En junio el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés) – el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial – publicó su investigación de 2018 sobre el papel de la CFI en el controvertido proyecto de represa hidroeléctrica Santa Cruz Barillas en Guatemala (véase el Observador de Primavera de 2020).
En 2008 la CFI proporcionó USD 20 millones en préstamos y USD 9,9 millones en inversiones de capital a un intermediario financiero latinoamericano, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de la Infraestructura (CIFI), que financió a otra empresa, Hidro Santa Cruz (HSC), en la construcción de la represa hidroeléctrica.
La CFI fue declarada negligente por no evitar daños a la comunidad indígena local de Santa Cruz Barillas en el informe de investigación de cumplimiento del CAO, a raíz de una denuncia presentada por los residentes en 2015. La investigación puso de relieve que la CFI incumplió su deber de prevenir los daños relacionados con el proyecto, que incluía la detención ilegal de quienes protestaban contra él y el asesinato del activista local Andrés Pedro Miguel, así como el uso de la violencia contra varios otros miembros de la comunidad.
Hemos esperado cinco años para escuchar el resultado de nuestro reclamo ... Estamos horrorizados por la respuesta de la CFI.Cecilia Mérida, líder comunitaria de Santa Cruz
La investigación del CAO concluyó que, “Aunque tuvo conocimiento de los impactos del proyecto durante el período de financiamiento, la CFI no se involucró con su cliente para asegurar que los impactos residuales del proyecto fueran evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según correspondiera, incluso al cierre del proyecto, tal como exigen las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad”. El consultor ambiental y social de la CFI, encargado de preparar una revisión del proyecto, corroboró los hallazgos del CAO.
En su respuesta, publicada en junio, la CFI aceptó que la comunidad había sufrido impactos negativos, admitiendo algunos fracasos en su debida diligencia y monitoreo. Sin embargo, no ofreció tomar medidas correctivas para hacer frente a los daños, negando que los impactos puedan atribuirse directamente a la construcción de la represa. Para apoyar su afirmación, la CFI citó un informe de 2013 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a pesar del informe de la ONU que vincula claramente las violaciones de los derechos humanos en Guatemala con la represa de Barillas. En la misma respuesta, la CFI contradijo su propia defensa al destacar las pruebas del Defensor del Pueblo Guatemalteco que, declaró, “hacen referencia ha que el proyecto HSC contribuye con el conflicto general existente en Barillas”.
La respuesta de la CFI causó el alboroto de la sociedad civil y las organizaciones locales, que afirman que está tergiversando el informe de las Naciones Unidas. El 8 de julio, grupos de la sociedad civil enviaron una carta conjunta en la que pedían al Director Ejecutivo de la CFI, Phillippe Le Houérou, que revisara la respuesta de la CFI.
En Guatemala, la Asamblea Popular de Huehuetenango emitió una declaración condenando la respuesta “cargada de racismo, indolencia, irresponsabilidad y, sobre todo, impunidad”. En un comunicado de prensa de junio, Cecilia Mérida, una líder comunitaria de Santa Cruz, declaró: “Hemos sido encarcelados, obligados a huir de nuestras comunidades y algunos de nosotros han perdido su vida. Hemos esperado cinco años para escuchar el resultado de nuestro reclamo. ¿Y para qué? Estamos consternados por la respuesta de la CFI”.
Kate Geary, de la organización de la sociedad civil holandesa Recourse, describió la afirmación de la CFI como “absurda e ilógica” en un artículo de junio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, advirtiendo que esto señaló, “un regreso a los malos viejos tiempos de una CFI irreponsable y que no rinde cuentas”.
La respuesta de la CFI sigue los recientes compromisos de Le Houérou, quien anunció este mes que renunciaría a su posición, para fortalecer sus normas ambientales y sociales (véase el Observador de Verano de 2020). Geary comentó además: “Este es uno de los primeros casos de prueba de esa nueva rendición de cuentas y ha fallado”, y agregó que la junta directiva de la CFI debe ahora ayudar a la comunidad afectada por estos daños.
