En febrero el sitio de noticias en línea Clean Energy Wire informó que la compañía energética alemana RWE ha demandado al gobierno holandés “por pagos de compensación en relación con los planes de eliminación gradual del carbón del país” en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (véase Al interior de las instituciones, CIADI). El artículo señala que, “en contraste con la salida planificada del carbón de Alemania, la ley holandesa de eliminación gradual para la fuente de energía fósil no estipula una ‘compensación adecuada’ para los operadores de la planta”. Según un informe de marzo del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO, por su sigla en holandés), con sede en los Países Bajos, RWE “quiere EUR 1.400 millones en compensación por daños resultantes de una nueva ley, adoptada en diciembre de 2019, que prohíbe el uso de carbón para la producción de energía a partir de 2030”.

En un informe separado, que se centró en el uso por parte de la compañía anglo-holandesa de petróleo y gas Royal Dutch Shell del mecanismo de arbitraje de diferencias inversionistas-estados (ISDS, por sus sigla en inglés) para frustrar los esfuerzos estatales por trabajar hacia una transición energética verde y justa, SOMO destacó que “casi una quinta parte de los más de 1.000 casos del ISDS registrados están relacionados con inversiones en combustibles fósiles”, incluyendo la extracción y el transporte de petróleo y gas, el suministro y combustión de gas, la refinación de petróleo y la extracción de carbón. Estos informes agregan evidencia adicional del poder del enfriamiento regulatorio producido por la amenaza de acción en tribunales de arbitraje internacionales como el CIADI, que amenaza la acción climática y socava las respuestas estatales a la pandemia de Covid-19 (véase el Observador de Verano de 2020 y el de Invierno de 2020).