En septiembre el parlamento de Nigeria retiró un polémico Proyecto de Ley Nacional de Recursos Hídricos apoyado durante mucho tiempo por el Banco Mundial. El proyecto de ley reavivó una campaña de la sociedad civil y los sindicatos para los derechos de acceso al agua contra sus disposiciones para las asociaciones público privadas (APP), tanto en la prestación de servicios de agua como en el desarrollo y gestión de infraestructuras de recursos hídricos.
El proyecto de ley fue presentado por primera vez por el gobierno nigeriano en 2017 antes de ser descartado por primera vez por el Senado, por las preocupaciones de que comercializaba el acceso al agua. El gobierno intentó aprobarlo de nuevo el año pasado, pero el proyecto de ley fue retirado por acusaciones de que violaba las reglas de la Cámara de Representantes. Organizaciones de la sociedad civil (OSC) criticaron el proyecto de ley de apoyo a las APP, que proponía disposiciones que podrían exigir a los usuarios obtener licencias para el agua.
Ya en 2014, un proyecto de riego de USD 495 millones, financiado por el Banco Mundial, pedía un “movimiento hacia un Proyecto nacional de ley de recursos hídricos” como una “demostración del compromiso de los prestatarios”. El Diagnóstico Sistemático de País para Nigeria del Banco, de junio de 2019, también presionaba para que se diera mayor prioridad al proyecto de ley.
El proyecto de ley tiene las huellas dactilares del Banco Mundial por todos lados. Quiere garantizar que la legislación nacional abra la puerta a las asociaciones público privadasPhilip Jakpor, Corporate Accountability and Public Participation Africa
La sociedad civil y los grupos de mujeres protegen el derecho al agua
Aunque el proyecto de ley ha sido rechazado, las OSC y los sindicatos siguen preocupados de que el gobierno pueda intentar reintroducirlo.
En una carta de septiembre dirigida al Presidente nigeriano Muhammadu Buhari, Benjamin Anthony, del sindicato Amalgamated Union of Public Corporations Civil Service Technical and Recreational Services Employees (AUPCTRE), con sede en Nigeria, y Akinbode Oluwafemi del Corporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA) de Nigeria, dijeron sobre proyecto de ley: “Estamos particularmente preocupados por la imposición del programa de privatización a los nigerianos y las disposiciones draconianas que lo acompañan”.
Philip Jakpor, de CAPPA, posteriormente señaló: “El proyecto de ley tiene las huellas dactilares del Banco Mundial por todos lados. Quiere garantizar que la legislación nacional abra la puerta a las asociaciones público privadas”.
Y continuó: “La parte más insultante de todo el proceso es que no hay espacio para que los ciudadanos participen en el proceso, desde su formulación hasta el debate. Estaba envuelto en secreto. Es inaceptable en una democracia. Todos necesitamos agua”.
En septiembre CAPPA y AUPCTRE, junto con Public Services International, pidieron al gobierno un “proceso comunitario” para desarrollar nuevas medidas.
Las OSC nigerianas también expresaron su preocupación de que el proyecto de ley propuesto afectara negativamente, en particular, a las mujeres. Veronica Nwanya, coordinadora de la Nigeria-based African Women Water Sanitation and Hygiene network (AWWASHNet) dijo, “Las mujeres soportan la carga de proporcionar agua para uso familiar… las implicaciones de cada cláusula del proyecto de ley sobre las mujeres y la sociedad en general no podrían ser mayores”.
La Gender and Development Network británica demostró los impactos de las APP en los derechos de las mujeres de manera más amplia en un informe conjunto de febrero con las organizaciones africanas de derechos de la mujer Femnet y Akina Mama Africa (véase el Observador de Verano de 2019).
El Banco Mundial: el cerebro de la privatización del agua
El Banco Mundial ha sido uno de los principales arquitectos de la privatización del agua en Nigeria, sobre todo en Lagos, donde la sociedad civil y las comunidades locales se movilizaron con éxito contra los intentos anteriores de privatización a través de la campaña “Our Water, Our right” lanzada en 2014 (véase el Observador de Verano de 2015 y el de Primavera de 2019).
Sin embargo, las preocupaciones sobre la privatización y la financierización de servicios básicos como el agua se han agudizado a la luz de la pandemia del Covid-19. En un artículo de octubre del diario británico The Guardian, los actuales y antiguos relatores especiales de la ONU y expertos independientes declararon: “La pandemia del Covid-19 ha puesto al descubierto las catastróficas consecuencias de décadas de privatización mundial y competencia del mercado” (véase el Observador de Invierno de 2020).
Las OSC siguen preocupadas por el fomento de la eliminación del riesgo para las finanzas privadas (véase el Observador de Octubre de 2020), en lugar de liderar una recuperación de la Covid-19 enfocada en las personas.
