En febrero, Bolivia devolvió un préstamo de USD 346 millones al FMI, alegando que el préstamo era “irregular y oneroso”. En su anuncio, el Banco Central de Bolivia dijo que el préstamo ponía en peligro “la soberanía y los intereses económicos del país”. También alegó que el acuerdo de préstamo violaba la Constitución boliviana. El préstamo se emitió en abril de 2020 en el marco del Instrumento de Financiación Rápida del FMI en respuesta a la pandemia del Covid-19. El acuerdo de préstamo se hizo con el gobierno interino de Bolivia, que llegó al poder tras la crisis política de 2019. En octubre de 2020, tras las elecciones reprogramadas al partido MAS regresó al gobierno, liderado por el nuevo presidente Luis Arce, quien recientemente criticó al gobierno interino por haber intentado un “retorno al neoliberalismo”.

La Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social (Latindadd) celebró la devolución del préstamo como una reafirmación de la soberanía de la política económica del país. Señaló que el vencimiento de cinco años del préstamo es corto en el contexto de una crisis y que, a pesar de que el préstamo no incluye condiciones formales, contiene recomendaciones relativas a medidas de consolidación fiscal a mediano plazo (véase el Observador de Otoño de 2020). Patricia Miranda, activista por la justicia boliviana en materia de deuda con Latindadd, comentó: “El préstamo del FMI habría ayudado en términos de liquidez, pero sólo habría aumentado nuestros problemas fiscales en unos años. La necesidad de financiamiento adicional es un hecho para Bolivia, pero el lenguaje de consolidación fiscal en virtud del acuerdo era preocupante y probablemente conduciría a una dependencia continua del FMI a largo plazo. Bolivia anticipó estos riesgos y dijo no a las contradicciones entre la retórica del FMI sobre la recuperación justa y las políticas dañinas reales que está poniendo en práctica en el contexto de crisis”.