El 16 de septiembre las organizaciones de la sociedad civil tuvieron ocasión de celebrar, ya que el Banco Mundial anunció la cancelación del Doing Business Report (DBR) (véase el Observador de Otoño de 2021). La decisión fue el resultado de una investigación independiente sobre las acusaciones de manipulación de datos, a petición del comité de ética del Banco. El informe de los investigadores alegó graves irregularidades éticas, incluido el conflicto de intereses dentro de los servicios de asesoramiento del Banco y la manipulación de datos de las clasificaciones del informe para apaciguar a China y otros accionistas importantes, que involucraban al ex presidente del Banco Jim Yong Kim y a la entonces directora ejecutiva del Banco Mundial y actual directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Estas conclusiones dieron lugar a intensos debates entre los accionistas del Banco Mundial y el FMI y en los medios de comunicación. También puso de relieve el grado en que el Banco y el Fondo se ven afectados por la profundización de las tensiones entre Estados Unidos (y el Norte Global en general) y China. Después de un período de ardiente especulación sobre las implicaciones de la investigación para la legitimidad del Banco y el Fondo, así como para el mandato de Georgieva, el comité ejecutivo del FMI emitió una declaración afirmando su apoyo a la directora gerente el 11 de octubre.
Gran parte de la cobertura en los medios de comunicación se centró en la responsabilidad personal del ex presidente del Banco, Kim, y de Georgieva y en las relaciones supuestamente tensas entre Georgieva y el actual presidente del Banco, David Malpass. Algunos presentaron el episodio como evidencia de los esfuerzos de China para expandir su influencia dentro de las organizaciones internacionales. Desgraciadamente, muy pocos medios de comunicación del Norte Global, al tiempo que lamentaban o advertían de los peligros inherentes del aumento del peso de China en el Banco Mundial, se tomaron el tiempo para hacer referencia al trabajo de Eric Toussaint del Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima, y otros académicos, que han documentado críticamente la hegemonía histórica de Estados Unidos dentro del sistema multilateral.
La sociedad civil mundial está decidida a hacer que el Banco mantenga el DBR en su tumba, donde ya no pueda hacer dañoFrederic Mousseau, Oakland Institute
Reconociendo que el escándalo del DBR fue solo la “punta del iceberg” y abogando por una respuesta integral, una carta abierta del 12 de octubre firmada por 143 organizaciones e individuos de la sociedad civil, pidió al Banco que abordara urgentemente los problemas estructurales revelados por el escándalo. La carta exigía la reforma de las estructuras de gobierno de ambas instituciones, incluido el acuerdo de caballeros. El documento pedía que se adoptaran medidas para abordar el déficit interno de rendición de cuentas y el conflicto de intereses percibido en los préstamos para políticas y la asistencia técnica, el sesgo ideológico en el asesoramiento y la condicionalidad en materia de políticas, y la falta de voluntad del Banco Mundial para comprometerse de manera significativa con el marco internacional en materia de derechos humanos.
¿Dijimos cancelación? Quisimos decir cambio de etiqueta
Las esperanzas de que el Banco Mundial y el FMI utilizaran el escándalo de DBR como una oportunidad para abordar las deficiencias estructurales descritas en la carta de las OSC duraron poco. El 10 de noviembre, Reuters informó que “el Banco Mundial planea revelar en aproximadamente dos años un reemplazo para su informe insignia ‘Doing Business’”. El desarrollo del nuevo DBR se basará en los resultados de una revisión externa del informe encargado por la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, publicado el 20 de septiembre. El panel hizo varias recomendaciones relacionadas con las críticas de larga data de la sociedad civil al DBR, incluida la adopción de indicadores que miden las funciones positivas del gobierno en la promoción de un buen ambiente empresarial; eliminar las clasificaciones de los países; poner fin al posible conflicto de intereses creado por la venta de servicios de consultoría a los gobiernos destinados a mejorar la puntuación de su país; establecer un cortafuegos entre la unidad del DBR y otras operaciones del Banco; y crear una junta externa de revisión permanente.
Según Reuters, Reinhart señaló que “los conceptos clave para el nuevo producto … [incluyen] un mandato para una mayor transparencia sobre la metodología subyacente… y un enfoque menor en la clasificación de los países”. Reinhart enfatizó que el Banco había instituido “muchas salvaguardias” durante el año pasado y señaló que el detalle de los aspectos prácticos será de dominio público”, confiando que “se mantenga la credibilidad”. Con respecto a la credibilidad, un artículo de Al Jazeera del 26 de octubre señaló que un segundo informe de WilmerHale que investiga “posibles irregularidades por parte del personal actual y anterior del banco, incluida Georgieva”, se dará a conocer en aproximadamente dos meses al departamento de recursos humanos del Banco y no a su junta directiva.
El anuncio de la rehabilitación de DBR confirmó los temores de los grupos de justicia económica y los sindicatos, muchos de los cuales habían anticipado que el informe se remodelaría sin comprometerse con las preocupaciones estructurales planteadas por la sociedad civil. A pesar de las recomendaciones sensatas del panel de expertos, el Banco no ha abordado preguntas críticas sobre su gobernanza antidemocrática o el sesgo de desarrollo liderado por el sector privado del DBR.
La falta de voluntad del Banco para abordar críticamente la premisa del informe de que “lo que es beneficioso para las empresas es bueno para el desarrollo” ni para evaluar el impacto negativo de las reformas impulsadas por el DBR, ha sido criticada durante mucho tiempo (véase el Observador de Invierno de 2019). Como era de esperar, el anuncio de cancelación del DBR enfatizó: “El Grupo del Banco Mundial sigue firmemente comprometido a promover el papel del sector privado en el desarrollo y brindar apoyo a los gobiernos para diseñar el entorno regulatorio que lo respalde”.
El Doing Business sigue profundamente arraigado en el ADN general del Banco
Otra evidencia de la dirección del Banco se vio en los comentarios de Malpass durante las Reuniones Anuales Town Hall de 2021 con la sociedad civil, donde destacó que el Banco continuaría analizando y asesorando sobre las reformas empresariales en el ámbito nacional a través de su Diagnóstico Sistemático de País. Del mismo modo, la retrospectiva del Financiamiento de Políticas de Desarrollo (FPD) 2021 del Banco señala: “Al fomentar un entorno más propicio para el desarrollo del sector privado, los FPD desempeñan un papel esencial en la movilización de capital privado y el apoyo al crecimiento liderado por el sector privado en los países clientes, especialmente crítico en un contexto de espacio fiscal ajustado”.
La sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales temen que el enfoque en el ajuste del espacio fiscal y las alusiones relacionadas a la ola de austeridad esperada (véase el Observador de Invierno de 2021) conduzcan a un nuevo impulso para la privatización de los servicios sociales y el desarrollo en general, incluso mientras persisten los impactos mundiales de la pandemia. La continuación de la austeridad ordenada por el FMI fue fuertemente rechazada por más de 500 organizaciones e individuos que firmaron una carta abierta a Georgieva antes de las Reuniones Anuales de 2020 (véase el Dispatch Annuals 2020).
El escándalo de DBR plantea dudas sobre la capacidad del Banco para el aprendizaje y la reforma institucional
La reactivación prevista por el Banco del DBR es consistente con una tendencia más amplia: En lugar de abordar críticamente las críticas estructurales fundamentales sobre su enfoque de soluciones de mercado, simplemente lo está redistribuyendo bajo una encarnación más financierizada (véase el Observador de Primavera de 2020). Este fue también el caso con el enfoque “de cascada” del Banco (véase el Observador de Verano de 2017), desde que pasó a llamarse Maximización del Financiamiento para el Desarrollo (véase el Observador de Primavera de 2020), ahora integrado en el enfoque de Desarrollo Verde, Resiliente e Inclusivo (GRID, por su sigla en inglés) de la institución (véase el Dispatch Annuals 2021).
El DBR y otros marcos diseñados por el Banco Mundial pueden vincularse a un fenómeno identificado por la economista política brasileña Lena Lavinas como la colateralización de la política social. Observó que “el crédito y la deuda, junto con los nuevos dispositivos financieros, se están convirtiendo en las piedras angulares de lo que solían ser los sistemas de protección social”. Estos erosionan la capacidad estatal, relegando su función a lo que la economista Daniela Gabor, de Bristol, llama el “estado de reducción de riesgos” (véase el Observador de Invierno de 2017-2018). Según el artículo de 2018 de la profesora Linda Labao, de la Universidad Estatal de Ohio, la reducción del Estado ha resultado en la reestructuración del contrato social entre los gobiernos, los ciudadanos y el sector privado, lo que ha “llevado a cambios en la capacidad estatal y la orientación política que dejan a las poblaciones desprovistas de los servicios públicos necesarios, el aumento de la desigualdad entre las áreas geográficas y los grupos sociodemográficos y efectos políticos como el crecimiento del populismo de derecha”.
El sociólogo de la Universidad de Johannesburgo Patrick Bond comenta: “Lo que en última instancia es más importante es que, una y otra vez, el Banco no solo prepara el escenario para el mimo neoliberal de las empresas a nivel de políticas, en el Doing Business. Igual de importante es la práctica real del Banco y la Corporación Financiera Internacional cuando ‘hacen negocios’… aquí en Sudáfrica, eso incluye inversiones catastróficas como el préstamo más grande de la historia del Banco: USD 3.750 millones para la central eléctrica de carbón Medupi, plagada de sobornos, así como la mina de platino Marikana y Net1. Estos han equivalido a crímenes impunes llenos de víctimas, incitados por una mentalidad fomentada por el Doing Business: desregulador, centrado en las ganancias, alto en carbono, extractivista y eco-catastrófico, de esquema Ponzi y profundamente anti-pobre” (véase el Observador de Primavera de 2019).
Las más de 360 organizaciones, sindicatos e individuos que firmaron una carta abierta en marzo pidiendo al Banco que suspendiera el DBR (véase el Observador de Otoño de 2020, el de Invierno de 2019; el Update de Otoño de 2013) deben redoblar los esfuerzos durante los próximos dos años para impulsar al Banco a enfrentar el iceberg oculto por el escándalo del DBR. Tal como subrayó Frederic Mousseau, del Instituto Oakland de Estados Unidos, reflexionando sobre la declaración conjunta de 2014 de 280 organizaciones de la Our Land Our Business Campaign, “la sociedad civil mundial está decidida a hacer que el Banco mantenga el DBR en su tumba, donde ya no pueda hacer daño”.
