Condicionalidad

Comentario

Costa Rica rechaza enfáticamente la receta de austeridad del FMI

25 January 2021 | Comentario externo | Traducción:Gustavo Alzugaray

Un hombre lleva la bandera nacional durante una manifestación contra la propuesta del Gobierno de aumentar los impuestos para llegar a un acuerdo con el Fundo Monetario Internacional (FMI), fuera del edifício del Congreso en San José, 18 de Noviembre 2020. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP via Getty Images)

A mediados de septiembre el gobierno de Costa Rica anunció negociaciones con el FMI para acordar un préstamo de USD 1.750 millones. El préstamo se pide a raíz de una fuerte reducción de la inversión y el gasto públicos, lo que habría supuesto el desmantelamiento del Estado y una pesada carga de impuestos regresivos en un momento de severa contracción económica. La propuesta desencadenó una fuerte oposición social, incluso de los sectores empresariales, que se opusieron al aumento de los impuestos. En pocos días, la esencia de la propuesta, aunque quizás no la perspectiva de un programa del FMI en sí, perdió su viabilidad política.

Costa Rica es un país de ingreso medio que, a diferencia de sus vecinos centroamericanos, y a pesar de ser relativamente pobre, logró desarrollar un sistema de protección social bastante universal, sobre todo a través de la atención médica y las pensiones. Sin embargo, el sistema ha estado continuamente en riesgo de ser desmantelado tras tres décadas y media de políticas neoliberales. Actualmente, toda la fuerza de trabajo del sector formal está cubierta por el sistema de protección social del país, mientras que el 45% de la fuerza de trabajo del sector informal sigue desprotegida. La sociedad civil y los sindicatos han defendido el papel del Estado de bienestar que ha permitido al país garantizar una mayor igualdad en términos de una mejor redistribución de los ingresos durante muchas décadas. Desafortunadamente, la pandemia del Covid-19 ha exacerbado una grave crisis económica, lo que se tradujo en una contracción económica del 5%.

Costa Rica es uno de los países de la región con menos espacio fiscal para responder a la pandemia, dado un déficit fiscal y una deuda pública del 9% y el 66% del PIB, respectivamente. Por lo tanto, propuestas de austeridad como las del FMI implicarían el suicidio económico y político del país.

Se ha hecho un esfuerzo conjunto para llevar adelante un ajuste económico ante la peor crisis económica de los últimos cuarenta años que ... no coloque el peso de este ajuste sobre los hombros de la clase trabajadora.

El proceso de toma de decisiones democrático e inclusivo conduce a mejores resultados para todos

Después del malestar social que resultó del anuncio del gobierno de su intención de negociar con el FMI, el gobierno se vio obligado a iniciar un proceso de diálogo con representantes de diversos sectores de la sociedad para identificar ahorros de al menos el 2,5% del PIB. Tras tres semanas de intensas negociaciones entre la sociedad civil, los sindicatos, las cooperativas, las empresas, la Iglesia Católica y la academia, en las que participé en nombre del principal bloque sindical del país, se firmaron 58 acuerdos sobre diferentes medidas relacionadas con los ingresos, la eficiencia del gasto y otras cuestiones (algunos puntuales), que representan el 3,19% del PIB en total. Con todos los sectores involucrados habiéndose comprometido con los acuerdos realizados, ahora estos deben ser traducidos en estatutos y aprobados formalmente por el Poder Ejecutivo y, en otros casos, en leyes que serán aprobadas por el parlamento.

Estas medidas se centran en un mayor control de la evasión y la elusión fiscal, dando mejores herramientas al Ministerio de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal, así como medidas concretas para un mayor y mejor control de la evasión aduanera por parte de los importadores y exportadores. Después de 20 años de oposición por parte del sector empresarial, finalmente se llegó a un acuerdo sobre el establecimiento de un impuesto global sobre la renta, que se aplica a todos los contribuyentes con residencia en Costa Rica, independientemente de su nacionalidad y de si los ingresos se generan en el país o en el extranjero. También se aprobaron medidas para reestructurar la deuda pública del país, centrándose en la deuda interna, que es su componente más grande. También se acordó que el país se sumaría a los esfuerzos mundiales para reestructurar su deuda externa. En cuanto al gasto público, se aceptaron medidas de ajuste y reducción presupuestaria, siempre que no pongan en peligro los programas de política social, no impliquen despidos o reducciones salariales para los trabajadores del sector público, ni la privatización de los activos del Estado. Y, por último, se han acordado medidas concretas para promover la reactivación económica en el período posterior a la pandemia, haciendo especial hincapié en buscar cómo revertir el aumento significativo de la informalidad laboral y económica.

En otras palabras, se ha hecho un esfuerzo conjunto para llevar a cabo un ajuste económico ante la peor crisis económica de los últimos 40 años que no ponga en peligro el Estado de bienestar, que no ponga la carga de este ajuste sobre los hombros de la clase trabajadora y que no signifique imponer más impuestos al consumo de bienes y servicios que afecten a la sociedad en su conjunto.

Las organizaciones multilaterales, en particular el FMI, deben aprender de este ejercicio democrático de acuerdo multisectorial. No es con recetas de austeridad suicidas y tecnocráticas que países como Costa Rica pueden enfrentar la situación actual y, al mismo tiempo, preservar el progreso en términos de protección social y garantizar servicios públicos universales y de alta calidad.

Si el FMI estuviera cambiando realmente su paradigma, ampliaría su apoyo de emergencia sin condicionalidad ni recomendaciones, que más tarde se convertirían en restricciones para países como Costa Rica, haría progresos en el cumplimiento de la demanda mundial de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) y, lo que es más importante, abandonaría su creencia ortodoxa de que el ajuste de la deuda y la reducción del déficit fiscal son la única manera de salir de una crisis como ésta. La pandemia ha demostrado que la senda ortodoxa de la austeridad presupuestaria y las restricciones en la inversión social sólo traen un mayor conflicto social. Exigimos que las organizaciones multilaterales y específicamente el FMI reconozcan que ha llegado el momento de cambiar su paradigma. De lo contrario, la historia y el pueblo los proclamarán como entidades que actúan en contra de la búsqueda del bien común.