Mientras Nigeria entra en una recesión económica cada vez más profunda tras una contracción del 6,1% en el segundo trimestre de 2020, un préstamo del Programa por Resultados (P4R, por su sigla en inglés) del Grupo del Banco Mundial (GBM) de USD 750 millones (véase el Update 79) para el sector de la energía, aprobado en junio, ha dado lugar a un aumento de las tarifas de electricidad.

La Operación de Recuperación del Sector Eléctrico busca reformar el sector eléctrico de Nigeria, incluso estableciendo “tarifas eléctricas sostenibles y apropiadas”. Aunque incorpora medidas limitadas para mitigar el impacto en los consumidores más pobres, incluyendo limitar las tarifas para los clientes no medidos y mantener una tarifa asequible para aquellos que consumen menos de 50 kWh de energía al mes, según el sitio de noticias nigeriano Nairametrics, las nuevas tarifas significan que “la mayoría de los nigerianos ahora tendrá que pagar más por la electricidad”.

Como se señaló en un informe de 2019 de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, “los precios más altos de la energía… tienden a ralentizar la actividad económica y, por lo tanto, generan desempleo. La retirada repentina de los subsidios a los combustibles y los consiguientes aumentos de los precios han desatado protestas y disturbios violentos en muchos países”.

El P4R, por su parte, hace poco para avanzar en la transición de la energía ecológica de Nigeria. Un informe de junio de la organización de la sociedad civil holandesa Recurso y sus socios descubrió que los recientes préstamos energéticos del Banco Mundial a Nigeria estaban muy sesgados hacia los combustibles fósiles, señalando: “De 2014 a 2019, el BM proporcionó USD 1.800 millones, esto es, el 69% de la financiación total del sector energético, a proyectos de petróleo y gas, incluso para una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo”.

Tras la aprobación del P4R, en agosto se presentaron informes de prensa en el sentido de que las negociaciones entre el Banco y el gobierno nigeriano se habían estropeado debido a las reformas necesarias para obtener un préstamo adicional de USD 1.500 millones para política de desarrollo, lo que planteaba más dudas sobre si la respuesta del Banco a la Covid-19 es adecuada para su propósito (véase el Observador de Verano de 2020).