En octubre una misión del FMI debía visitar Pakistán para reanudar la segunda revisión del Mecanismo del Fondo Ampliado de USD 6.000 millones acordado en julio de 2019, que se había retrasado debido a la pandemia del Covid-19 (véase el Observador de Primavera de 2020). Sin embargo, la misión se pospuso indefinidamente por la negativa del primer ministro Imran Khan a implementar reformas específicas vinculadas al programa, que el Fondo está exigiendo como “acciones previas” antes de que puedan reanudarse las conversaciones.

El periódico paquistaní The Express Tribune informó en octubre que Abdul Shaikh, asesor económico del primer ministro, “opinaba que medidas adicionales podrían empujar a más personas a la pobreza”. Después de que el gobierno actual enfrentó importantes manifestaciones sobre el creciente costo de vida en 2019, el periódico informó que Shaikh le había dicho a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “que Pakistán no estaba en modo electoral y el gobierno estaba buscando un aplazamiento… por razones puramente humanas”.

Las medidas contenciosas incluyen reformas del sector eléctrico que aumentarían las tarifas eléctricas e importantes subidas del regresivo impuesto al consumo (véase el Observador de Invierno de 2020). Bilquis Tahira, de la organización de la sociedad civil paquistaní Shirakat – Partnership for Development, comentó: “El FMI debe comprometerse a mantener los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La gente debe ser lo primero en todas las negociaciones fiscales. Apoyamos a nuestro gobierno en su postura de considerar los impactos de los préstamos del FMI sobre lo que nada tienen”.

A medida que las conversaciones del FMI se estancan, el país sigue bajo una fuerte presión económica, exacerbada después de que Arabia Saudita exigió un reembolso de préstamos de USD 1.000 millones y congeló un instrumento de crédito petrolero por valor de más de USD 3.000 millones en agosto.