Tras la histórica asignación del FMI en agosto de USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional del FMI, gran parte de la atención se ha centrado en la encontrar la mejor manera en que los países ricos puedan canalizar parte de sus nuevas asignaciones de DEG a los países de ingreso bajo y medio (L/MIC) (véase el Observador de Otoño de 2021). Pero de importancia más inmediata para determinar la capacidad de los países para responder a sus crisis sanitarias y económicas es la forma en que los LIC y MIC utilizarán sus propias asignaciones de DEG designadas.
A lo largo de la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han presionado al FMI para que asigne DEG para apoyar a los países en desarrollo. En febrero de 2021 más de 200 OSC pidieron al G20 y al FMI que aprobaran una asignación que “liberaría los fondos que se necesitan con urgencia para la respuesta a la pandemia, incluidos los sistemas de salud pública sensibles al género, la protección social universal y el despliegue integral de vacunas”. La idea, en resumen, era que se necesitaba una asignación de DEG para responder a la crisis económica exacerbada por la pandemia, al tiempo que ayudaba a evitar una nueva ola de austeridad promovida por el FMI.
Si bien persisten las preocupaciones sobre la equidad en la distribución de los DEG entre los países, las sumas que alcanzan los LIC (USD 21.000 millones) y los MIC (USD 230.000 millones) son significativas. La cantidad de DEG que recibió Uganda, por ejemplo, excede su presupuesto anual de salud y se estima que la asignación de Senegal es el 300% de los niveles anteriores de reservas exteriores del país.
Estos fondos están a disposición de los gobiernos en este momento y podrían utilizarse para contrarrestar la austeridad prevista en los países en desarrollo (véase el Observador de Otoño de 2021). Tal como argumentó Oxfam en agosto, “la decisión sobre cómo usar los DEG puede ser crítica: podrían permanecer en las reservas del banco central, y ayudar a mantener el status quo de la austeridad, o podrían usarse para reducir las desigualdades y como una herramienta para establecer el camino hacia opciones de política alternativas, alejándose de la austeridad”.
El papel que debe desempeñar el FMI
En los últimos meses ha retumbado el debate sobre los DEG ‘ahorrar o gastar’. Tal como señaló la coalición sudamericana de OSC Latindadd en una publicación de agosto: “Se ha argumentado que los DEG son solamente activos de reserva y solo deben ser utilizados (intercambiados) excepcionalmente para fines de balanza de pagos, exclusivamente por parte de los bancos centrales”, mientras que otros argumentan que deben usarse como recursos fiscales.
La decisión es políticamente compleja, en parte debido a las opiniones a menudo opuestas de los bancos centrales y los bonos del Tesoro, exacerbadas por el aumento de la independencia de los bancos centrales respaldado por el FMI (véase el Observador de Verano de 2021). En México, por ejemplo, el banco central ha declarado que sólo dará al gobierno acceso a los DEG a precios de mercado y rechazó además la afirmación del gobierno de que los DEG podrían utilizarse para pagar la deuda.
A su favor, en su nota de orientación sobre la asignación de DEG, el FMI fue relativamente positivo en cuanto a la posibilidad de usos fiscales de la asignación, al afirmar que la asignación “proporcionará margen para el gasto en la respuesta a la crisis de los miembros, ayudando así a proteger a los más vulnerables” y sugerir que el gasto ahora puede impulsar la sostenibilidad de la deuda.
Sin embargo, los expertos dicen que el FMI debe ir más allá para garantizar que los países reciban el apoyo necesario para utilizar los DEG de manera positiva. Tal como sostiene el economista ecuatoriano Andrés Arauz, “los países en desarrollo (y sus banqueros centrales) necesitan la seguridad del FMI, no la ambigüedad calculada, de que los gobiernos pueden usar los DEG como apoyo presupuestario. El FMI no debe quedarse en “es una cuestión de derecho interno”. Su guía reciente necesita una actualización paso a paso para incluir todas las vías legalmente viables y contables para la rápida utilización de los DEG como apoyo presupuestario a las prioridades estratégicas y las necesidades esenciales. Si no se resuelve al acceso de los más necesitados a la asignación de los DEG, la decisión de las principales autoridades de los gobiernos de emitirlos no tendrá efecto para las personas sobre el terreno”.
