En noviembre el Banco Mundial actualizó su política de adquisiciones para incluir un mecanismo de inhabilitación que incapacite a los contratistas durante dos años si se determina que violan sus normas sobre violencia de género (VG). El mecanismo se aplica a los grandes contratos de obra aprobados después del 1 de enero de 2021. Tiene como objetivo abordar la violencia de género y la explotación y abusos sexuales en proyectos financiados por el Banco Mundial, después de que en 2017 un proyecto de carreteras de Uganda financiado por el Banco fuera cancelado debido a las denuncias de abuso contra mujeres y niñas por parte de trabajadores de la construcción (véase el Observador de Primavera de 2017).
El mecanismo fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre violencia de género del Banco, lanzado en octubre de 2016 en respuesta a las acusaciones planteadas en el proyecto de carreteras (véase el Observador de Otoño de 2017).
Sin embargo, existe la preocupación de que el mecanismo podría disuadir a las comunidades de denunciar la VG. Elana Berger, del Bank Information Center de Estados Unidos, dijo: “Hay serias preocupaciones con este mecanismo. Las comunidades fueron fundamentales a la hora de plantear cuestiones de explotación sexual en torno a los proyectos y deben participar en todas las reformas”.
Elana también destacó las preocupaciones con el acceso a la junta que supervisa el cumplimiento de la política, afirmando: “El hecho de que las comunidades no puedan conectarse con la Junta Independiente o participar en investigaciones significa que este mecanismo rinde cuentas a los más afectados por sus decisiones”.
También se teme que, debido a que la política sólo se aplica a proyectos que se consideran de alto riesgo, esto podría desincentivar al Banco de categorizar los proyectos como tales. Los contratistas y prestatarios del proyecto también están estrechamente involucrados en la selección de la junta, lo que plantea más preocupaciones sobre su independencia.
