El 1 de julio, la junta directiva de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos del sector privado del Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el brazo de seguros de riesgo político del Banco Mundial, anunciaron que habían finalizado el desarrollo de una nueva política para el defensor del pueblo (CAO, por sus sigla en inglés), el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI y el OMGI.
En respuesta a la nueva política, Carla García Zendejas, de la organización de la sociedad civil (OSC) Center for International Environmental, con sede en Estados Unidos, destacó que, “si bien los cambios en las operaciones en la CAO son bien recibidos, el objetivo central de este proceso de reforma debe ser transformar el compromiso de la CFI de proporcionar remedio para las comunidades que han sido perjudicadas por los proyectos de desarrollo financiados por la CFI”. Margaux Day, de la CSO Accountability Counsel, con sede en Estados Unidos, estuvo de acuerdo: “El CAO facilita el acceso a la reparación, pero la CFI y, en última instancia, el OMGI debe proporcionarlo”. A pesar de la fortaleza general de la política, a las organizaciones de la sociedad civil les preocupaba que, no obstante, diluyera partes del mandato del CAO, incluso restringiendo la decisión del director general del CAO de investigar; los proyectos pendientes de aprobación de la junta ya no son elegibles para la revisión del CAO, los reclamos elegibles no se publicarán hasta la conclusión de la fase de evaluación y los reclamos no elegibles no se publicarán en absoluto.
La nueva política se desarrolló después de una revisión externa del marco de rendición de cuentas ambiental y social de la CFI y el OMGI. La revisión, publicada en agosto de 2020, incluyó una evaluación del papel y la eficacia del CAO (véase el Observador de Invierno de 2019). En mayo 24 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado con comunidades que buscan reparación por los daños causados por la CFI y el OMGI presentaron comentarios a un borrador de política del CAO publicado en abril. En la comunicación se planteaba preocupación por la mencionada dilución del mandato del CAO adoptada en la política final.