En septiembre la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI publicó su evaluación Crecimiento y ajuste en los programas respaldados por el FMI. En el informe, la OEI, cuya función es realizar evaluaciones de cuestiones relevantes para el Fondo, evaluó en qué medida los programas del FMI de 2008 a 2019 han apoyado el crecimiento en los países y consideró si el FMI había ejercido la mano dura al prescribir políticas de austeridad. Partes del informe presentaron conclusiones condenatorias.
El FMI presta a través de dos sistemas: la Cuenta General de Recursos (CGR), que otorga préstamos no concesionales a los países miembros del FMI, y el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), que otorga préstamos en condiciones favorables a los países de bajo ingreso. La OEI escribió que, “los programas de la CGR dependían en gran medida de los recortes de gastos para lograr el ajuste; los esfuerzos por proteger a los grupos vulnerables y de bajos ingresos a menudo no alcanzan sus objetivos; el gasto en salud y educación no aumentó significativamente ni en los programas del FFCLP ni de la CGR”. Pero a pesar de tales evaluaciones, la OEI finalmente concluyó que “no encuentra evidencia de un sesgo consistente hacia la austeridad excesiva”, porque consideró que las medidas de austeridad impuestas no habían tenido efectos negativos en el crecimiento.
En el informe de la OEI se formularon tres recomendaciones: 1) la atención a las consecuencias para el crecimiento de los programas del FMI debería ser más exhaustiva, sistemática y sensible a las consecuencias sociales y distributivas; 2) los programas deberían prestar mayor atención al apoyo de las reformas estructurales orientadas al crecimiento; 3) el Fondo debería crear instrumentos para analizar la relación entre el ajuste y el crecimiento.
Un documento de Isabel Ortiz y Matthew Cummins a principios de este año advirtió sobre un “shock de austeridad fiscal post-pandemia ... mucho más prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera mundial”
En su respuesta formal, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, declaró que apoyaba las recomendaciones segunda y tercera, pero restó importancia a la atención que el FMI debería prestar al crecimiento y a los efectos social-distributivos de sus préstamos, argumentando que “el crecimiento no puede colocarse por encima ni a la par con el objetivo central de los préstamos del FMI de ayudar a los países miembros a resolver sus problemas de balanza de pagos”. Además, cuestionó la capacidad del Fondo para monitorear las consecuencias sociales y distributivas, debido a las “posibles implicaciones presupuestarias” para la institución.
Austeridad excesiva pasada y futura
En una reunión entre la OEI, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el mundo académico, organizada por el Bretton Woods Project, quedó claro que esta visión ambivalente de la austeridad no era compartida por la comunidad de justicia económica, que enfatizó constantemente que si la austeridad es “excesiva”, o no lo es, no depende solo de su efecto sobre el crecimiento. Rebecca Ray, de la Universidad de Boston, presentó una investigación que muestra que la austeridad impuesta por el FMI exacerba la desigualdad y concluyó que “incluso si los resultados del crecimiento están comenzando a mejorar, esto no se está reflejando en los niveles de vida y el bienestar”.
La sociedad civil y el mundo académico están planteando serias preocupaciones de que la pandemia resulte en una ola de austeridad promovida por el FMI en los países de ingreso bajo y medio. Un documento de Isabel Ortiz y Matthew Cummins a principios de este año advirtió sobre un “shock de austeridad fiscal post-pandemia … mucho más prematuro y grave que el que siguió a la crisis financiera mundial”, y pidió al FMI que “deje de tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas sin la consulta adecuada”. En octubre de 2020 Oxfam demostró que el 84% de los préstamos del FMI durante la pandemia “alientan y, en algunos casos, exige a países pobres duramente afectados por las consecuencias económicas de la pandemia que adopten medidas de austeridad más duras después de la crisis sanitaria”. Estas evaluaciones llevaron a más de 500 OSC y académicos a publicar una carta pidiendo al FMI que deje de promover la austeridad.
Tales advertencias parecen haber caído en oídos sordos. En su Informe Perspectivas Económicas Regionales de África subsahariana en octubre, el FMI argumentó que “a pesar de las necesidades de gasto asociadas con la pandemia, la mayoría de los países tendrán que emprender una consolidación fiscal para contener las crecientes vulnerabilidades de la deuda”. En noviembre el FMI declaró su apoyo a las ambiciones del gobierno de Jamaica de reducir la deuda del 109% al 60% del PIB para 2027-2028, para mejorar “la confianza de los inversores y la preservación de la estabilidad macroeconómica”.
