El brutal asesinato de la activista sudafricana contra el carbón Fikile Ntshangase el 22 de octubre ha puesto de relieve una vez más los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y las consecuencias a largo plazo del apoyo del Banco Mundial a proyectos perjudiciales. El brazo de inversión del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), fue el respaldo original del fondo de capital de riesgo que financió las primeras operaciones de una mina de carbón, a la que se oponía Ntshangase y su Mfolozi Community Environmental Justice Organisation (MCEJO).

Ntshangase, de 63 años, fue baleada cinco veces por una banda de seis hombres unas pocas semanas después de rechazar lo que ella alegaba que era un soborno de USD 20.000 por la mina de carbón Tendele en la ciudad de Somkhele, de la provincia de KwaZulu-Natal. Ella no retiraría las impugnaciones judiciales al proyecto diciendo: “Me negué a firmar. No puedo vender a mi gente. Y si es necesario, moriré por mi pueblo”. El juicio legal de MCEJO reduciría al menos una expansión de diez años de la minería del carbón de Tendele y fue ampliamente considerado como el motivo del asesinato de Ntshangase. Se alega que Ntshangase era sólo uno de varios nombres en una lista de blancos locales. Estaba en juego, según los propietarios de la mina, la pérdida de cientos de empleos locales que dependían de la extensión, y una participación del 20% controlada principalmente por el liderazgo étnico patriarcal local.

MCEJO se opuso a la mina Tendele durante años, tal como se registra en el informe de 2017, No longer a life worth living [Ya no es una vida digna de vivirse], de la alianza ecofeminista panafricana WoMin. La mina es el mayor productor africano de antracita utilizado en acero y proporciona, anualmente, varios millones de toneladas de carbón térmico para los mercados sudafricanos y de exportación, lo que contribuye a la catástrofe climática.

Ya es hora de que el Banco ponga su dinero donde están sus relaciones públicas y comience el proceso de pago de las reparaciones por los viejos daños causados por sus proyectos.

La participación de la CFI en la mina Tendele data de su inversión en el Nuevo Fondo Minero Africano (NAMF, por su sigla en inglés), que fue el receptor de un compromiso inicial de la CFI de USD 5 millones en 2002, aumentado a USD 30 millones para su segunda etapa en 2010 y abortado en 2014 durante el colapso minero mundial. Tendele es propiedad de la corporación multinacional Petmin, de Johannesburgo, con raíces en la minería del apartheid en 1970. Petmin recaudó el 7,6% de su capital del NAMF para su operación principal, Tendele, y esa participación, a su vez, permitió al NAMF declarar una tasa anual de beneficios del 39% en el momento en que la CFI tenía una participación del 6% en el fondo. El fundador de NAMF, Bradley Doig, que actualmente es el presidente de Petmin USA, todavía se jacta en el sitio web de Petmin de la inversión de la CFI que puso a Tendele en funcionamiento.

La inversión original de la CFI en 2002 se presentó como una contribución al empoderamiento económico negro y al desarrollo sostenible a través del apoyo a los operadores mineros jóvenes. Pero las promesas anteriores de prosperidad comunitaria, progreso negro y responsabilidad ambiental, hechas cuando la CFI inicialmente se involucró, fueron desechadas en Somkhele y casi todos los beneficiarios del NAMF y Petmin son hombres blancos.

En 2018 Ntshangase y su MCEJO, que representaba un máximo de 4.000 miembros, acudieron a los tribunales para detener la expansión de Tendele, argumentando que la operación minera era ilegal desde el principio, al carecer de permisos cruciales del gobierno relacionados con el agua y los desechos. La abogada de MCEJO, Tembeka Ngcukaitobi y Kirsten Youens, citaron un reciente caso del Tribunal Constitucional, también por coincidencia, que involucraba a una empresa con un 22% de propiedad de la CFI (Cash Paymaster Services), acusada de préstamos depredadores y corrupción y, en última instancia, forzada a la bancarrota a mediados de 2020, para argumentar un alivio correctivo tras una declaración de ilegalidad. Ngcukaitobi solicitó, en la Corte Suprema de Apelaciones el 3 de noviembre, la divulgación de los beneficios de Tendele, que incluyen dividendos enviados a la CFI durante varios años, e insistió en que se los reembolsara a la comunidad.

No se sabe cuánto ganó la CFI del NAMF y su mayor inversión, la mina de carbón Tendele, aunque los dividendos probablemente superen los USD 10 millones. Si esos beneficios fueran devueltos a Somkhele, podría comenzar el proceso de financiación de la descarbonización urgentemente necesaria. La compensación permitiría a las comunidades diversificar sus actividades económicas, comenzar a cambiar la dinámica de la energía y proporcionar oportunidades de empleo fuera de las minas de carbón que dañan el medio ambiente y la salud. La mina Tendele cuenta con el apoyo de dos sindicatos y algunos miembros de la comunidad, simplemente debido a la falta de otras opciones en una zona desesperadamente pobre.

Los pagos por reparaciones podrían vincular más estrechamente a la comunidad local no sólo con el trabajo organizado, sino también con los movimientos de solidaridad climática y los conservacionistas (a solo 6 km al oeste, en el parque Hluhluwe-iMfolozi – la reserva más antigua de África – los rinocerontes blancos se salvaron de la extinción, pero se ven amenazados nuevamente por la minería de carbón). Una verdadera transición justa podría lograr objetivos ecológicos, sociales y económicos en Somkhele: mitigación de fuentes de emisiones de CO2, adaptación a la sequía y otros proyectos de resiliencia de crisis climáticas, financiados por el Estado, autogestionados por trabajadores y controlados por comunidades, especialmente por mujeres y jóvenes.

Reparaciones por daños históricos

Sin duda el Banco Mundial debe reparaciones a Sudáfrica. La explotación del apartheid por parte del Banco comenzó en 1951 y duró más de dos décadas antes de que las Naciones Unidas prohibieran nuevos préstamos a petición de Martin Luther King, Jr. Después de que el Apartheid fuera derrotado en 1994, el asesoramiento neoliberal en materia de políticas del Banco Mundial fue una razón importante para que la desigualdad creciera al nivel más alto del mundo (un coeficiente Gini de 0,63).

Otras inversiones del Banco y de la CFI se han visto profundamente inmersas en la destrucción socioecológica, el capitalismo superexplotador y la corrupción absoluta. Por ejemplo, la mayor central eléctrica de carbón hoy operativa fue el préstamo más grande de la historia del Banco: USD 3.750 millones para el generador Medupi de Eskom, plagado de fraude y, sin exageración, un caso claro de deuda odiosa (véase el Observador de Primavera de 2019). A esto se puede añadir la inversión de CFI en Cash Paymaster Services, que, bajo la bandera de la inclusión financiera, obtuvo ilegítimamente beneficios de los pagos a la seguridad social. Otro ejemplo es la participación de USD 50 millones de la CFI a través de la “Inversión Social Comunitaria” en la infame mina de platino Lonmin, lugar de la Masacre de Marikana, que contribuyó a la peor crisis social de Sudáfrica después del Apartheid (véase el Update 82).

A medida que el Banco Mundial abraza la retórica de la lucha contra el racismo, su contribución a las injustas relaciones de poder y la secuencia de acontecimientos que llevaron al asesinato a sangre fría de Ntshangase debería llevarlo a hacer coincidir, finalmente, las palabras con los hechos. Ya es hora de que el Banco ponga su dinero donde están sus relaciones públicas y comience el proceso de pago de las reparaciones por los viejos daños causados por sus proyectos (véase el Observador de Otoño de 2020).