Cuando los devastadores impactos de la pandemia del Covid-19 comenzaron a hacerse evidentes esta primavera, innumerables pensadores críticos de la sociedad civil, la academia, la ONU y otros espacios pidieron un replanteamiento fundamental de las políticas y la arquitectura que componen el panorama internacional del desarrollo y las finanzas (véase el Dispatch de Primavera de 2020). Argumentando que el virus sólo exacerbó las vulnerabilidades e inestabilidades preexistentes, exigieron un cambio transformador, proponiendo nuevos acuerdos mundiales multicolores que incluyeran la intervención del Estado en apoyo de una transición justa a economías bajas en carbono y centradas en el cuidado que transformen la posición de las economías en desarrollo en el orden mundial.
El sentimiento de que volver al modelo anterior ya no es una opción pareció también penetrar en los espacios de política internacional, ya que el FMI y el Banco Mundial pidieron que los gobiernos “se reconstruyan mejor” en respuesta a la crisis del Covid-19. En la edición de junio de la revista del FMI, Finance & Development, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que debe aprovecharse esta oportunidad para “remodelar cómo vivimos y construir un mundo más ecológico, más inteligente y más justo”, mientras que el Banco se dijo que existen oportunidades para “reconstruir mejor” en su respuesta política al Covid-19, pidiendo una “recuperación sostenible”.
Esta retórica recuerda a las respuestas de las instituciones después de la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, a pesar de las promesas de aprender las lecciones de crisis pasadas, en última instancia, resultaron reacios a cambiar sus puntos de política neoliberales, como lo demostraron más recientemente, en mayo, en los históricos informes gemelos de la CSI sobre el FMI y el Banco Mundial. Las primeras señales indican que incluso “reconstruir mejor” tal como piden actualmente el Banco y el Fondo, quienes todavía no logran el cambio transformador que piden muchos observadores externo, podría ser demasiado ambicioso para las instituciones de Bretton Woods. En lugar de un cambio, la evidencia sugiere que los planes de recuperación liderados por el FMI y el Banco seguirán los mismos inútiles modelos económicos y de desarrollo que han exacerbado esta crisis (véase el Observador de Verano de 2020).
Un retorno a las medidas de austeridad después de 2020 es totalmente inadecuado.Isabel Ortiz, Initiative for Policy Dialogue
El FMI mantiene objetivos de consolidación fiscal a medio y largo plazo en medio de la crisis
Si bien los comentarios de los economistas que defendieron un estímulo fiscal sostenido en el contexto del Covid-19 parecían estar brotando como hongos por todos lados, el FMI señaló desde el principio que ni siquiera las crisis en desarrollo le llevarían a relajar su vieja adhesión a las medidas de austeridad a largo plazo. Su Monitor Fiscal de abril, por ejemplo, pidió “una senda de consolidación fiscal a mediano plazo más ambiciosa y creíble”, para las economías emergentes y de ingresos medios después del pico de la crisis. Si bien los compromisos de política técnicamente “voluntarios” contraídos en la mayoría de los 77 préstamos aprobados por el FMI entre marzo y junio deberían considerarse una “condicionalidad de facto”, a medida que el FMI ha comenzado a aprobar programas nuevos o adaptarlos con condicionalidad formal, las consecuencias de su persistente apego a la consolidación fiscal son cada vez más claras.
Por ejemplo, en junio, el FMI acordó un programa de préstamos de 12 meses y USD 5.200 millones con Egipto, después de proporcionar un financiamiento inicial de USD 2.772 millones en financiamiento de emergencia en mayo. El acuerdo de junio detalló un objetivo de superávit presupuestario primario para el año 2020-21 del 0,5% para permitir el gasto relacionado con el Covid-19, pero exigió que se restableciera al superávit primario anterior a la crisis del 2% en el ejercicio 2021-2022. El FMI también acordó un nuevo programa de préstamos de 18 meses y USD 5.000 millones con Ucrania en junio, en el que elogió los esfuerzos de consolidación fiscal de Ucrania antes del Covid-19 que, según señaló, se lograron principalmente a través de una reducción del valor real de los salarios y beneficios sociales, y estableció la consolidación fiscal en busca de un superávit primario de entre 1% y 1,5% para 2023 (véase el Observador de Verano de 2020).
En Jordania, el financiamiento de emergencia, en mayo, se sumó a un programa de préstamos cuatrienal acordado en enero. Si bien los objetivos de consolidación fiscal reconocidos por el Fondo, condicionados en el programa original tendrían que reconsiderarse para 2020 en el contexto del gasto del Covid-19, el objetivo de superávit fiscal de 2024 se mantuvo sin cambios, lo que significa que la consolidación fiscal tendrá que reanudarse a mayor velocidad “a partir de 2021, [incluyendo] el recorte de los gastos prioritarios”. En marzo se acordaron medidas similares de consolidación fiscal a largo plazo en un programa de préstamos con Pakistán, en el que ya se informó de resistencia contra las privatizaciones hospitalarias resultantes y la congelación de los salarios públicos. Si bien el financiamiento de emergencia que el FMI proporcionó a Ecuador, en mayo, incluyó una solicitud de cancelación de su programa existente, el FMI todavía estableció una meta primaria de superávit de alrededor del 3,1% del PIB para 2025 (véase el Observador de Verano de 2020). James Heintz, de la Universidad de Massachusetts Amherst, comentó: “Estos rígidos objetivos fiscales restringen innecesariamente el espacio político disponible para que los países se recuperen y adapten a las nuevas realidades a medida que evoluciona la crisis del Covid-19 y, en última instancia, son producto de un conjunto de sesgos que favorecen los intereses financieros y afianzan aún más las desigualdades mundiales”.
El Banco Mundial redobla la apuesta en su enfoque sobre el sector privado
La forma en que el Banco Mundial pretende aplicar la agenda de “reconstruir mejor” con medidas concretas que se integran en sus proyectos y programas sigue siendo igualmente poco clara. Con una mayor presión para “librarse del dinero”, existe la preocupación de que gran parte de los préstamos del Banco en los próximos 15 meses financiarán proyectos preexistentes con poca conexión con el programa de recuperación justa. Si bien las OSC señalan que “la pandemia pone de relieve cuánto necesitamos de servicios públicos de alta calidad”, el abrazo del Banco a la visión “primero el sector privado” con su enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD) parece intacto (véase el Observador de Primavera de 2020). La Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado del Banco, está desempeñando un papel central en la respuesta inmediata a la pandemia del Banco (véase el Observador de Verano de 2020 y el Dispatch de Primavera de 2020). Existe la preocupación de que, después del Covid-19, mientras los gobiernos enfrentan serias restricciones fiscales, en parte moldeadas por las restrictivas políticas fiscales del FMI y la dependencia de los mercados financieros internacionales y las agencias de calificación crediticia, se use el enfoque del Banco en materia de MFD para apoyar una carrera a la baja para alentar a los inversionistas a regresar a los países en desarrollo en dificultades (véase el Observador de Verano de 2020).
Esto ya se puede observar en varios blogs del Banco que indican que “la sana cooperación con el sector privado será más importante que nunca a medida que los países salgan de esta crisis aún más limitados fiscalmente”. Una nota del Banco de junio sobre la asistencia a los esfuerzos de descarbonización de los países para 2050 también dio un papel central al sector privado en la movilización de financiamiento para la acción climática. Tal vez lo más preocupante es que esto también puede discernirse de las condiciones de política de los préstamos del Banco acordadas a medida que se desarrollaba la pandemia en mayo. Por ejemplo, un préstamo para políticas de desarrollo (PPD) a Ecuador contenía condiciones para reducir el número de salarios mínimos sectoriales y ocupacionales fijos y ampliar las exenciones de un impuesto a las transacciones financieras, mientras que un PPD a Kenya apoyó la aglomeración de la inversión privada en “vivienda asequible”. Por otro lado, un préstamo de USD 750 millones del Banco para al sector eléctrico de Nigeria, aprobado en junio, “busca bajar el riesgo del sector de la energía para la inversión privada a través de un paquete integral de intervenciones financieras, operativas, de gobernanza y de políticas”. El préstamo fue aprobado a medida que el país caía más y más en una grave crisis de deuda, con el desplome de los precios mundiales del petróleo provocado por la reducción de los ingresos del Estado por el Covid-19.
¿Demasiado tarde para cambiar de rumbo?
En respuesta a los renovados objetivos a mediano plazo del FMI, Isabel Ortiz, de la Initiative for Policy Dialogue, comentó que “la pandemia ha revelado el débil estado de los sistemas mundiales de salud pública, generalmente sobrecargados, desfinanciados y con poco personal debido a las políticas de austeridad y las privatizaciones anteriores. Un regreso a las medidas de austeridad después de 2020 es completamente inadecuado: los gobiernos deben buscar espacio fiscal para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y reconstruir mejor de manera efectiva”.
De manera similar, advirtiendo al Banco Mundial sobre la “complacencia peligrosa” en una declaración de julio, el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, dijo: “La prisa por financiar los ODS a través de una dependencia cada vez mayor del sector privado… es un callejón sin salida. Demasiadas promesas de ‘ganar-ganar’ son cuentos de hadas”. Y continuó: “después de décadas de crecimiento sin precedentes, los principales beneficiarios han sido los más ricos. En lugar de poner fin a la pobreza, el crecimiento desenfrenado ha traído una desigualdad extrema, una precariedad generalizada en un mundo de abundancia, descontento y cambio climático, lo que tendrá el mayor impacto en los pobres del mundo”.
Las instituciones de Bretton Woods tienen una ventana de oportunidad que se desvanece para unirse a los llamados por un cambio transformador, preguntarse qué han hecho 75 años de sus políticas y estructuras para llevar al mundo a otro punto de crisis y cambiar de rumbo. Sin embargo, ¿la utilizarán?
