Antes de la Cumbre de Líderes del G20 de los días 21 y 22 de noviembre, el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown declaró que, “a pesar de las promesas hechas por el G20, el FMI y el Banco Mundial de apoyarlos en su momento de mayor necesidad”, los países más pobres del mundo habían “recibido sólo una fracción de lo que necesitan en el alivio de la deuda”. Brown estaba hablando en el evento de lanzamiento de una propuesta de alivio de la deuda para una recuperación verde e inclusiva escrita para los responsables de la formulación de políticas por un grupo de economistas, incluyendo a Kevin Gallagher y a Stephany Griffith-Jones.
A medida que la crisis de la deuda mundial exacerbada por la pandemia se profundiza, la respuesta del G20 y de las instituciones financieras internacionales, dominada por los países ricos y acreedores, amenaza con causar más estragos en las economías de los países en dificultades de deuda. Además de obstaculizar directamente la salud y otros gastos públicos vitales durante la pandemia, los pagos de la deuda parecen estar listos para socavar cualquier esperanza de una recuperación justa, especialmente para los países que ya han experimentado severos recortes del gasto social por atender la deuda anterior a la pandemia.
El 13 de noviembre los ministros de finanzas del G20 publicaron el tan esperado “Marco Común para los Tratamientos de la Deuda” (véase el Dispatch Annuals 2020). El marco sigue a la moratoria de la deuda del G20 anunciada en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI en abril, que permitió el aplazamiento de los pagos de la deuda de 73 países de bajos ingresos elegibles (véase el Dispatch Springs 2020). Esta moratoria, llamada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés), acordado originalmente hasta finales de 2020, se amplió hasta mediados de 2021 en las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI de octubre (véase el Dispatch Annuals 2020).
Y tú, el FMI, estás en la orilla con los brazos cruzados y te estoy gritando, ayúdame, me estoy ahogando. Y me dices, te ayudaremos cuando salgas del agua”.Bwalya Ng’andu, ministro de finanzas de Zambia
El nuevo marco no incluye a los acreedores clave
En lugar de limitarse a posponer el servicio de la deuda como hace la DSSI, el marco común fue el supuesto intento del G20 de abordar la cuestión más compleja de la reestructuración y la reducción de las cargas de la deuda. A tal efecto, permite amortizaciones de deudas “en los casos más difíciles”, pero estipula claramente que esto debería evitarse: “En principio, los tratamientos de la deuda no se llevarán a cabo mediante amortizaciones de deuda”.
Sin embargo, en la mayoría de los casos en el marco común, se alentó a los acreedores a simplemente cambiar las condiciones de pago, lo que la organización de la sociedad civil británica Jubilee Debt Campaign (JDC) señaló como “similar al actual esquema de suspensión” y añadió: “Patea la pelota hacia adelante, creando un problema de deuda futuro”. Iolanda Fresnillo, de la red de OSC Eurodad, con sede en Bélgica, calificó el marco como “absolutamente insuficiente” y añadió que “simplemente ofrece la reprogramación de los pagos de deuda para el número limitado de países ya incluidos en el DSSI del G20”.
Los países que soliciten la reestructuración de la deuda a través del marco deberán presentar propuestas que estén sujetas a un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) que llevan delante de forma conjunta el FMI y el Banco Mundial. Estas evaluaciones ya han sido criticadas por sus previsiones demasiado optimistas durante la pandemia (véase el Observador de Otoño de 2020). Las ASD también son objeto de viejas críticas por no tener en cuenta las obligaciones de los países en materia de derechos humanos, los compromisos climáticos y otros objetivos de desarrollo sostenible, incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (véase el Observador de Invierno de 2017).
El marco común también permite a los “prestamistas privados salirse que con la suya nuevamente”, según la JDC, hace pocos avances en la gestión de la cuestión de los acreedores privados, que cada vez tienen cantidades mayores de deuda de los países en desarrollo, pero se negaron a participar voluntariamente en la DSSI. Sin esta participación, el alivio bilateral de la deuda ofrecido a los países no se destinará a responder a la Covid-19 y, en su lugar, se utilizará para pagar a los acreedores privados. El profesor Daniel Gabor, de la University of the West of England Bristol, destacó que el descaro de los tenedores de bonos se debe a los líderes del G20 y sus bancos centrales, que han nutrido las finanzas privadas hasta hacerlas tan poderosas que ahora son incapaces de reducir ese poderío. Aunque se alentó a los acreedores privados a participar y garantizar un “reparto equitativo de la carga” en el marco, corresponde al país en dificultades de deuda asumir la tarea casi imposible de persuadir a sus acreedores privados de conceder alivio de la deuda. En lugar de un enfoque global, el tratamiento de la deuda se llevará a cabo país por país.
Zambia, que incumplió su deuda soberana en noviembre, intentó aplicar este enfoque sin ningún resultado. El ministro de finanzas de Zambia contó esta experiencia sin rodeos en una entrevista con la organización de medios estadounidense Bloomberg el 16 de noviembre: “Imagínate que nosotros somos un hombre que se ahoga en un río de corriente rápido. Y tú, el FMI, estás en la orilla con los brazos cruzados y te estoy gritando, ayúdame, me estoy ahogando. Y me dices, te ayudaremos cuando salgas del agua”.
También falta en el marco un requisito para que participen los prestamistas multilaterales. A pesar de que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, habló mucho sobre la necesidad de la participación de los acreedores privados en los esfuerzos de alivio de la deuda, el Banco Mundial, dominado por los estados Unidos, Japón y los accionistas europeos, sigue sin proporcionar alivio para sus propios préstamos. Si bien el FMI está proporcionando alivio de la deuda en algunos de sus préstamos a través de su Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes, este se está financiando con recursos de donantes externos, que podrían utilizarse para apoyar las respuestas de los países a la Covid-19 (véase el Dispatch Annuals 2020 y el At Issue de Verano de 2020).
El alivio de la deuda depende de condiciones perjudiciales del FMI
Una característica importante del marco común es que los países que buscan una reestructuración de la deuda a través de él estarán ahora obligados a inscribirse en un programa de préstamos del FMI. La financiación del FMI podría ponerse a disposición de los países mientras están atrasados con los acreedores privados, siempre y cuando sigan negociando de “buena fe”. Si bien, teóricamente, esto puede fortalecer la posición negociadora de los países frente a los acreedores privados, parece poco probable que se materialice en la práctica.
Este cambio también suscita serias preocupaciones sobre las defectuosas recetas de política del FMI y su poder para imponer condiciones a los países en desarrollo a fin de cumplir estrictas metas de consolidación fiscal (véase el Observador de Otoño de 2020). El FMI está actualmente en conversaciones con Kenia, que, al igual que muchos otros países en dificultades de endeudamiento, no se unió a la DSSI por las preocupaciones de que hacerlo reduciría su calificación crediticia (véase el Dispatch Annuals 2020). Las negociaciones se centran en un programa de préstamos de USD 2.300 millones en tres años, el mismo período en el que se espera que el país devuelva USD 2.300 millones a prestamistas privados externos. Parece que Kenia no tiene más remedio que utilizar el préstamo del FMI para rescatar a sus acreedores privados, probablemente trasladando la carga de la consolidación fiscal, por ejemplo, mediante subidas regresivas de impuestos ya impulsadas por el FMI, a los más marginados (véase el Observador de Verano de 2020).
Respuestas sancochadas en lugar de soluciones sostenibles
El papel destacado que se otorga al FMI y al Banco Mundial en el marco común es indicativo de otra solución temporal y desarticulada diseñada sin representación de los más afectados, al tiempo que consolida aún más el papel del G20 como un elemento permanente en la arquitectura financiera mundial. Se aleja todavía más de los viejos llamamientos de la OSC de un marco multilateral amplio para la resolución de crisis de la deuda bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que reestructuraría la deuda mediante un proceso justo y transparente en el que todos los países tengan la misma voz.
Otros miembros de la comunidad de justicia de la deuda, como Eric Toussaint, del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, han señalado la necesidad de la cancelación de la deuda basada en auditorías de deuda para identificar deudas ilegítimas, odiosas e ilegales.
En respuesta al anuncio del marco común, la red de la sociedad civil Afrodad declaró: “Pedimos al G20 que se inculque a sí mismo con suma urgencia la necesidad de elaborar un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana que consagre los principios de las Naciones Unidas de 2015 y proporcione una solución duradera al endeudamiento de los países africanos”.
Mientras los países acreedores continúen al mando, esto parece muy improbable.
