En 2008, la autoridad ambiental chilena aceptó en su cartera de evaluación un descabellado proyecto hidroeléctrico de 531 MW, Alto Maipo (AM), propuesto por subsidiarias de la empresa estadounidense AES Corp. La evaluación de impacto ambiental (EIA) fue una de las más deficientes e incompletas que hemos visto en décadas de trabajo de defensa ambiental.
El proyecto ‘de pasada’ despliega instalaciones en las cabeceras de las tres subcuencas principales -Colorado, Yeso y Volcán- de la cuenca del río Maipo, para capturar las aguas de estos afluentes, conduciéndolas a través de una red de túneles de 75 km hasta dos centrales eléctricas subterráneas.
Se ignoraron el principio de precaución internacional y el principio preventivo de la legislación ambiental de Chile. Nos resulta imposible entender cómo el gobierno autorizó un proyecto que degrada las cabeceras del río Maipo, poniendo en riesgo el ciclo hidrológico en toda la cuenca, considerando que abastece de agua potable a 8 millones de personas y riego a 136.000 hectáreas y que la región está desertificada.
En lugar de depender de mecanismos débiles de rendición de cuentas, [los BMD] deben desarrollar procesos robustos de debida diligencia que aseguren que los daños... no se produzcanJuan Pablo Orrego, Ecosistemas
Tan pronto como AM fue anunciado, comenzó una campaña de oposición (véase el Observador de Otoño de 2013). Los impulsores de AM afirman que los opositores no pueden demostrar que el proyecto ponga en riesgo el suministro de agua a la Región Metropolitana de Chile. Tampoco AES puede probar lo contrario. De ahí la necesidad de aplicar los principios de precaución y prevención.
Las instituciones financieras internacionales (IFI) son responsables de financiar proyectos defectuosos
Curiosamente, y a pesar de las llamadas en contra de su participación, en octubre de 2013 el brazo del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), aprobó un préstamo de USD 150 millones para el proyecto. La CFI se unió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la State Overseas Private Investment Corporation (OPIC, ahora International Development Corporation) de Estados Unidos, que otorgaron préstamos por USD 200 millones y USD 250 millones, respectivamente. En última instancia, la CFI y el banco alemán KfW retiraron sus inversiones en el proyecto, transfiriendo sus participaciones a los bancos comerciales.
En 2017 Ecosistemas, la Coordinadora No Alto Maipo y otros habitantes de la cuenca, con el apoyo del Center for International Environmental Law de Estados Unidos, presentaron quejas ante los mecanismos de reclamaciones del BID y la CFI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) y el Defensor del Pueblo (CAO, por sus siglas en inglés), respectivamente. Sus respuestas tardías fueron inútiles desde el punto de vista de los afectados por la AM.
Además de estar dominados por el sesgo de la administración hacia los proyectos ya aprobados por ellos, los mecanismos de reclamaciones de los BMD son “reactivos”: Aceptan quejas una vez que los daños o impactos han comenzado a ocurrir (véase el Observador de Verano de 2017). Tanto el CAO como el MICI tardaron 4 años y medio en completar sus informes, mientras que la AM se estaba construyendo a un ritmo febril. Esto es inaceptable.
Las comunidades afectadas y el medio ambiente necesitan urgentemente instituciones proactivas que puedan prevenir daños y garantizar que los proyectos considerados para su financiación sean sólidos. Deben tratar de ‘prevenir en lugar de curar’.
El desastroso impacto de Alto Maipo evidencia la falta de debida diligencia
En este sentido, la respuesta de la gerencia de la CFI al informe del CAO es sintomática. Un gran error, desde nuestro punto de vista, ya que afirman que su ‘debida diligencia’ previa a la aprobación del crédito fue impecable y mencionan reiteradamente a “expertos” que fueron contratados (a altos costos, sin duda), para este fin. Si este fuera el caso, ¿cómo se explica la letanía de problemas graves e imprevistos que enfrenta el proyecto desde el primer día?
AM ha tenido huelgas de trabajadores, conflictos agudos con contratistas (incluida la renuncia de un contratista europeo principal que demandó a AM en tribunales internacionales) y un período crítico de incumplimiento técnico. Ha sido objeto de constantes reestructuraciones financieras y numerosas exigencias legales y administrativas. AM proyectó un precio de venta de la electricidad de USD 120 por MW/h; hoy el precio está en menos de USD 50 por MW/h.
El costo estimado declarado del proyecto se ha más que triplicado de USD 700 millones a USD 2.500 millones y el tiempo de construcción se ha más que duplicado, pasando de 5 a 12 años. AM ya está costando el equivalente a cinco centrales térmicas de ciclo combinado de gas natural, con menos capacidad que una de ellas.
La afluencia de trabajadores a la región también ha tenido graves consecuencias. AM declaró que emplearía a 2.050 trabajadores, pero el número ha llegado a 5.500. El MICI reconoció que no hubo una evaluación con perspectiva de género del impacto de esta fuerza laboral mayoritariamente masculina que invadía el campo. Según la autorización de AM, se suponía que los trabajadores debían permanecer confinados en campamentos, pero en su lugar se dispersaron por las ciudades y pueblos locales.
El agua de los acuíferos fracturados, mezclada con sedimentos, salieron de los túneles en construcción y contaminaron los cursos de agua. Esto ocurrió a pesar de los argumentos técnicos del EIA de que esto no iba a suceder. La debida diligencia debida del EIA y las IFI tampoco tuvo en cuenta los impactos de la AM en los “usos recreativos, turísticos y paisajísticos”, el principal activo económico de la zona en la actualidad. Esto también fue reconocido por el MICI en su informe.
A pesar de las preocupaciones expresadas por los opositores desde el principio, no se consideraron los impactos del cambio climático en la viabilidad del proyecto. El cambio climático está afectando gravemente a Chile. Los glaciares están desapareciendo y los flujos de los ríos han estado disminuyendo desde hace décadas.
Ahora AM está buscando la protección del Procedimiento de Bancarrota del Capítulo 11 en Estados Unidos, declarando una deuda de USD 2 mil millones, mientras culpa a los cambios en el mercado eléctrico de Chile y al impacto del cambio climático en los glaciares y los flujos de los ríos que disminuirán la capacidad de generación de AM.
Se requiere un cambio radical para que el Banco Mundial y otras IFI cumplan con sus mandatos de desarrollo. En lugar de depender de mecanismos de rendición de cuentas débiles, deben desarrollar procesos sólidos de debida diligencia que garanticen que los daños, como los que actualmente sufren las comunidades y los ecosistemas en la cuenca del río Maipo, no ocurran nunca.
