Servicios sociales

Análisis

El apoyo del Banco Mundial a la vacunación contra el Covid-19 no aborda los obstáculos fundamentales al acceso equitativo

2 June 2021

El Banco Mundial anunció en octubre de 2020 que pondría a disposición USD 12.000 millones para ayudar a “los países en desarrollo a financiar la compra y distribución de vacunas, pruebas y tratamientos para el Covid-19 para sus ciudadanos”. El paquete forma parte de su apoyo pandémico de USD 160.000 millones hasta junio de 2021, que va más allá de la atención médica, según se describe en el documento Covid-19 Crisis Response Approach Paper, de junio de 2020. Una hoja informativa del Banco Mundial señaló que los primeros programas de vacunación fueron aprobados en enero e incluyeron Líbano, Cabo Verde, Mongolia y Tayikistán.

Si bien la rápida respuesta del Banco Mundial a la Covid-19 y el programa de asistencia para vacunas, de USD 12.000 millones, han sido acogidos con beneplácito, existe la preocupación de que su impacto se vea significativamente comprometido si no se abordan las deficiencias clave de su respuesta más amplia a la pandemia. En diciembre de 2020 Oxfam analizó 71 documentos del proyecto vinculados al Programa estratégico de preparación y respuesta al Covid-19 del Banco Mundial, que tiene un mandato más amplio que la iniciativa de vacunación y tiene como objetivo ayudar a los países a “prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa el Covid-19 y fortalecer los sistemas nacionales de preparación para la salud pública”. El análisis identificó la falta de atención al acceso gratuito a la atención sanitaria como un “defecto fatal”, señalando que “sólo 8 de los 71 proyectos de salud para el Covid-19 del Banco Mundial incluyen algún plan para eliminar las barreras financieras al acceso a los servicios de salud… [y] ninguno de los 8 especifica que las exenciones de las tarifas abarcarán todos los servicios de salud, tal como recomienda la OMS”. El informe subrayó que, a pesar de la escasez mundial preexistente de 17,4 millones de trabajadores de la salud, “en dos tercios de los proyectos nacionales no se incluye ningún plan para aumentar el número de trabajadores de la salud y que los 25 proyectos que lo hacen, tienen deficiencias sustanciales”. Oxfam pidió al Banco que elimine las tarifas de los usuarios en los proyectos, subsane las brechas en el apoyo a los trabajadores de la salud y cancele el pago de la deuda de sus préstamos.

 

Solo 8 de los 71 proyectos de salud para el Covid-19 del Banco Mundial incluyen algún plan para eliminar las barreras financieras para acceder a los servicios de salud ... [y] ninguno de los 8 especifica que las exenciones de tarifas cubrirán todos los servicios de salud, tal como recomienda la OMSOxfam International

Además de esas preocupaciones, Allana Kembabazi, de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, con sede en Uganda, subrayó que “países como Uganda, que ya han pedido prestado para mitigar la pandemia… no puede permitirse más préstamos. El Banco Mundial, en un acto de verdadera solidaridad, sólo debería conceder subvenciones para apoyar la vacunación contra el Covid-19 y fortalecer los sistemas de salud pública, que son el primer punto de llamada de los pobres”.

El Banco Mundial apoya parte de las deficiencias mundiales más amplias

Los esfuerzos del Banco Mundial complementan la iniciativa Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX), que es uno de los tres pilares del Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19 (ACT, por su sigla en inglés), lanzado en abril de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia del Covid-19. La COVAX, coordinada por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés) y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por su sigla en inglés), actúa como mecanismo de compra de vacunas y negocia acuerdos con los fabricantes de vacunas. El mecanismo está financiado con donaciones de los países naciones más ricos y no requiere contribuciones de los países más pobres del mundo. Las preocupaciones fueron esbozadas en un documento de mayo de 2020 por la East Central and Southern Africa Health Community (ECSAHC) y la Regional Network for Equity in East and Southern Africa (EQUINET) sobre la iniciativa, incluida su naturaleza limitada en el tiempo y la posible subordinación del papel de la OMS a filantrópicos más alineados con los intereses de la industria farmacéutica. El plan tiene por objetivo disponer de 2.000 millones de dosis de vacunas para finales de 2021, lo que está muy lejos de alcanzar la tasa mundial de inmunización del 70% que la OMS considera necesaria. Según la BBC, la COVAX ha recaudado USD 6.000 millones hasta la fecha y necesita al menos USD 2.000 millones adicionales para cumplir su objetivo para 2021.

Cuando el mundo superó los 2,5 millones de muertes atribuidas a la pandemia, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA Winnie Byanyima fue contundente en su evaluación de la situación en un artículo de enero para el diario británico The Guardian,  subrayando que “nueve de cada 10 personas que viven en los países más pobres están a punto de perderse una vacuna este año”, y que “la ciencia de las vacunas, el knowhow y la tecnología, pagadas en gran parte por más de USD 100.000 millones del dinero de los contribuyentes, ya no pueden ser tratadas como propiedad privada de las empresas farmacéuticas”. Un artículo de diciembre de 2020 del medio de noticias en línea The Intercept señaló que se espera que la compañía farmacéutica Pfizer obtenga USD 19.000 millones en ingresos de la vacuna en 2021, con un margen de beneficio estimado de entre el 60% y el 80%. Un informe de EQUINET de febrero señaló que el costo del cumplimiento de la meta de vacunación de África será de “entre USD 8.000 millones y USD 16.000 millones, con un 20%-30% adicional, necesario para la entrega y la administración”.

Ya en mayo de 2020, más de 140 líderes y expertos mundiales firmaron una carta abierta pidiendo una vacuna popular y exigiendo “el rápido establecimiento de un plan mundial equitativo de fabricación y distribución para todas las vacunas, tratamientos y pruebas que sea totalmente financiado por los países ricos y que garantice la transparencia ‘a precios reales’”. El llamamiento a la distribución equitativa y el intercambio de conocimientos técnicos tiene una larga historia, con la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1974 sobre el establecimiento de un nuevo orden económico, en el entendido de que “los beneficios del progreso tecnológico no son compartidos equitativamente por todos los miembros de la comunidad internacional”. La declaración pide a los países desarrollados que “promuevan la transferencia de tecnología y la creación de tecnología local en beneficio de los países en desarrollo”.

El apoyo del Banco no aborda los obstáculos estructurales al acceso equitativo

Más allá de las críticas específicas a la aplicación de la respuesta a la Covid-19 del Banco Mundial, a un nivel fundamental, no aborda los viejos obstáculos estructurales para un acceso equitativo a las vacunas: la falta de capacidad de producción y distribución local, vinculada a décadas de desindustrialización y a los obstáculos que plantea la protección de los derechos de propiedad intelectual. Como destacó el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong, en una entrevista en enero con el medio de noticias The Africa Report, África “todavía depende de importar más del 99% de sus vacunas y terapias”. Las políticas promulgadas por el Banco y el Fondo, como demostró el economista de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang, han limitado el uso por parte de los países del Sur Global de las mismas políticas utilizadas por los Estados industrializados en la capacitación para lograr un alto grado de concentración en el desarrollo y producción de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas (véase el Observador de Invierno de 2017-2018 y el Observador de Primavera de 2016). El apoyo del Banco Mundial a esta desigual capacidad de producción y distribución de vacunas es evidente con su silencio sobre la demanda de 100 países de exención de algunos aspectos del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), a fin de aumentar el acceso a las vacunas, medicamentos y tecnologías médicas necesarias para prevenir, contener o tratar el Covid-19, que fue rechazada una vez más el 11 de marzo.

El Banco Mundial parece feliz de ignorar las lecciones de la epidemia de VIH y SIDA, donde la fabricación de medicamentos antivirales genéricos en los países en desarrollo fue fundamental para permitir una disminución dramática de los precios y un aumento del acceso. Como explicaron Benjamin Hunter y Susan Murray en su artículo de junio de 2019 en la revista académica Development and Change, el Banco Mundial, en lugar de contribuir a sistemas sólidos de salud pública y a la expansión de la capacidad de producción y distribución locales, ha sido un firme promotor de la financiarización de la atención médica (véase el Observador de Invierno de 2020, el Observador de Primavera de 2017 y el Update 66). El fallido bono del Fondo de Financiación de Emergencia Pandémica (PEF) del Banco es un claro ejemplo (véase el Observador de Otoño de 2020).

Mientras que la agencia de noticias Reuters informó en enero que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, declaró que los funcionarios del Banco están “trabajando con los países para abordar… normas que dejan a los fabricantes de vacunas expuestos a demandas o juicios”, la falta de apoyo del Banco para una mayor producción local distribuida, la exención de los ADPIC y la falta de acción sobre los precios de las vacunas son profundamente problemáticas. El apoyo del Banco no aborda los costos y otros obstáculos estructurales asociados con los esfuerzos de vacunación y, de hecho, puede exacerbar la carga de deuda de algunos países.

A falta de una acción multilateral concertada, fuertemente apoyada por el Banco Mundial y el FMI, los países en desarrollo no tendrán más remedio que responder a la crisis del Covid-19 endeudándose para financiar las compras de vacunas y recortando los servicios esenciales o el apoyo a las comunidades vulnerables, mientras que las compañías farmacéuticas siguen cosechando las recompensas.