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Revisión de la sostenibilidad de la deuda del FMI carente de ambición y transparencia

2 junio 2021

La coalición Cancela la Deuda exige que se cancele la deuda de los países de renta baja y media, ya que África gasta tres veces más en el pago de la deuda a los bancos y especuladores que lo que costaría vacunar a todo el continente contra el Covid-19, Londres, 2020. Crédito: Robin Prime

En febrero la junta ejecutiva del FMI aprobó un nuevo marco para evaluar la sostenibilidad de la deuda de los países que tienen acceso significativo a los mercados internacionales de capitales, tras una revisión de dos años y medio. El nuevo marco fue diseñado para predecir con mayor claridad cuándo los países están experimentando “estrés” en relación con sus obligaciones de deuda e incluye una serie de mejoras analíticas, como la capacidad de considerar múltiples horizontes temporales y tener en cuenta un conjunto más amplio de características específicas de cada país. También considera las consecuencias a largo plazo del financiamiento público para el cambio climático. Se espera que entre en funcionamiento a finales de 2021 o principios de 2022, después de que se elabore una nota de orientación sobre su aplicación.

La metodología antepone los acreedores a las personas

A pesar de las mejoras metodológicas, la revisión no abordó las viejas preocupaciones de la sociedad civil de que las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda del FMI sólo consideraran estrictamente la capacidad de un país para pagar a sus acreedores, sin tener en cuenta cómo el servicio de la deuda podría socavar su capacidad para satisfacer las necesidades de su pueblo y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El fracaso de este enfoque se ha visto magnificado por las crisis provocadas por la pandemia del Covid-19, ya que las respuestas internacionales se han basado en las determinaciones de sostenibilidad de la deuda del FMI para evaluar la necesidad de reestructuración de la deuda y los préstamos adicionales (véase el Observador de Invierno de 2020). Si bien el FMI evaluó que 76 de los 80 países que recibieron financiación de emergencia en 2020 tienen niveles de deuda “sostenibles”, en la mayoría de los casos esa evaluación se basó en que los países implementaron severas medidas de austeridad para los próximos años (véase el Observador de Otoño de 2020 y el de Invierno de 2019).

El proceso de toma de decisiones sobre préstamos del FMI se ha vuelto más opaco. La falta de transparencia permite que el Fondo continúe otorgando préstamos en situaciones insostenibles.Daniel Munevar, Eurodad

En un informe preparado para el Subcomité de la UE sobre el FMI en noviembre, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalaron que con la metodología actual, “sin apoyo financiero adicional y alivio sustancial de la deuda, los intentos de estabilizar los niveles de deuda darán lugar a que los países tengan que abandonar la aplicación de la Agenda 2030, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la Declaración de Beijing y los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático”.

’Caja negra’ del marco de toma de decisiones

Si bien la revisión mejoró los requisitos de divulgación de datos sobre la deuda de los países, el FMI mantuvo confidenciales los umbrales para determinar la sostenibilidad, citando la sensibilidad del mercado. Según Daniel Munevar, de la red de la sociedad civil Eurodad, con sede en Bélgica, “el proceso de toma de decisiones crediticias del FMI se ha vuelto más opaco. La falta de transparencia permite al Fondo seguir prestando en situaciones insostenibles”. El análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI ha sido criticado durante mucho tiempo por permitir que consideraciones políticas sesguen las decisiones crediticias del Fondo en favor de sus accionistas más grandes, lo que llevó al FMI a prestar irresponsablemente a países con cargas de deuda insostenibles, como a Grecia en 2010 y a Argentina en 2018 (véase el Observador de Otoño de 2019 y el de Primavera de 2015). En un reciente diálogo de la OSC con funcionarios del FMI, la Jubilee Debt Campaign, con sede en el Reino Unido, señaló que, a diferencia del proceso para los países de menores ingresos donde los umbrales son públicos, esta opacidad también significa que otros acreedores desconocen los términos de un rescate si la deuda se vuelve insostenible, con lo que se pierde la oportunidad de que se desincentiven para otorgar préstamos riesgosos.