En la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Glasgow, en noviembre, seguían faltando las finanzas públicas que se necesitaban con urgencia para financiar la acción climática, una situación agravada por la angustia de la deuda que afecta a muchos países de ingreso bajo y medio (véase el Observador de Invierno de 2020).
Además, los críticos han advertido que las soluciones propuestas por el Banco Mundial y el FMI a la crisis climática, incluida la atracción del sector privado, la fijación de precios del carbono y la austeridad continua, amenazan con socavar aún más la capacidad de los gobiernos para abordar la crisis.
En la COP26, los países ricos no cumplieron la promesa de 2009 de movilizar USD 100 mil millones por año en financiamiento climático para 2020, incluso a través del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD), con una nueva hoja de ruta publicada por la presidencia de la COP26 del Reino Unido que sugiere que el objetivo no se cumpliría hasta 2023.
Las discusiones sobre atraer a los inversores privados a la acción climática... continuaron en la COP26, a pesar de la enorme desconexión entre la sed de ganancias del sector privado y la creciente necesidad de alivio de la deuda, subvenciones y formas de financiamiento para el clima altamente concesionales.
“Todo el marco del [Acuerdo] de París… es potencial y fundamentalmente defectuoso al basarse en promesas nacionales … sin ningún plan de financiamiento”, dijo Avinash Persaud, asesor de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, al medio de noticias en línea Climate Home en noviembre. “Tenemos un problema de una escala de USD 50 billones y estamos utilizando un presupuesto de ayuntamiento para tratar de abordarlo. Eso no va a funcionar”.
El alivio de la deuda para facilitar la acción climática no se ve por ninguna parte
La falta de financiamiento climático disponible se está viendo exacerbada por las crisis de deuda en curso en muchos países, que a menudo se ven agravadas por los impactos climáticos.
Una nueva investigación realizada por la organización de la sociedad civil (OSC) británica Jubilee Debt Campaign constató que 34 países de ingreso bajo gastaron cinco veces más en el pago de la deuda que en la acción climática en los últimos cinco años, lo que ilustra el costo de oportunidad de las cargas de la deuda. Los activistas de la sociedad civil han expresado su preocupación de que los flujos de financiamiento climático en sí mismos estén aumentando la carga de la deuda: Según Oxfam, en 2017-2018 solo USD 12.500 millones de los USD 59.500 millones en financiamiento climático proporcionados por los países ricos fueron en donaciones, en comparación con USD 24.500 millones en préstamos no concesionales.
En abril la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que el FMI trabajaría con el Banco Mundial para establecer un mecanismo de canje de clima por deuda que se lanzaría en la COP26 para mejorar este problema. Sin embargo, Reuters informó a fines de octubre que el FMI había “abandonado los planes de lanzar una propuesta conjunta con el Banco Mundial” y estaba “reduciendo su impulso para que los canjes de deuda por clima se centren en países sin problemas de deuda importantes”. Esto coincidió con el fracaso del G20 en el abordaje de la crisis de deuda más amplia en la cumbre de sus líderes en Roma en octubre (véase el Observador de Invierno de 2021).
Con la falta de liderazgo del Banco, el Fondo y el G20, se dejó a otros el planteo del tema. A finales de octubre el Grupo de los Veinte Vulnerables (V20), un bloque de 48 países, pidió que se creara una opción de reestructuración de la deuda para los países vulnerables al clima.
En una declaración emitida durante la COP26, 243 OSC, incluida la Red Focus on the Global South y Third World, pidieron la cancelación de la deuda en reconocimiento de la mayor “deuda climática” que el Norte Global tiene con el Sur Global. Esto fue repetido por 43 miembros del Parlamento del Reino Unido en una carta interpartidista enviada a la secretaria de Estado del Reino Unido para la Foreign Commonwealth and Development Office, Liz Truss, durante la COP26, que exigió el apoyo del Reino Unido y “esfuerzos para cancelar la deuda de los países del Sur Global y permitirles priorizar su respuesta al colapso climático”.
Los críticos advierten sobre la ‘terapia de choque’ verde incluida en la comercialización de la acción climática
Dado que los países ricos no están dispuestos a movilizar las finanzas públicas a la escala requerida para abordar la crisis climática, los críticos desconfían de lo que viene después. Las discusiones sobre la atracción de inversores privados para la acción climática dominaron las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI en octubre (véase el Dispatch Annuals 2021) y esto continuó en la COP26, a pesar de la enorme desconexión entre la sed de ganancias del sector privado y la creciente necesidad de alivio de la deuda, donaciones y formas altamente concesionales de financiamiento climático.
En una nota para el Financial Times, las profesoras Daniela Gabor de UWE Bristol e Isabella Weber de la Universidad de Massachusetts Amherst advirtieron que el incipiente enfoque del FMI sobre el clima (véase el Observador de Otoño de 2021) podría desempeñar un papel perjudicial en este sentido. Sobre una nueva estrategia climática del FMI publicada en julio, señalaron: “En 42 páginas, menciona la fijación de precios del carbono 23 veces, la política industrial verde una vez y las inversiones públicas verdes nunca”. Las profesoras argumentaron que este enfoque, encarnado, entre otras cosas, por la propuesta del FMI de un piso internacional de fijación de precios del carbono entre los grandes emisores, recuerda a la terapia de choque ofrecida por el Fondo en las economías postsoviéticas en la década de 1990, cuando los inversores privados disfrutaban del botín, a menudo con consecuencias sociales y ambientales devastadoras. “La narrativa de los precios suena inquietantemente familiar: los aumentos del precio del carbono asignarán recursos, reales y financieros, a los sectores correctos”, escribieron. “La austeridad macro puede no estar en el discurso, pero está en el menú: después de casi dos años de expansión monetaria y fiscal relacionada con la pandemia, hemos vuelto a los llamados a reducir los fondos públicos”.
La condicionalidad relacionada con el clima del FMI puede formar parte de esta agenda. Georgieva señaló en la COP26 que el nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) del FMI “proporcionará financiamiento a largo plazo en condiciones favorables a los países vulnerables… para que puedan tener los recursos financieros necesarios para ser fuertes frente a los choques climáticos por venir”. El FFRS se financiará mediante la ‘recanalización’ de los derechos especiales de giro del FMI de los países ricos (véase el Observador de Otoño de 2021; Al interior de las instituciones, ¿qué son los derechos especiales de giro?), de acuerdo a lo que Georgieva dijo al Foro de París sobre la Paz, el 11 de noviembre, de que el objetivo “es comenzar con alrededor de USD 30 mil millones, para aumentarlo hasta USD 50 mil millones y más allá”. Estas cifras empequeñecen los recursos disponibles para el Fondo Verde del Clima de la CMNUCC (véase el Observador de Primavera de 2019), aunque no está claro cuánta financiación de FFRS estará relacionada con el clima.
La directora ejecutiva del FMI en el Reino Unido, Shona Riach, confirmó en un evento el 18 de noviembre que, aunque el diseño del FFRS todavía se está discutiendo, es casi seguro que desembolsará préstamos a bajo interés (en lugar de donaciones) y es probable que se exijan condicionalidades para acceder al financiamiento (véase el Dispatch Annuals 2021).
En este contexto, la sociedad civil presionará para que el trabajo climático del Banco y el Fondo se alinee con los imperativos de justicia económica y climática.
