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Eni presenta solicitud de arbitraje del CIADI vinculada al polémico acuerdo petrolero de Nigeria

25 enero 2021 | Traducción:Gustavo Alzugaray

Nigeria's former Minister of State for Petroleum Resources, Dr Emmanuel Ibe Kachikwu and the CEO of Eni, Claudio Descalzi, meet in Rome in January 2017.

La mayor petrolera italiana Eni presentó una solicitud de arbitraje contra el gobierno de Nigeria en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco Mundial, en octubre. La solicitud estaba vinculada a la licencia de prospección de petróleo (OPL, por su sigla en inglés) 245, que se refiere a los derechos sobre uno de los bloques petroleros más lucrativos de África Occidental y ha estado en el centro de la controversia durante más de dos décadas.

Según un artículo de octubre de la publicación de noticias nigeriana The Cable, “La compañía petrolera dijo que planea argumentar que el hecho de que Nigeria no le permitiera explotar un yacimiento petrolífero que adquirió con Royal Dutch Shell hace casi una década viola su acuerdo de inversión”.

Eni y Shell adquirieron la OPL 245 en 2011, pagando USD 1.100 millones para comprar los derechos de la petrolera nigeriana Malabu, con USD 210 millones adicionales pagados como bono de firma al gobierno nigeriano, según The Cable. Malabu inicialmente ganó derechos sobre el bloque a finales de la década de 1990, cuando fue premiada con una licencia de prospección por el entonces ministro de petróleo de Nigeria, Dan Etete, quien controlaba encubiertamente la compañía, según un artículo de octubre en Finance Uncovered.

Nigeria debe permanecer firme y resistir el descarado acoso de Eni. Nigeria no tiene que responder en nigún caso.Declaración conjunta de las OSC

El acuerdo es el foco de un juicio en curso en Milán, donde Etete, Eni, Shell y varios intermediarios están acusados de corrupción y todas las partes niegan actos ilícitos. Se espera un fallo para finales de 2020 o principios de 2021. Como parte del juicio, Finance Uncovered señaló que “Nigeria, bajo una nueva gestión política desde 2015, ha pedido al tribunal que le otorgue los USD 1.100 millones como parte de la compensación que espera que pueda aumentar a varios miles de millones más una vez que se sumen sus posibles pérdidas por los términos del acuerdo de 2011”.

Mientras tanto, con los derechos de Eni a la OPL 245 que expirarán a finales de abril de 2021, el caso ante el CIADI está siendo visto por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como una contraofensiva legal de la petrolera. Una declaración conjunta de las OSC, incluida la nigeriana Human and Environmental Development Agenda y la italiana Re:Common dice: “Nigeria debe mantenerse firme y resistir el flagrante acoso de Eni. Nigeria no tiene ningún caso que responder”. Los grupos han escrito al CIADI instándole a rechazar el caso porque se trata de denuncias de corrupción que ya están siendo juzgadas ante un tribunal nacional.

ISDS: ­¿Un paraíso para los intereses de os combustibles fósiles?

A medida que los Estados toman medidas de emergencia en respuesta a la pandemia del Covid-19 que podrían exponerlos a reclamaciones de inversores internacionales, se ha planteado la preocupación de que los acuerdos de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por su sigla en inglés) puedan ir en aumento (véase el Observador de Verano de 2020). Al mismo tiempo, también hay temores de que los casos de los ISDS, incluidos los arbitrados por el CIADI, formen una barrera importante a la necesaria reducción gestionada de la producción de combustibles fósiles para alcanzar los objetivos climáticos mundiales.

Los casos en el CIADI ya están sesgados hacia los intereses de petróleo, gas y minería, según un informe de 2019 de Mining Watch Canada, el Institute for Policy Studies y el Center for International Environmental Law, que muestra que el número de casos de minería, petróleo y gas presentados en el CIADI casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, al igual que los montos agregados otorgados a los inversionistas por los tribunales del CIADI.

Un informe publicado en octubre por el International Institute for Environment and Development señaló que, “los ISDS protegen la mayoría de las 257 plantas de carbón de propiedad extranjera del mundo, que deben ser cerradas pronto con el fin de poner el planeta en camino de mantener el aumento de la temperatura a menos de 1,5C por encima de los niveles preindustriales…. En Indonesia… el valor estimado de 12 centrales eléctricas de carbón protegidas por los ISDS podría ser de hasta USD 7.900 millones. El costo de la compensación de los ISDS podría ser aun mayor”. El informe añadió que, según una estimación, los activos de petróleo y gas varados a nivel mundial podrían oscilar entre USD 3 billones y USD 7 billones y que los fallos de compensación de los ISDS podrían aumentar considerablemente el costo de la transición baja en carbono.