito la idea de que el financiamiento privado es la solución a las apremiantes preocupaciones de desarrollo y bienestar”. Dada la vieja confianza del Banco en la superioridad de las soluciones del mercado, el énfasis de la MFD en la creación de mercados se entiende mejor como una encapsulación más programática y la evolución de un modelo existente (véase el Obervador de Invierno de 2018 y el Update 81). Este enfoque se está integrando cada vez más en la planificación a nivel de país, con el Banco Mundial señalando que, “tiene herramientas de diagnóstico para apoyar la MFD… [incluyendo] el diagnóstico del sector privado del país (CPSD, por su sigla en inglés), que toma una perspectiva de inversor en la revisión de todos los sectores económicos para identificar oportunidades de acción para estimular el crecimiento impulsado por el sector privado”.
El enfoque de MFD del Banco Mundial, basado en la privatización y la financiarización, es tanto un reflejo como un contribuyente a la dinámica subyacente de la actual inestabilidad.
Ignorar los riesgos
El impacto negativo de los elementos clave de la MFD está bien documentado (véase el Observador de Invierno de 2019, Otoño de 2019 y Primavera de 2017). Un informe de la sociedad civil de 2018 demostró que, en el caso de las APP, otro elemento clave de la MFD, es invariablemente el Estado, en lugar de los inversores privados, el cual normalmente sustenta el riesgo en virtud de los acuerdos de APP (véase el Observador de Verano de 2018). Los impactos negativos y de género de los préstamos de política de desarrollo del Banco Mundial también se han detallado ampliamente (véase el Informe, The World Bank and gender equality Development Policy Financing). Una carta abierta de 2018 firmada por más de 110 académicos detalló los muchos defectos estructurales de MFD, destacando que su promoción de la banca en la sombra para crear oportunidades de inversión en servicios esenciales como el agua, la salud y la infraestructura puede tener consecuencias negativas a largo plazo para la equidad en la prestación de servicios.
Aunque no se clasifica formalmente como un proyecto de MFD, los peligros de la dependencia de la MFD para atraer inversión privada, en particular inversión extranjera directa a cualquier costo, se ponen en evidencia en un informe de febrero de la OSC holandesa, SOMO, sobre la mina de cobre Oyu Tolgoi de Mongolia. El informe señaló que con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, en 2009, “Mongolia firmó un Acuerdo de Inversión para el Proyecto Oyu Tolgoi que privilegia los intereses empresariales ‘occidentales’ al ofrecer generosos incentivos empresariales orientados que no llenan las arcas públicas”.
Exagerar los beneficios, pasar por alto las alternativas
A pesar de las afirmaciones de la MFD de utilizar eficazmente los fondos públicos para apalancar la inversión del sector privado para lograr los resultados de desarrollo, investigaciones recientes han demostrado que sus promesas son exageradas. Un informe de abril de 2019 del grupo de expertos británico, Overseas Development Institute, señaló que es poco probable que el financiamiento combinado cierre las brechas de financiamiento de los ODS y los “riesgos de socavar la agenda de erradicación de la pobreza en los países más pobres”. El informe de la OSC británica Stamp Out Poverty, de abril de 2019, cuestionó también las grandes proyecciones sobre la capacidad del dinero público para apalancar el financiamiento del sector privado para el desarrollo y señaló que: “La falsa promesa puede desvirtuar… otras medidas políticas útiles, como centrar más esfuerzos en la movilización de los ingresos fiscales internos o luchar contra la evasión fiscal.
En ese contexto, muchos han argumentado que existen alternativas de financiamiento más igualitarias y menos arriesgadas. El informe de 2017 de OIT, UN Women y UNICEF sobre espacio fiscal para la protección social, por ejemplo, ofrece ocho opciones para ampliar el espacio fiscal para financiar los ODS. El informe de 2019 de la OSC británica Christian Aid, Trapped in Illicit Finance, señalaba que, “Los gobiernos están limitados en sus recursos porque toleran la elusión y la evasión fiscal generalizada… Este informe estima que las pérdidas de ingresos públicos debido a los flujos financieros ilícitos ascienden a alrededor de USD 416.000 millones”.
Por lo tanto, las preocupaciones sobre la MFD van más allá de sus exageradas afirmaciones sobre la contribución a los resultados en el desarrollo y se centran en el hecho de que se trata de una encarnación nueva y posiblemente más peligrosa de políticas preexistentes y ampliamente criticadas. Patrick Bond de la University of the Western Cape, traza los enfoques actuales del Banco y el Fondo para promover las políticas del Consenso de Washington después de la crisis de la deuda de la década de 1980 (véase Informe, Bretton Woods at 75, Una serie de ensayos críticos). Como se señaló anteriormente y se esbozó en el Informe sobre el Comercio Mundial de la UNCTAD de 2017, la financiarización inherente a la MFD ya ha tenido consecuencias significativas y a largo plazo, ha contribuido a la desigualdad, la inestabilidad financiera y la perpetuación de la posición subordinada del Sur Global en la economía mundial. Estas son precisamente las condiciones subyacentes que hacen que la crisis económica mundial actual provocada por el COVID-19 sea significativamente peor. A la luz de los considerables riesgos, es imperativo que el Banco cese su esfuerzo por impulsar la MFD y, en su lugar, se centre en fortalecer la capacidad del Estado para cumplir los objetivos de desarrollo equitativo y ecológicamente sostenible a través de alternativas políticas bien documentadas.
