En Ecuador, el impacto del coronavirus es uno de los más devastadores del mundo, gravemente exacerbado por las políticas respaldadas por el FMI implementadas antes de la crisis. Sin embargo, incluso ahora, Ecuador está llevando a cabo reformas estructurales ordenadas por el FMI que desmantelan aún más su sistema de salud y reprimen el crecimiento económico, justo cuando es necesario aumentar la inversión pública y retrasar las medidas de austeridad fiscal para superar la crisis causada por la pandemia.

En junio, el Financial Times colocó a Ecuador en primer lugar en el ranking mundial de exceso de mortalidad y el registro civil documentó un exceso de 20.000 muertes durante la crisis del Covid-19. Si bien debe quedar claro que no todas estas muertes fueron causadas directamente por el virus, deben añadirse al exceso de víctimas de otras dolencias graves o crónicas que podrían haber sido tratadas y tal vez salvadas, si el sistema de salud no se hubiera derrumbado completamente.

La evidente debilidad del sistema de salud pública del país es el resultado de seis años de medidas de austeridad fiscal aprobadas por el FMI, incluida una caída del 64% en la inversión pública en el sector de la salud en los dos últimos años. Reflejando las implicaciones de estas políticas, apenas cinco días después del inicio de la cuarentena, la ministra de salud dimitió, explicando que no podía enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos y declaró que “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria de la autoridad competente para la gestión de emergencias”.

Solo en este marco puede entenderse la escena incongruente que está presenciando el país: mientras los médicos protestan en medio de la pandemia debido a la falta de financiamiento para suministros médicos, el gobierno ecuatoriano está pagando regularmente intereses a los acreedores privados y al FMI.

Si bien el FMI tuvo cuidado de no condicionar explícitamente su programa de préstamos de 2019 a recortes del gasto social, el programa se basó en la expectativa de que Ecuador transformaría su déficit por cuenta corriente del 0,7% del PIB en 2018 a un superávit del 0,4% en el proyecto de ley del sector público, incluso mediante el “fortalecimiento de los controles sobre los compromisos de gasto [en el sector de la salud]” y un “reajuste del proyecto de ley del sector público”. Previsiblemente, esto llevó a que fueran despedidos 3.680 trabajadores de salud pública en 2019, esto es, el 4,5% del empleo total en este Ministerio, antes de la peor crisis mundial de salud pública en décadas. Un nuevo análisis demostró que “todos los países de bajos ingresos que recibieron asesoramiento del FMI para recortar o congelar el empleo público en los últimos tres años ya habían sido identificados por la Organización Mundial de la Salud como una escasez crítica de trabajadores de la salud”.

Dicho esto, la falta de resiliencia está vinculada a un deterioro más amplio de la economía y es esencial hacer referencia a todo el paquete de reformas fiscales, laborales y financieras impuestas por el FMI. Con reducciones similares del gasto público en el sector de la seguridad social que se anunciaron el año pasado, una de las dificultades más significativas durante la crisis ha sido la incapacidad del Estado para proporcionar apoyo financiero al 60% de las familias ecuatorianas cuya subsistencia depende de la economía informal y los salarios diarios.

El estado de emergencia instituido el 16 de marzo se utilizó para aprobar aún más medidas de ajuste estructural que el FMI pedía desde hace mucho tiempo: una reforma laboral flexible que había sido aplazada por temor a la oposición social (véase el Observador de Otoño de 2019); una reforma fiscal que había sido rechazada por el parlamento a finales de 2019; la reanudación de la eliminación de los subsidios a los combustibles después de que una protesta social masiva lo había impedido el año pasado (véase el Observador de Invierno de 2019). La aplicación de la agenda del FMI sólo fue posible porque la movilización social se hizo imposible.

Sin embargo, las cosas sólo empeorarán. Desconcertantemente, las recomendaciones de austeridad del FMI continúan. Si bien el FMI ha subrayado que apoya el aumento del gasto en salud pública en la respuesta inmediata a Covid-19, en su préstamo de financiamiento de emergencia acordado en mayo, el FMI reveló su propuesta de continuar la “consolidación fiscal… de aproximadamente 6,2 puntos porcentuales del PIB durante el período 2019-2025” en Ecuador, lo que inevitablemente socavará gravemente el gasto social y la protección. En este contexto, ¿deberíamos sorprendernos que durante la pandemia fueron despedidos otros 11.820 trabajadores del sector público, o que tan recientemente como el 31 de mayo se realizó otro recorte del presupuesto de salud de USD 217 millones en relación con el presupuesto inicial de 2020?

La reducción del gasto social afecta más a los pobres, las mujeres y los marginados, al tiempo que beneficia a los acreedores y aumenta los beneficios de los ricos. Por lo tanto, no debería sorprender que las nuevas regulaciones aprobadas durante la pandemia incluyan garantías para el pago de la deuda externa e incluso para el pago de laudos arbitrales en beneficio de las empresas transnacionales que demandan al Estado por las medidas adoptadas para proteger a su pueblo de la pandemia (véase el Observador de Verano de 2020). Sólo en este marco se puede entender la escena incongruente que el país está presenciando: Mientras los médicos protestan en medio de la pandemia debido a la falta de financiamiento para suministros médicos, el gobierno ecuatoriano está pagando intereses a los acreedores privados y al FMI en tiempo y forma.

Estas son las mismas reformas del lado de la oferta promovidas por el FMI durante más de cuatro décadas, con la circunstancia agravante de que se aplican hoy en medio de una pandemia que requiere políticas anticíclicas sostenidas que apoyen la recuperación económica y garanticen los derechos humanos de las personas. El FMI debe ir más allá de las declaraciones de buenas intenciones y cambiar el curso de sus políticas específicas. No se puede esperar más: es hora de poner las finanzas al servicio de la vida.

por Pablo Iturralde, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Ecuador