En mayo el ex-experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, escribió una carta abierta pidiendo que se ponga fin al uso de recargos por parte del FMI, ya que estos cargos adicionales limitan la capacidad de los países del Sur Global para responder a la pandemia de Covid-19 y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos durante una crisis de deuda que empeora (ver el Dispatch de Primavera de 2021). Desde la crisis financiera asiática de 1997, el FMI ha tratado de “generar ingresos para permitir que el Fondo acumule saldos preventivos” y desincentivar a los países de tener una dependencia excesiva de la financiación del FMI. Lo hace penalizándolos por pedir préstamos más allá de su cuota asignada del FMI (véase el Observador de Invierno de 2019) y por mantener los préstamos durante períodos prolongados cobrando una prima sobre los costos de los préstamos. Estos recargos basados en cuotas y plazos se han convertido en una importante fuente de ingresos para el FMI. Como señaló el profesor Kevin Gallagher en un artículo de marzo en el periódico del Reino Unido, The Financial Times, “el FMI estima que los recargos se han convertido en la mayor fuente de ingresos del Fondo, representando casi la mitad de los ingresos” y contribuyendo con más de USD 1.000 millones en ingresos para el año fiscal 2020. Advirtió que: “estos recargos a menudo pueden llevar a la triplicación de los costos de deuda”, una grave preocupación a medida que los países luchan por responder a la pandemia de Covid-19 en medio de altos niveles de deuda (véase el Dispatch de Primavera de 2021).
Haciéndose eco de las preocupaciones del profesor Gallagher, la carta abierta, firmada conjuntamente por el actual EI de la ONU sobre deuda y derechos humanos y la Confederación Sindical Internacional, destacó que “los mismos países más necesitados de asistencia financiera tendrán que pagar más de USD 4.000 millones en recargos adicionales además de los pagos de intereses y otros honorarios desde el comienzo de la crisis hasta finales de 2022”. En la carta se señalaba que los recargos son procíclicos, discriminan entre países en función de su fortaleza económica y, por lo tanto, pueden contradecir el derecho internacional.
En la carta se argumentaba que los recargos también podían contravenir otro principio básico de los derechos humanos internacionales, porque impedían a los Estados generar, asignar adecuadamente y hacer uso máximo de los recursos de que disponían para avanzar lo más rápidamente posible hacia el logro de la plena realización de los derechos humanos. En consecuencia, pide a “los países del Norte Global que garanticen, a través de sus propias contribuciones, que el FMI cuente con una financiación adecuada y equitativa para llevar a cabo la función que le han sido encomendadas”.
Los mismos países que más necesitan asistencia financiera tendrán que pagar más de USD 4.000 millones en recargos adicionales ... desde el comienzo de la crisis hasta fines de 2022Juan Pablo Bohoslavsky
El comunicado de abril del Grupo de los 24 principales países en desarrollo también pidió al FMI que “corrija el carácter regresivo y procíclico” de la política (véase el Dispatch de Primavera de 2021). En mayo Bloomberg citó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuando declaró: “Espero su suspensión [de los recargos] durante la pandemia. Espero que la junta directiva del FMI discuta esto en su reunión de octubre y, de una vez por todas, los elimine”. La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respondió en mayo que ella, “tomó nota de la petición del presidente Fernández y… consultará con los miembros sobre este tema”. En mayo el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, subrayó que “cualquier revisión es prerrogativa de la Junta Ejecutiva”, y añadió que “los recargos son una parte importante de lo que llamamos nuestro marco de gestión de riesgos”.
