Una nueva crisis de deuda se está desarrollando, una vez más, en el Sur Global, ahora acelerada por la perspectiva de una crisis económica mundial en medio del brote de COVID-19. Ante el aumento del número de países con alto riesgo de o en dificultades de deuda, el Banco Mundial y el FMI siguen recurriendo a las mismas medidas neoliberales de austeridad de décadas atrás centradas en el pago de la deuda. Al hacerlo, no sólo están poniendo en riesgo el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino que también están aumentando las posibilidades de recesión económica y disminuyendo las perspectivas de recuperación económica, al reducir aún más la capacidad de los países para soportar las cargas de la deuda. La receta de la austeridad significa recortes en los presupuestos de servicios públicos y en los salarios de los trabajadores públicos, que tienen impactos específicos en la desigualdad de género, tal como han demostrado muchos grupos de derechos de las mujeres. Si bien se reduce el gasto público no relacionado con la deuda, aumenta el porcentaje de ingresos públicos que se destina a los pagos por servicio de la deuda. Tal y como muestra el último informe de Eurodad, Fuera de servicio, los pagos de la deuda externa como porcentaje de los ingresos públicos crecieron en los países de ingresos bajos y medianos, de una media del 6,71% en 2010, a un promedio del 12,56% en 2018.
El impulso hacia la gestión privada de los servicios públicos, mediante la externalización o la promoción de asociaciones público-privadas (APP) por parte del Banco Mundial, también es una consecuencia de las limitaciones fiscales impuestas a raíz del aumento de la deuda en las finanzas públicas (véase el Observador de Primavera de 2019). Las APP confían en las corrientes de beneficios para garantizar los rendimientos de los inversores, priorizando a menudo el beneficio sobre las personas y socavando la calidad y el acceso universal a los servicios. En resumen, las APP, promovidas continuamente por el Banco Mundial, no son más eficientes en la prestación de servicios públicos accesibles y de calidad, y pueden generar deudas que, tarde o temprano, y con poca transparencia, se incorporan a los balances públicos.
También hay pruebas de que la privatización, las APP y la subcontratación han tenido repercusiones particularmente negativas para las mujeres. Estas medidas a menudo vienen con tarifas de usuario nuevas o infladas, lo que aumenta la desigualdad al restringir el acceso a los servicios para las mujeres, que tienden a tener ingresos más bajos. La búsqueda de beneficios también conduce en muchos casos a condiciones de trabajo precarias para las mujeres en servicios subcontratados u operados por APP. Por último, contrariamente a lo que sostienen sus promotores, las pruebas demuestran que los proyectos financiados con fondos privados tienden a ser menos rentables que los financiados mediante préstamos directos del Estado y las APP cuestan al contribuyente hasta seis veces más. Por lo tanto, al fin de cuentas, estos marcos socavan la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos sobre la prestación servicios públicos de calidad.
Los mecanismos existentes para hacer frente a las crisis de deuda a menudo ofrecen una reestructuración y un alivio de la deuda “muy poco, muy tarde”, lo que perjudica los derechos de las personas, especialmente los derechos de las mujeres.
Banco Mundial y FMI deberían reconsiderar la receta 25 años después de Beijing
Veinticinco años después de que los gobiernos se comprometieran a revisar las políticas macroeconómicas desde una perspectiva de género en el marco de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), el informe de revisión y evaluación de las Naciones Unidas, publicado en diciembre de 2019, sobre la aplicación de la PAB, expresa la necesidad de evaluar cuidadosamente el impacto de la privatización y las APP en las mujeres y las niñas, en particular las de grupos pobres y marginados, y establecer mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la calidad, accesibilidad y asequibilidad para todos sin discriminación.
Los mecanismos existentes para hacer frente a las crisis de deuda a menudo ofrecen una reestructuración y un alivio de la deuda “muy poco, muy tarde”, que no sólo son ineficientes para prevenir los impactos sociales nocivos, sino que también perjudican los derechos de las personas, especialmente los derechos de las mujeres. A raíz de una nueva crisis de la deuda, intensificada por el brote de COVID-19, debemos redoblar nuestros esfuerzos para exigir un cambio en el enfoque de la resolución de la deuda, hacia reestructuraciones oportunas y adecuadas, que pongan primero a las personas y al desarrollo equitativo, y que cumplan con la Agenda 2030 sobre los ODS y con los compromisos internacionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género. El enfoque debería se sistematizado luego mediante el establecimiento de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda soberana, a fin de proporcionar un enfoque basado en normas para la resolución ordenada, justa, transparente y sostenible de crisis de deuda.
Esto debe implicar una nueva comprensión de la sostenibilidad de la deuda que tenga en cuenta los derechos humanos, las vulnerabilidades climáticas y la igualdad de género. Debe tener en cuenta la promoción de servicios públicos sensibles al género que proporcionen acceso y cobertura universales que sean financiados, entregados y gestionados públicamente de manera transparente, participativa y responsable y proporcionados por trabajadores del sector público con un trabajo digno. En este sentido, debería cesar la promoción ideológicamente impulsada de las APP, especialmente por parte del Banco Mundial, para financiar y prestar servicios públicos y el FMI debería poner fin a la promoción de la austeridad mediante la condicionalidad directa o la vigilancia, de modo que desplace la carga del ajuste que soportan los más vulnerables de la sociedad, en particular las mujeres.
