El Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) lanzó un nuevo informe en diciembre de 2019 en el que se establece un marco preliminar para evaluar el impacto en los derechos humanos en cuanto a las consecuencias de la actividad del sector privado en el derecho a la salud.

Como reiteró el informe, durante mucho tiempo se ha criticado al Banco Mundial por su impulso hacia la privatización de los servicios de salud, incluso mediante asociaciones público-privadas que, tal como se ha constatado, “debilitan los presupuestos de los servicios de salud pública” (véase el Observador de Primavera de 2020 y Primavera de 2017). Además, la condicionalidad del FMI asociada a los programas de préstamos también ha afectado negativamente a los más vulnerables y socavado los derechos humanos, mediante las medidas de austeridad impuestas y la priorización del pago de la deuda (véase el Observador de Otoño de 2018 e Invierno de 2015).

En 2018 el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos condenó la privatización generalizada de los servicios públicos por “eliminar sistemáticamente las protecciones de los derechos humanos y marginar aún más a quienes viven en la pobreza” (véase el Observador de Invierno de 2018).

El informe del CESCR va más allá de la crítica generalizada (véase el Observador de Primavera de 2017). Establece además un marco de derechos humanos para evaluar el daño que causan los proyectos del sector privado y las obligaciones de los Estados de prevenir esos daños en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos.