El apoyo del Banco Mundial a las reformas de la gobernanza vinculadas al desarrollo petrolero marino de Guyana ha sido cuestionado en los últimos meses, después de que la investigación de la organización de la sociedad civil (CSO) alemana Urgewald descubriera que un bufete de abogados contratado por el Banco en virtud de un préstamo de asistencia técnica tenía viejos vínculos con ExxonMobil, una de las empresas involucradas en el desarrollo del yacimiento petrolífero marino Stabroek de Guyana.

Según Urgewald, el bufete de abogados Hunton Andrews Kurth fue contratado por el gobierno de Guyana y recibió un pago de USD 1,2 millones del Banco Mundial para redactar las nuevas leyes petroleras del país. La firma ha representado a ExxonMobil durante unos 40 años, incluso como grupo de presión principal”.

Tras las cartas enviadas por las OSC guyanesas e internacionales al presidente del Banco Mundial, David Malpass, a miembros de la junta ejecutiva del Banco y a una gran cantidad de medios internacionales y locales, Hunton Andrews Kurth se puso en contacto con el periódico Kaieteur News, con sede en Guyana, en junio para indicar que había informado al gobierno guyanés que “no representaría al Gobierno en el asunto”. Esto aún no ha sido confirmado por el Banco ni por el gobierno de Guyana, dice Urgewald.

El Banco Mundial ha socavado el estado de derecho en Guyana y debe aceptar cierta responsabilidad por la actual crisis constitucional en la que un gobierno ilegal está tratando de aferrarse al poder de manera fraudulenta. El Banco Mundial ha prestado dinero a un gobierno que no tenía autoridad legal para pedir prestado ese dinero.Melinda Janki, abogada internacional

La punta del iceberg: La adquisición es un síntoma de una consternación mayor por el papel del Banco en el desarrollo del petróleo de Guyana

Hasta la fecha el Banco ha proporcionado un total de USD 55 millones a Guyana, que consisten en: un préstamo para políticas de desarrollo de USD 35 millones aprobado en 2018 para reformar el sector financiero del país, en previsión del auge del petróleo, y un préstamo de asistencia técnica de USD 20 millones aprobado en 2019 para mejorar la gestión y la gobernanza de Guyana en el desarrollo del petróleo y el gas (véase el Observador de Verano de 2018).

El préstamo de asistencia técnica incluye apoyo para una “actualización de los marcos jurídicos y normativos de Guyana para la gobernanza y supervisión del sector O&G [petróleo y gas]”. A los grupos guyaneses les preocupa que esto diluya las protecciones ambientales legales en Guyana, que se consideran un estándar regional de oro y que inspiraron muchos elementos del Acuerdo de Escazú, es decir, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

A pesar de los objetivos del Banco de mejorar la gobernanza en Guyana, el país ha caído en el caos político desde que aceptó el apoyo del Banco Mundial. Tras las críticas a la coalición gobernante APNU-AFC y su manejo del contrato petrolero para el campo petrolero de Stabroek, la coalición perdió una moción de censura en diciembre de 2018 y se convirtió en un gobierno inconstitucional en septiembre de 2019 tras su negativa a celebrar elecciones. Una elección posterior en marzo de 2020 favoreció al partido opositor PPP/C, pero esto ha sido impugnado por la coalición en funciones APNU-AFC, a pesar de que no pudieron presentar ninguna prueba, en una medida que ha sido ampliamente condenada por los observadores internacionales.

“El Banco Mundial ha socavado el estado de derecho en Guyana y debe aceptar cierta responsabilidad por la actual crisis constitucional en la que un gobierno ilegal está tratando de aferrarse al poder de manera fraudulenta”, dijo Melinda Janki, una abogada internacional que vive en Guyana. “El Banco Mundial ha prestado dinero a un gobierno que no tenía autoridad legal para pedir prestado ese dinero. El Banco Mundial permitió a una persona firmar el Acuerdo de Financiamiento como ministro de Hacienda en violación directa de la Constitución. Eso es una injerencia política directa en Guyana por parte del Banco Mundial”.

El deterioro político del país se produce cuando los ciudadanos guyaneses escribieron de nuevo al presidente Malpass, en junio, para consultar la propuesta del Banco Mundial de que Guyana se una a la Zero-Gas Flaring Initiative que, paradójicamente, permitiría a la filial de Exxon Esso seguir practicando el estancamiento rutinario, antes de detenerse finalmente en 2030. Esso ha quemado más de 9 mil millones de pies cúbicos de gas asociado en sólo seis meses frente a la costa de Guyana, según los observadores de la sociedad civil, a pesar de que su permiso ambiental prohíbe el encendido rutinario. “Exxon no ha dado información sobre el quemado ni ha tomado medidas adecuadas para prevenir esta práctica dañina e innecesaria”, dijo Nikki Reisch, del Centro de OSC para el Derecho Ambiental Internacional de Estados Unidos.