El FMI propuso discretamente un aumento importante en la capacidad del personal técnico para trabajar en temas de clima a fines de julio, como parte de una estrategia sobre el clima para toda la institución, incluso cuando las dudas sobre su enfoque persisten.

Un nuevo documento del personal técnico publicado el 30 de julio, Strategy to Help Members Address Climate Change Related Policy Challenges: Priorities, Modes of Delivery, and Budget Implications, propuso sumar hasta 95 funcionarios para incrementar la capacidad del FMI de abordar los problemas climáticos, incluyendo su labor de supervisión, capacitación y análisis de sostenibilidad de la deuda.

Sin embargo, la evaluación del documento por parte de la junta directiva del FMI pareció no respaldar plenamente el aumento de capacidad propuesto al señalar que: “esperaba evaluarlo, junto con otras solicitudes de financiamiento, durante la discusión del presupuesto general del FMI”, que debe ocurrir a fines de 2021.

La ortodoxia de las políticas del Fondo en gran parte del Sur Global, que a menudo prioriza la consolidación fiscal y los aumentos en las exportaciones intensivas en carbono, no está alineada con los planes climáticos nacionales de los países.

La estrategia llega cuando las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y académicos han puesto de relieve los impactos negativos en materia de clima de los recientes consejos de política del FMI (véase el Dispatch de Primavera de 2021 y el de Anuales de 2020).

Esto incluye un informe publicado por ActionAid USA y el Bretton Woods Project a finales de agosto. La investigación, basada en una revisión de la supervisión bilateral del FMI en sus estados miembros desde que se firmó el Acuerdo de París, en diciembre de 2015, constató que el FMI ha estado socavando la transición energética justa en muchos países, incluso a través del apoyo a la expansión de la infraestructura de combustibles fósiles en más de la mitad de sus miembros (105 países). El informe argumenta que la ortodoxia de políticas del FMI en gran parte del Sur Global, que a menudo prioriza la consolidación fiscal y el aumento de las exportaciones intensivas en carbono, no está en línea con los planes nacionales de los países en materia de clima.

Vigilancia: una prioridad clave de la estrategia del FMI para el clima

Entre los componentes clave de la estrategia para el clima propuesta por el FMI se encuentra un aumento significativo de la cobertura del clima en su labor de supervisión (véase Al interior de las instituciones, Vigilancia del FMI). El Fondo está tratando de cubrir diferentes aspectos de la ‘condición macrocrítica’ del clima (o por qué el clima es inmediatamente relevante para la estabilidad macrofinanciera de los países) en 60 países por año en virtud de la propuesta (en la actualidad, un aumento de entre 8 y 12 por año).

La estrategia propone examinar las cuestiones de adaptación y resiliencia en los informes del Artículo IV (los “chequeos de salud” económica anuales del FMI a sus miembros) en 20 países cada año que son particularmente vulnerables a los impactos físicos del cambio climático (es decir, donde las tormentas, inundaciones u otros impactos amenazan con causar daños económicos significativos). Del mismo modo, el FMI está tratando de involucrar de manera proactiva a los 20 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo en cuestiones de mitigación del cambio climático en sus informes del Artículo IV, con una propuesta de 6 ó 7 informes anuales enfocados en este tema.

Significativamente, la estrategia también incluye un fuerte énfasis en la ‘gestión de la transición’ a una economía baja en carbono (un reconocimiento por parte del Fondo de que desenganchar a sus miembros de los combustibles fósiles implicará atravesar desafíos macroeconómicos considerables, particularmente para los países que dependen en gran medida de los ingresos de fuentes intensivas en carbono). En la estrategia se señala que “la gestión de la transición es un desafío de política macrocrítico para casi todos los países miembros del FMI” y que las consecuencias macroeconómicas de cumplir con los planes nacionales en materia de clima son una de las áreas destacadas por el FMI. Como tal, el Fondo propone examinar la cuestión en los informes del Artículo IV en todos los países una vez cada 5 ó 6 años, es decir, 25 informes anuales enfocados en el tema.

¿Asesoramiento político para un futuro equitativo?

A pesar de ser cautelosamente optimistas sobre los intentos del FMI de integrar el cambio climático en su mandato, la sociedad civil y los académicos han destacado que esta es una desviación significativa del asesoramiento actual del Fondo en materia de políticas.

La investigación del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, publicada en marzo de 2021, constató que solo tres informes del Artículo IV mencionaron los riesgos de la transición relacionados con el cambio climático en 2020. Los dos informes del Artículo IV que señalaron el riesgo de que los activos fósiles quedaran ‘varados’ por la transición al bajo carbono también dieron asesoramiento contradictorio sobre la necesidad de impulsar la inversión en sectores intensivos en carbono.

El informe de ActionAid USA y Bretton Woods Project documentó que, además del apoyo a la expansión de la infraestructura de combustibles fósiles, otras características comunes del asesoramiento de política del FMI en su supervisión también son contrarias a lograr una transición energética justa, en particular, en las economías emergentes y en desarrollo.

El consejo habitual del FMI de que los países apunten a la consolidación fiscal tiene implicaciones para la transición energética: El informe concluye que el Fondo ha apoyado la privatización de empresas estatales en el sector de la energía en 69 países. Esto puede plantear desafíos para coordinar la eliminación rápida de la energía basada en combustibles fósiles necesaria para cumplir con los objetivos mundiales en materia de clima, incluyendo que los activos de combustibles fósiles privatizados terminen siendo propiedad de inversores extranjeros. Dichos inversores han demandado cada vez más a los Estados en los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados (como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial), cuando éstos intentan retirar estos activos antes de tiempo (véase el Observador de Verano de 2021).

El informe también constató que los esfuerzos del FMI para reducir los subsidios a los combustibles fósiles (presentes en 71 países) se centraron principalmente en los subsidios del ‘lado de la demanda’, en lugar de en los subsidios a la producción de combustibles fósiles. Sin alternativas de energía limpia, que a menudo faltan en las economías emergentes y en desarrollo, es poco probable que esta política reduzca las emisiones a escala, lo que resulta en precios de la energía más altos para los del Sur Global, en lo que se ha denominado ‘ajuste estructural verde’ (véase el Observador de Otoño de 2021).

El informe pide al FMI que elabore una orientación clara para el personal sobre la gestión de los riesgos de transición que garantice que, como mínimo, las prescripciones de política del Fondo ‘no causen daño’. El documento pide que el asesoramiento del FMI sobre los subsidios a la energía esté “firmemente integrado en los diálogos nacionales de transición justa de los países” y, además, que el FMI cree una visión institucional sobre la política industrial sostenible “que faculte a las operaciones del FMI a apoyar estrategias efectivas y coordinadas para la transformación sectorial y económica”, como parte de una reevaluación de su asesoramiento sobre las privatizaciones.