Durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI en abril, el FMI se enfrentó a una tormenta en las redes sociales en Kenia que criticaba a la institución por aprobar un préstamo de USD 2,340 millones al país de África oriental en medio de acusaciones de corrupción generalizada y preocupaciones sobre sus altos niveles de deuda. Los eventos virtuales oficiales de las reuniones se interrumpieron y más de 230.000 “cansados contribuyentes kenianos” firmaron una petición para suspender el desembolso del préstamo hasta que una nueva administración keniana más responsable entre en funcionamiento. La petición lamentaba que “los kenianos no tienen nada que mostrar por los préstamos anteriores del FMI, mientras que los precios de los productos básicos, como el combustible, se están disparando”. Wangari Kinoti, activista feminista keniana y asesora de políticas internacionales de ActionAid, tuiteó en ese momento: “Toda la actividad keniana contra el FMI en los últimos días es alentadora, pero me gustaría que incluyera una crítica más amplia de lo que viene con los préstamos del FMI”. En el paquete de financiamiento de tres años en cuestión, el personal técnico del FMI pide nuevas reducciones en la masa salarial pública y la eliminación de las exenciones del impuesto sobre el consumo, incluido el de los combustibles.

En junio se pusieron en marcha iniciativas ciudadanas similares en Nigeria y Uganda en las que se pedía la suspensión de los desembolsos de préstamos del FMI. En Camerún 20 mujeres líderes enviaron una carta al FMI pidiendo que se suspenda un préstamo pendiente hasta que se hayan contabilizado plenamente dos préstamos del FMI por un total de USD 382 millones desembolsados al país. El nuevo préstamo llega en un momento en el que Camerún ya ha solicitado un alivio de la deuda de emergencia que probablemente estará condicionado a su compromiso de “volver a la senda de consolidación fiscal” en la recuperación. En junio el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, señaló que el Fondo había acordado medidas de lucha contra la corrupción con Camerún. Sarah Saadoun, de Human Rights Watch de Nueva York, quien investigó la implementación de estas medidas y encontró que los esfuerzos del FMI eran insuficientes, comentó que “el escándalo de corrupción de la Covid-19 que sacude a Camerún muestra el alto costo de que el FMI trate la lucha contra la corrupción y la transparencia como si fuera un ejercicio multiple opción en lugar de un medio para garantizar la supervisión pública sobre el gasto público”.