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Análisis

Estabilidad económica con inestabilidad social: El FMI y las protestas por la austeridad en Colombia

1 September 2021 | Análisis externo | Traducción:Gustavo Alzugaray

Colombians protestors march against tax reform. Credit: Remux

Colombia, según el Banco Mundial, es uno de los cinco países más desiguales a nivel mundial. Esto es en parte el resultado de su estructura tributaria regresiva que, tras 15 reformas en los últimos 30 años, ha evolucionado para aumentar la prevalencia de impuestos indirectos como el regresivo impuesto al valor agregado (IVA) y reducir los impuestos directos, como los que gravan a las empresas. Cada reforma ha introducido nuevas excepciones que suman más de 230 exenciones fiscales diferentes, lo que representa una pérdida fiscal anual de aproximadamente USD 4.500 millones.

El país ha entrado en una trampa de austeridad, tras las exigencias del FMI sobre múltiples programas de ajuste estructural a cambio de préstamos para resolver sus problemas de balanza de pagos. La última cuota de préstamo de USD 5.400 millones tuvo lugar en diciembre de 2020, y fue seguida en febrero de 2021 por recomendaciones del FMI para aumentar aún más el IVA y ampliar la base del impuesto sobre la renta de las personas.

En abril el gobierno del presidente Iván Duque presentó al Congreso la recomendación tributaria del FMI, que tenía como objetivo recaudar unos USD 7.500 millones de dólares en ingresos adicionales por año. Estos ingresos se recaudarían principalmente de la clase media, que ya se ha visto fuertemente afectada por el bajo crecimiento económico reciente, agravado por la pandemia. Según el Gobierno, el propósito de la reforma tributaria es financiar programas sociales para los más pobres de Colombia. Pero una mirada más cercana a la reforma revela que el 58% de los nuevos recursos se dedicarán a pagar la deuda nacional de Colombia.

El país ha entrado en una trampa de austeridad, tras las demandas del FMI sobre múltiples programas de ajuste estructural a cambio de préstamos para resolver sus problemas de balanza de pagos.

En respuesta a la reforma fiscal propuesta, el 28 de abril se convocó una huelga nacional por parte de sindicatos y organizaciones sociales. La huelga ha durado más de sesenta días, con grandes protestas en las principales ciudades del país. Ha provocado la retirada del proyecto de reforma tributaria, la renuncia de varios ministros y las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado.

Los orígenes del descontento

La crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980 llevó a una ola de intervenciones del FMI, que otorgó préstamos a cambio de medidas de austeridad fiscal (véase el Observador de Verano de 2019). La relativa estabilidad macroeconómica y el control de la inflación ha tenido un alto coste social, incluido el aumento de la desigualdad (véase el Observador de Verano de 2021), lo que ha provocado protestas sociales masivas en toda Colombia desde 2019. Mientras que los préstamos fluyeron y los ajustes fiscales avanzaron, el Estado colombiano no tomó la decisión política de corregir los déficits sistemáticos de la cuenta corriente, causados por una globalización desequilibrada apoyada por las políticas del FMI.

Colombia exporta materias primas y recursos naturales e importa bienes elaborados. Como era de esperar, el país no gana suficientes dólares en estas exportaciones para pagar sus importaciones y, además, con la ambición de atraer inversión extranjera, Colombia ha erosionado su base impositiva. Como tal, lo que ha tenido prioridad es la creciente informalidad de las empresas y el trabajo, que impide a la población obtener ingresos suficientes para una mejor calidad de vida.

Un modelo fallido para la recuperación

La pandemia empeoró la situación y el gobierno de Duque no pudo inyectar recursos en la economía para permitir una mejor respuesta sanitaria y apoyo a los ingresos durante el confinamiento nacional. Por el contrario, el Estado volvió al enfoque clásico y fracasado de los préstamos a cambio de austeridad: El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha revelado que espera una reducción del gasto público del 7% del PIB entre 2021 y 2026.

¿Cómo se podría esperar una recuperación económica sin la fuerza de un gasto público suficiente para poner en marcha la maquinaria de la economía? La respuesta es simple: No habrá reactivación porque no ha habido una sola reforma del aparato productivo ni de la política empresarial. La aspiración más alta solo puede ser un retorno a la inaceptable situación de 2019.

Si no hay un cambio en la estructura productiva, con una economía capaz de producir bienes y servicios con transformación de media y alta tecnología, en contraposición a la extracción de recursos naturales, será imposible corregir los problemas económicos fundamentales de Colombia.

El mercado, a pesar de su supuesta capacidad para canalizar eficientemente la inversión, fue incapaz de dirigir los recursos necesarios hacia la salud, la educación, la investigación científica, la infraestructura y el acceso a las necesidades de crédito de la economía, que en realidad requerían un gran nivel de intervención estatal. La solución para Colombia es acceder a recursos con bajas tasas de interés o financiamiento sin deuda, como los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI (véase el Observador de Primavera de 2021).

Esto le permitiría invertir en sectores vitales como la agricultura y la manufactura que son capaces de generar ganancias y empleo que reducen el déficit comercial del país.

El país también puede considerar la reestructuración de su deuda o la utilización de sus reservas de divisas para apoyar el gasto público. De este modo, no sería necesario en el futuro aceptar los préstamos no favorables del FMI ni sus recomendaciones de política. También sería posible fortalecer la estructura de ingresos de Colombia deteniendo la fuga de capitales a los centros financieros mundiales. Solo una reforma fiscal, empresarial y de productividad de esta magnitud conducirá al retorno de la estabilidad social en el país y le permitirá buscar una recuperación justa de la pandemia.