El Grupo Banco Mundial es uno de los principales financiadores de América Latina. En 2020, la región recibió USD 12.800 millones del Banco en respuesta a la pandemia del Covid-19 y espera aportar hasta USD 160.000 millones en todo el mundo durante un período de 15 meses – que termina en junio de 2021 – para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social resultante de la pandemia.
Históricamente, los préstamos del Banco Mundial han contribuido a corregir el déficit estructural de ahorro interno de la región, ya sea mediante el financiamiento directo de proyectos y programas, o mediante la movilización de otras fuentes de financiamiento público y privado. Estos programas no han estado exentos de controversia. Por ejemplo, en Brasil, según un informe del Forest People’s Programme de 2005, el apoyo proporcionado por el Banco Mundial a los planes de desarrollo en la Amazonía produjo el acaparamiento de tierras y el aumento de las tasas de mortalidad entre los pueblos indígenas afectados por enfermedades introducidas.
Debido a los impactos sociales y culturales negativos causados por los proyectos extractivos y de infraestructura financiados por el Banco Mundial, ahora se requieren mayores medidas para revertir las violaciones de derechosDenisse Linares Suárez, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Los pueblos indígenas han sido de los más afectados por los préstamos del Banco. Debido a los impactos sociales y culturales negativos causados por los proyectos extractivos y de infraestructura financiados por el Banco Mundial, ahora se requieren mayores medidas para revertir las violaciones de derechos, que reconozcan los derechos indígenas dentro de las políticas del Banco. Brasil se vio particularmente afectado por la pandemia, con al menos 930 indígenas que murieron a causa del virus.
Los pueblos indígenas se enfrentan a situaciones de violencia, exclusión y discriminación que amenazan sus derechos humanos. La matanza de pueblos indígenas sigue ocurriendo como resultado de proyectos de desarrollo, incluidos los financiados por el Banco Mundial. Este es el caso, por ejemplo, de los dos líderes de los cacataibo en Perú; así como la reserva indígena Awá, Piguambi Palangala en Colombia, donde diez líderes fueron asesinados en 2021.
Estas situaciones se han producido en esferas de controversias territoriales, donde los proyectos financiados por el Banco Mundial también han sido vinculados a violaciones de los derechos indígenas, especialmente el derecho a la participación y a la consulta. La violencia se ha intensificado ante el aumento de la vulnerabilidad, evidenciada por los fracasos estructurales de los Estados. En Perú, en 2008, el líder de ashaninka, Edwin Chota, denunció el tráfico de madera en la región de Ucayali en los tribunales locales y solicitó garantías personales para él y otros tres líderes comunitarios de Saweto, ya que habían descubierto una serie de irregularidades en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar la denuncia inicial. Después de que no se les proporcionó protección, en 2014, los cuatro líderes fueron asesinados.
Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial no tienen una política específica en materia de derechos humanos y, menos aun, de derechos indígenas, a pesar de la grave situación en la que se encuentran los pueblos indígenas (véase el Observador de Invierno de 2016). A su vez, la participación indígena se ha visto limitada por el Banco al crear directrices sin la voz del propio pueblo. Según el profesor Rodrigo Navarete, de la Universidad Austral de Chile, esta situación, junto con la participación del Banco en el desarrollo de políticas públicas en la región, convierte al “Banco Mundial en un elemento clave para la comprensión del lugar y estatus que los gobiernos asignan a las demandas indígenas, reduciéndolas y limitándolas en general a los problemas de pobreza étnica y la focalización de las políticas sociales, para convertirlas en participantes en el tipo de desarrollo que defiende el Banco”.
¿Qué mecanismos de protección proponen los indígenas?
Teniendo en cuenta este contexto, los pueblos indígenas de la región han presentado propuestas para mejorar su situación, entre ellas:
1) Adopción de protocolos de consulta previa: Se trata de documentos desarrollados por pueblos indígenas con experiencia en la aplicación de protocolos de consulta en países como Argentina, Brasil, Honduras y Nicaragua. Representan un paso adelante en el fortalecimiento de los derechos indígenas en la región desde la perspectiva de las comunidades. Los protocolos de consulta se incluyeron en el marco de la nueva Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta solicitud fue presentada por la organización paraguas indígena Coordinadora da les Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus grupos dentro de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, durante las consultas públicas del BID en 2020.
2) Reforzar y apoyar la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú: El Acuerdo tiene como objetivo garantizar “los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental” en la región. Gregorio Miraval, presidente de COICA, señala que la ratificación del Acuerdo plantea retos como “garantizar la voluntad política de respetar su contenido y naturaleza frente a los intereses de las empresas extractivas y las plantaciones de monocultivos y la relajación de la normativa medioambiental”. Las políticas del Banco deben garantizar el cumplimiento del Acuerdo, para contribuir a revertir la peligrosa situación en la que se encuentran los líderes indígenas.
3) Elaborar e implementar directrices para situaciones de riesgo: El Banco debe generar directrices para situaciones de riesgo y peligro para la vida e integridad de los pueblos indígenas para evitar la intensificación de las actividades ilegales debido a los proyectos que financia. Estas medidas deben desarrollarse conjuntamente con las comunidades y los Estados.
Estas propuestas pueden contribuir a mejorar la situación de los pueblos indígenas, pero no son suficientes. Las políticas y acciones del Banco Mundial deben basarse en las propias propuestas de los pueblos indígenas, que debe buscar de forma activa.
