Myanmar, recientemente muy presente en las noticias debido a las denuncias de la ONU sobre abusos de los derechos humanos contra su población minoritaria rohingya y la reanudación del conflicto en la región de Rhakine, estuvo entre los 20 mejores desempeños de acuerdo al Doing Business Report (DBR) 2020 del Banco Mundial (véase el Observador de Invierno de 2018; Al Interior de las instituciones, El Informe Haciendo Negocios del Banco Mundial), pasando del puesto 171 al 165 de los 190 países analizados.

La falta de análisis contextual y de conflictos del DBR no sólo es preocupante en el caso de Myanmar. Parece estar en desacuerdo con la nueva Estrategia sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia del Banco, lo cual es particularmente preocupante dado el creciente énfasis del Banco Mundial en los Estados frágiles (véase el Observador de Otoño de 2019).

Como se subraya en un artículo de prensa de febrero de 2019 de Jason Miklian “la apertura económica de Myanmar ha exacerbado las tensiones étnicas”, de las que “se han beneficiado principalmente las élites locales existentes, ya que la mayoría de las nuevas inversiones requieren socios locales con roles de alto nivel en el nexo político-militar de Myanmar”. Esto debe verse a la luz del presunto papel de los militares en los abusos masivos contra los derechos humanos, incluido el desplazamiento de unos 800.000 rohingyas.

La apertura económica [en Myanmar] ha exacerbado las tensiones étnicas.Jason Miklian, Peace Research Institute Oslo

Según un artículo de octubre de 2019 del periódico en línea The Irrawady de Myanmar, “el gobierno de Myanmar se fijó el ambicioso objetivo de alcanzar el top 100 del índice para 2020”, destacando que “tiene como objetivo atraer más de USD 200.000 millones (305,7 billones de kyats) en inversiones en los próximos 20 años”.

Si bien algunas de las medidas aplaudidas en el DBR, como las mejoras en la infraestructura de agua y saneamiento pueden difícilmente ser criticadas, el enfoque en la atracción de inversión extranjera directa (IED), incluso a través de cambios en el proceso por el cual se arrienden las tierras estatales, es potencialmente problemático. Un informe de marzo de la organización de la sociedad civil holandesa Recourse sobre la falta de transparencia en la central eléctrica Myingyan, de Myanmar, tiene un tono cauteloso.

Los desafíos creados por el enfoque del país en la IED, incluyendo aquellos ligados a la iniciativa Belt and Road, que respalda principalmente China, son citados en un informe de febrero del United States Institute for Peace. El informe destaca que “es probable que se produzcan grandes proyectos de infraestructura en zonas de conflicto o adyacentes a ellas en Myanmar”, y añade que “la presencia de fuerzas armadas competidoras, la falta de infraestructura básica y conectividad con el resto del país, y grandes zonas no gobernadas…ofrece un terreno fértil para que los proyectos de desarrollo desencadenen disturbios y violencia”. Tal como argumenta Christopher Cramer en su libro Civil War is Not a Stupid Thing, de 2006, la economía política de los conflictos es compleja e influenciada por numerosas variables, incluidas las relaciones socioeconómicas, todas ellas afectadas por transformaciones económicas inherentes a las políticas defendidas por el DBR del Banco.