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Análisis

Retórica y práctica del FMI sobre las restricciones salariales del sector público: continúan los consejos de recortar el gasto a pesar de la pandemia del Covid-19

14 October 2021 | Análisis externo | Traducción:Gustavo Alzugaray

A man undergoes a Covid-19 test in Ecuador. Credit: Shutterstock.

Hace más de 15 años ActionAid documentó el impacto de los topes salariales impuestos por el FMI al sector público como condición explícita de los préstamos en los países de ingreso bajo, mostrando cómo éstos bloquearon el progreso en la educación y en las respuestas al VIH/SIDA. Tras tres años de investigación y cabildeo constantes, en 2017, el FMI retrocedió y eliminó la condicionalidad de los topes salariales del sector público en sus programas de préstamos en todo el mundo. La junta ejecutiva del FMI dijo en ese momento que “recibía con beneplácito la incidencia decreciente de tales límites máximos en los programas respaldados por el FMI” y que esperaba prescindir de ellos por completo, usándolos mientras tanto solo “en casos excepcionales”.

Este dramático cambio de política, que cuestiona uno de los pilares de la austeridad, ocurrió en un momento en el que el FMI se enfrentaba a una influencia y legitimidad cada vez menores, justo antes de la crisis financiera de 2007-2008, que envalentonó a la institución. Desde entonces, el FMI ha reconstruido su poder y ha dejado de lado su aspiración de prescindir del uso de las restricciones salariales, haciendo uso rutinario de ellas como parte central de su asesoramiento de política coercitiva. El informe Who Cares for the Future, de ActionAid, publicado en abril de 2020, mostró que el FMI recomendó que los gobiernos redujeran o congelaran las facturas salariales del sector público en el 78% de los países, durante los tres años anteriores. Esto aumentó al 90% cuando revisamos los datos en octubre de 2020, como se muestra en el informe The Pandemic and the Public Sector, que analizó el impacto inicial de la Covid-19 en el gasto público. A pesar de un cambio en la retórica durante la pandemia, la práctica a nivel de país permanece en gran medida sin cambios y ahora se prevé un rápido retorno a la austeridad, incluyendo limitaciones de la masa salarial para el 85% de la población mundial (véase el Observador de Otoño de 2020).

Una nueva investigación de ActionAid muestra el enfoque dogmático del FMI sobre los recortes de la masa salarial continúa

La nueva investigación de ActionAid de 2021 analizó los documentos nacionales del FMI durante un período de cinco años en combinación con una investigación en profundidad en diez países. En un informe llamado The Public versus Austerity,  publicado el 12 de octubre, mostramos que el uso de restricciones salariales del sector público es contundente e ineficaz y, a menudo, dañan los mismos sectores que los gobiernos afirman que quieren proteger. A pesar de que el Fondo argumentó que las ‘exenciones’ para el personal de la educación y la salud son rutinarias, no encontramos evidencia de esto en dos tercios de los países estudiados. Dado que los maestros y los trabajadores de la salud suelen ser los dos grupos más grandes en la masa salarial, los recortes generales no se pueden realizar sin afectarlos y, en el mejor de los casos, su ‘protección’ ha significado una congelación, al tiempo que se hicieron recortes aún más profundos en otros sectores.

El FMI afirma que las restricciones salariales del sector público son solo medidas a corto plazo, pero en los países estudiados, encontramos que todos los países enfrentaron un recorte o congelamiento constante durante al menos tres años y la mayoría de los países durante cinco o seis años.

El FMI afirma que las restricciones salariales del sector público son solo medidas a corto plazo, sin embargo, constatamos que todos los países estudiados enfrentaron un recorte o congelación constante durante al menos tres años y la mayoría de ellos durante cinco o seis años. No se dio un asesoramiento coherente a los países para garantizar que las medidas fueran realmente temporales, por ejemplo, sobre cómo aumentar el espacio fiscal incrementando los ingresos fiscales. E incluso cuando los países aumentaron significativamente los ingresos fiscales, no se les aconsejó que aumentaran el gasto en la masa salarial del sector público.

La última investigación de ActionAid constató que no hay una directriz ni coherencia sobre qué porcentaje del PIB debe gastar sensatamente un país en la masa salarial del sector público, con una oscilación de entre el 2% y el 13% en los países estudiados. Se instó a todos los países a reducir o congelar, independientemente de que estuvieran por encima o significativamente por debajo de los promedios regionales y mundiales. En estos documentos casi no se hace referencia a la escasez de trabajadores de la salud y la educación, que es evidente en la mayoría de los países, y no hay un intento claro de evaluar el impacto de las limitaciones. Gran parte de los datos que el FMI afirma haber utilizado para ofrecer asesoramiento siguen siendo secretos, lo que dificulta la impugnación de cualquier conclusión.

Uno de las conclusiones más sorprendentes de la última investigación de ActionAid es que múltiples documentos del FMI sugirieron que los países debían recortar el gasto social para aumentar el gasto social. Es decir, debían recortar el gasto recurrente para aumentar el gasto de capital en edificios y equipos. La mayoría de la gente vería a enfermeros o maestros como elementos clave del gasto social, pero no el FMI. De hecho, un enfoque en infraestructura aleja los recursos de la salud y la educación (que tienen grandes presupuestos recurrentes) hacia otros sectores que dependen más del gasto de capital (carreteras, energía, agua). Esto también desvía recursos del sector público (trabajadores de primera línea) al sector privado.

El uso de las restricciones de la masa salarial del sector público no se basa en evidencia, es profundamente obtuso y a menudo tiene impactos no deseados. Entonces, ¿por qué el FMI y muchos Ministerios de Finanzas siguen tan interesados? Concluimos que hay un sesgo inconsciente contra el sector público, uno arraigado en una posición ideológica fundamentalista y un apego a lo que podría llamarse el “culto a la austeridad”. Hay muchas alternativas económicas que están siendo exploradas por muchos actores, incluso en la propia sede del FMI.  Pero estas no se filtran al personal técnico del FMI que participa en los procesos de los países. Ahora es el momento de detener el culto a la austeridad y estudiar activamente la gran cantidad de alternativas: reimaginar la fuerza laboral del sector público como un motor clave del desarrollo nacional a la luz de la Covid-19 y la crisis climática.