El FMI aprobó en junio un programa de préstamos de 18 meses y USD 5.000 millones con Ucrania. Frente a las agudas crisis económicas y de salud pública y a una guerra civil en curso, en el memorándum conexo, el gobierno se comprometió a levantar la moratoria de 19 años sobre la venta de tierras agrícolas de propiedad estatal, después de la presión sostenida de las instituciones financieras internacionales (véase el Observador de Invierno de 2019). Olena Borodina, de la Red de Desarrollo Rural de Ucrania, comentó que “los intereses agroindustriales y los oligarcas serán los principales beneficiarios de dicha reforma… [esto] sólo marginará aún más a los pequeños agricultores y amenaza con separarlos de su recurso más valioso”.
A pesar de la medida que provocó muchas grandes protestas en 2019, un proyecto de ley que levantaba la moratoria fue aprobado en una sesión parlamentaria de emergencia en marzo. Según un comunicado de prensa de mayo del grupo de expertos estadounidense Oakland Institute, esto coincidió con las órdenes sobre la obligatoriedad de permanecer en casa a raíz del Covid-19 en todo el país, “lo que sofocó muy efectivamente toda posible protesta o manifestación”.
El Banco Mundial incorporó otras medidas relativas a la venta de tierras agrícolas públicas como condiciones en un Préstamo para Políticas de Desarrollo a Ucrania de USD 350 millones, aprobado a finales de junio, que incluía una “acción previa” necesaria para “permitir la venta de tierras agrícolas y el uso de tierras como garantía”, junto con medidas destinadas a privatizar el sector del gas y promover la inversión en infraestructura privada en Ucrania.
Frederic Mousseau, del Oakland Institute, comentó: “Claramente, el objetivo es favorecer los intereses de los inversores privados y las agroindustrias occidentales… Es erróneo e inmoral que las instituciones financieras occidentales obliguen a un país en una situación económica terrible, en medio de una pandemia sin precedentes, a vender su tierra”.
