En febrero, un miembro del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por si sigla en inglés), el órgano independiente de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de la Convención de la CEDAW, cuestionó al gobierno de Pakistán sobre las repercusiones en los derechos de las mujeres del préstamo del FMI de USD 6.000 millones, acordado en julio de 2019 (véase el Observador de Primavera de 2019). El miembro del Comité sostuvo que las medidas fiscales regresivas y los crecientes costos de los servicios resultantes de las metas de consolidación fiscal impuestas por el FMI “han tenido efectos devastadores en los costos de los hogares y han empujado a muchas mujeres de nuevo al trabajo informal y la pobreza”. Se preguntó al gobierno si los impactos del programa se habían evaluado desde una perspectiva de género y si se habían adoptado medidas para reducir los efectos nocivos en los derechos de las mujeres, aparte de la focalización adicional de los programas de protección social existentes (véase el Observador de Primavera de 2018). En respuesta, Bilquis Tahira de la organización de la sociedad civil (OSC) paquistaní Shirakat – Partnership for Development, señaló: “Ya es hora de que se escuche a las voces de la sociedad civil sobre los derechos económicos de las mujeres, que las OSC se incluyan en las negociaciones y los exámenes de los programas del FMI y que se sustituya el marco macroeconómico actual que sustenta los préstamos del FMI por uno que cuente con el aporte de las feministas”.

En un informe alternativo presentado al Comité, Shirakat y los socios de la sociedad civil informaron que el último programa del FMI dependía una vez más de medidas de consolidación fiscal. Se señalaba además que, en su Marco de Alianza con el País para Pakistán, el Grupo Banco Mundial estipulaba que los préstamos para política adicionales dependen de la finalización del programa del FMI (véase el Informe, The World Bank and Gender Equality: Development Policy Financing), agregando presión adicional para cumplir con las condiciones del programa.

Ya es hora de que se escuche a las voces de la sociedad civil sobre los derechos económicos de las mujeres, que las OSC se incluyan en las negociaciones y los exámenes de los programas del FMI y que se sustituya el marco macroeconómico actual que sustenta los préstamos del FMI por uno que cuente con el aporte de las feministas.Bilquis Tahira, Shirakat – Partnership for Development

La intervención se produjo en el reverso de una carta enviada a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en febrero en nombre de 67 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La carta se hace eco de la afirmación del Comité, argumentando que “las políticas que todavía se recomiendan comúnmente en los programas de vigilancia y préstamo del FMI… han exacerbado la feminización de la pobreza”. En la carta se pedía a Georgieva que institucionalizara el reciente reconocimiento del FMI de que su propio asesoramiento en materia de políticas puede exacerbar la desigualdad de género y priorizar la labor de evaluación del impacto de género, desigualdad y pobreza en relación con el asesoramiento básico en materia de política macroeconómica del FMI (véase el Informe, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change).