El 9 de marzo de 2020, el gobierno de Líbano anunció que no pagaría USD 1.200 millones en eurobonos, declarando así la primera cesación de pagos soberana en la historia del país. La decisión de incumplimiento fue apoyada por varios activistas y expertos progresistas, dada la escasez de divisas en el banco central y la necesidad de utilizar esta reserva con fines más apremiantes.
La cesación de pagos se produjo en un momento de múltiples crisis financieras y económicas, causadas por décadas de corrupción y un modelo económico basado en la extracción de ingresos de sectores basados en el alquiler (como las remesas, la banca, los bienes raíces y la ayuda extranjera) para financiar las importaciones y el consumo, a expensas de los sectores productivos. Paralelamente, el sector financiero (tanto el banco central como los bancos comerciales) proporcionó el financiamiento necesario para que los políticos distribuyeran recursos públicos a sus compinches y clientes sectarios. Como era de esperar, este modelo también condujo a una concentración extrema de la riqueza y los ingresos, con una cuarta parte de todos los nuevos ingresos en los bolsillos del 1% superior y con el 0,1% de las cuentas bancarias que suman el 20% de todos los depósitos.
El modelo económico fracasó a medida que el déficit comercial del país crecía y, con él, la deuda pública resultante de un endeudamiento a altas tasas de interés. El enfoque del banco central era posponer la crisis a través de medidas de ingeniería financiera que acumulaban más deuda en dólares estadounidenses, lo que empeoró el círculo vicioso.
Hoy en día, no es posible aumentar la presión económica sobre los residentes comunes.
Hasta el comienzo de la crisis financiera en octubre pasado, las instituciones financieras internacionales (IFI) parecían aceptar este modelo económico y las políticas que lo mantenía. El FMI elogió repetidamente las políticas del banco central en sus informes sobre el artículo IV, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de una gran reserva de divisas y la atracción de depósitos. A su vez, el Banco Mundial ha proporcionado, y recientemente prometido, préstamos considerables condicionados a “reformas estructurales” complementarias. Ambas instituciones tenían poca preocupación por reorientar el crecimiento económico hacia los sectores productivos y despreciar de la extrema riqueza y la concentración de los ingresos.
En el verano de 2019, después de 22 años de un tipo de cambio fijo, la crisis se manifestó en la rápida depreciación de la lira libanesa, que ha perdido más del 80% de su valor frente al dólar en los últimos 12 meses. Junto con las medidas impuestas por el gobierno para combatir la pandemia Covid-19 y la trágica explosión en el puerto marítimo de Beirut en agosto, esto ha hecho imposible la recuperación económica y financiera de Líbano sin soluciones drásticas.
Un salvavidas para una élite corrupta
A pesar del levantamiento de octubre de 2019, cuando cientos de miles de personas de todos los distritos del pequeño país tomaron las calles enfurecidos contra la clase política y exigiendo un cambio radical del sistema, la clase dominante de Líbano, incluidos los políticos y sus socios en el sector privado, no sólo no ha respondido a estas emergencias, sino que se ha opuesto a cualquier política justa que pueda perjudicar sus propios intereses. Estos incluyen una ley de control de capital, una auditoría forense del banco central, un impago y un recorte de la deuda interna con los bancos privados y una reestructuración del sector financiero de acuerdo las pérdidas reales existentes.
El temor a esa reestructuración, más que cualquier preocupación sobre el paradigma neoliberal, fue lo que llevó a los oligarcas a sabotear las negociaciones con el FMI. Eventualmente, se espera que los financistas y los tecnócratas del gobierno acuerden sobre el diagnóstico y las recetas debido a su desesperación por un rescate.
Manifestantes y grupos de la sociedad civil han advertido que cualquier financiación del Estado libanés antes de que se produzca un cambio político sería un rescate de su clase dominante, que ha perdido la legitimidad popular. En este sentido, la iniciativa de un apoyo condicional de Emmanuel Macron, así como un posible programa del FMI, asegurarían una oportunidad para la continuación de la política de siempre y harían menos probable cualquier cambio real.
La austeridad y la crisis social
Los ciudadanos comunes y los residentes de Líbano han estado pagando el costo de la crisis, con un gran número de empresas que cierran o recortan los costos de personal, lo que resulta en un aumento del desempleo. La depreciación de la moneda nacional y una tasa de inflación mensual que ha alcanzado el récord del 57% han llevado a una disminución importante del poder adquisitivo y al aumento de los niveles de pobreza. Las estimaciones del gobierno y de las Naciones Unidas han revelado que más del 50% de la población de Líbano está ahora bajo el umbral de la pobreza y un estudio constata que el 23% está en pobreza extrema, lo que representa un aumento del triple con respecto a 2019.
En este contexto, una intervención clásica del FMI que implique consolidación fiscal, devaluación de la moneda local, reducción del sector público y eliminación de subsidios a la energía, la gasolina y el trigo, podría empeorar la crisis social, causar más pobreza y potencialmente conducir a tensiones sociales destructivas. La obsesión por la consolidación fiscal como respuesta al déficit fiscal también tendrá repercusiones perjudiciales en el desarrollo económico a medio y largo plazo (véase el Observador de Otoño de 2020).
Ni el historial del FMI, ni el de los funcionarios libaneses que negocian con ellos, es alentador cuando se trata de repensar las políticas neoliberales y promover la justicia social. Como tal, la sociedad civil tiene un papel clave en la presión sobre ambas partes en esa dirección, y el FMI tiene la responsabilidad de incluir a grupos progresistas de la sociedad civil en un diálogo sistemático sobre las condiciones para un potencial programa.
Ese programa, si se aplica, debería basarse en un enfoque que priorice los derechos humanos y la dignidad. Una mayor presión económica sobre los residentes comunes no es una opción hoy en día. En cambio, los planes para una mayor austeridad deberían sustituirse por políticas justas de generación de ingresos, incluido un nuevo sistema fiscal progresivo y una serie de medidas que fomenten la inversión productiva, protejan a los pobres de las cargas de la crisis y establezcan un sistema universal de protección social.
