En marzo el FMI publicó el resumen de algunos de sus trabajos más recientes sobre evaluación del impacto de género, como parte de un proyecto de investigación bilateral más amplio del FMI financiado por el Reino Unido. El documento de síntesis señaló un posible cambio en la atención del FMI, que se aparta de los impulsores macroeconómicos de la desigualdad de género y se orienta hacia una mayor instrumentalización de las mujeres para el crecimiento económico. A medida que la nueva asesora principal de género del FMI, Ratna Sahay, que fue nombrada para el cargo recién creado en abril, asuma su cargo, las organizaciones de derechos de las mujeres estarán observando para ver si el FMI hará frente a las formas en que su asesoramiento político básico sigue socavando los derechos de las mujeres.
En el documento se describían varios estudios de países del FMI realizados entre 2018 y 2020 como parte de su trabajo de vigilancia que tuvo como objetivo medir los beneficios económicos de cerrar ciertas brechas de género. En Sierra Leona, por ejemplo, el FMI constató que cerrar las brechas de género en la educación podría “impulsar el PIB un impresionante… 40%”. En Senegal el FMI llevó a cabo una simulación en la que la aplicación de políticas contra la discriminación hizo crecer el PIB en un 5%. Se llevaron a cabo ejercicios similares en Irán, la República Democrática Popular de Laos y Nigeria. Este enfoque de investigación también se ha replicado en el Banco Mundial, produciendo un estudio en 2019 sobre Níger que describe los “costes económicos” de la desigualdad de género, incluida la consideración de las tasas de fertilidad de las mujeres que, si se reducen, según el Banco, produciría “ahorros presupuestarios”. En las conclusiones de esta investigación sobre la necesidad de cerrar estas brechas de género de alguna manera, el FMI y el Banco Mundial ignoran las barreras macroeconómicas estructurales para lograr la igualdad de género, que incluyen su propia adhesión continua al asesoramiento fiscalmente restrictivo en materia de políticas y las condiciones de los préstamos en el Sur Global.
La nueva dirección de la investigación niega la oportunidad de un cambio transformador
Si bien la labor del FMI en materia de género, desde su creación en 2013, se ha centrado sistemáticamente en la defensa económica de la igualdad de género, estos últimos estudios se producen después de que el FMI abriera la puerta a examinar los efectos perjudiciales de género de su propio asesoramiento en materia de políticas macroeconómicas en 2018, cuando publicó orientaciones para el personal sobre la puesta en práctica de las cuestiones de género a nivel nacional. Esa orientación reconoció lo que ha sido establecido durante mucho tiempo por el movimiento por los derechos de las mujeres, que “algunas políticas macroeconómicas recomendadas por el personal del FMI”, como los recortes presupuestarios en los subsidios, los programas sociales y la masa salarial del sector público, “podrían exacerbar la desigualdad de género”. En la nota se instruía al personal que considerara una combinación de políticas alternativa en estos casos, exponiendo un posible camino para que el personal del FMI se alejara de algunos de los consejos de política más perjudiciales para los derechos de las mujeres.
Las políticas que todavía se recomiendan comúnmente en los programas de supervisión y préstamos del FMI, especialmente la consolidación fiscal, la tributación regresiva y la flexibilización laboral, han exacerbado la feminización de la pobreza.Civil society letter to Managing Director Kristalina Georgieva, 2019
Para ayudar al personal técnico a determinar qué políticas podrían exacerbar la desigualdad de género, el FMI elaboró un marco de modelización para analizar los efectos de las reformas macroeconómicas en la desigualdad de género. La primera iteración de este trabajo de modelización se llevó a cabo en Argentina en 2017, donde el FMI examinó los impactos de un recorte de impuestos en la participación de las mujeres en la fuerza laboral y la brecha salarial de género. Si bien el enfoque del FMI siguió siendo poco sistemático y estrecho, la comprensión de que el asesoramiento convencional del FMI en materia de políticas macroeconómicas pueda afectar a hombres y mujeres de manera diferente y que esta diferencia deba ser medida y tenidas en cuenta por los encargados de la formulación de políticas macroeconómicas, fue un avance positivo (véase BWP, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change). Este trabajo fue citado en la nota de género del FMI de 2018 como un ejemplo de cómo considerar los impactos diferenciales de género de una reforma de política macroeconómica convencional.
Por lo tanto, es preocupante la posterior regresión de la labor de evaluación del impacto de género del FMI alejándose del examen de las consecuencias del asesoramiento convencional del FMI en materia de políticas macroeconómicas para cerrar las brechas de género. Niega la capacidad de esta labor de evaluación de impacto de revelar cómo las reformas de política propuestas por el FMI podrían exacerbar la desigualdad de género y, por lo tanto, no ofrece una vía basada en la evidencia para que el personal del FMI se aleje de algunos de sus consejos de política más perjudiciales. Incluso cuando el FMI consideró las implicaciones de género de la política fiscal en una nota de debate del personal técnico de 2020, éste optó por centrarse en las intervenciones fiscales que se consideran como “promoción” de la igualdad de género, sin reconocer una crítica feminista central de que la mayor parte del asesoramiento normativo convencional del FMI socava la igualdad de género y los derechos de las mujeres, particularmente en el Sur Global (véase BWP, Positioning women’s rights and gender equality in the macroeconomic policy environment).
Este enfoque hace oídos sordos al largo trabajo de muchas organizaciones de derechos de las mujeres y economistas feministas. En una carta de 2019 dirigida a la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, 67 organizaciones de la sociedad civil describieron que el impacto del FMI en la igualdad de género radica ante todo en su adhesión histórica y continua a la “consolidación fiscal, la fiscalidad regresiva y la flexibilidad laboral”, [que] han exacerbado la feminización de la pobreza [y empujado] a las mujeres a trabajos informales y de bajos salarios, han aumentado sus cargas de cuidados no remunerados e impactado negativamente en su acceso a la educación, la salud y la protección social… particularmente en el Sur Global”. Estos grupos han pedido un y otra vez que las evaluaciones de impacto de género de las reformas macroeconómicas se lleven a cabo sistemáticamente en todo el trabajo del FMI, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las evaluaciones de impacto en los derechos humanos de los programas de reforma económica adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019 (véase el Observador de Primavera de 2019).
Los costes humanos de la consolidación fiscal son más altos que nunca
Centrarse en los costos humanos de la consolidación fiscal es particularmente urgente en el contexto del entorno fiscal extremadamente limitado de la recuperación de la Covid-19 en el Sur Global. Los países miembros del FMI requieren un análisis sólido y todas las opciones de política sobre la mesa para sopesar cuidadosamente lo que el FMI ha descrito como “difíciles compensaciones”. En este contexto, el FMI debe priorizar la comprensión de las implicaciones de su continuo asesoramiento restrictivo de política fiscal, que se proyecta que se implementará en 154 países este año, afectando a 6.600 millones de personas para el próximo año, según el último informe de austeridad global de Ortiz y Cummins (véase el Observador de Otoño de 2020).
Si bien el FMI podría, en teoría, comprometerse a examinar tanto los efectos de las reformas de las políticas macroeconómicas en materia de género como los efectos económicos de la mejora de la igualdad de género, en la práctica, sus recursos para llevar a cabo una labor específica de evaluación de las repercusiones en materia de género son sumamente limitados. Si bien el FMI presentó un presupuesto a mediano plazo en mayo que propone el primer aumento del presupuesto operativo del FMI en una década, no prevé evaluaciones sistemáticas y de impacto de género en todas sus operaciones, reflejado también en la falta de énfasis en la evaluación de los impactos de género en la Revisión Integral de la Supervisión (CSR, por su sigla en inglés) (véase el Observador de Verano de 2021). En este contexto, es imperativo que el FMI dirija sus limitados recursos de género a donde más se necesitan y, a medida que el FMI prepara la nota de orientación del personal técnico sobre la aplicación de la CSR, dé prioridad a proporcionar orientación inequívoca y detallada a su personal sobre exactamente cómo identificar y abordar los efectos adversos de género de las reformas de política macroeconómica respaldadas por el FMI en la práctica.
