Con una fecha límite para el pago de USD 2.800 millones que se avecina en marzo de 2022, la tensa relación entre el FMI y Argentina ha vuelto a ser el centro de atención, según lo informado por el Financial Times (véase el Observador de Invierno de 2021). Una de las cuestiones centrales de desacuerdo son los recargos: tasas de interés adicionales que el FMI ha estado cobrando desde 1997 por programas de préstamos que exceden un cierto tamaño o duración del plazo de reembolso. Un documento reciente del Center for Economic and Policy Research (CEPR) los calificó de “poco éticos” y “opacos”, estimando que los pagos de excedentes de Argentina por sí solos suman USD 3.300 millones en el periodo 2018-2023. Una nueva herramienta de datos y guía de la organización de la sociedad civil (OSC) Eurodad, con sede en Bélgica, estima que los recargos aumentan los costos de endeudamiento en un 64% en los países afectados, a los que califica como “desmesurados”.

Desde 2016 los recargos basados en tamaño de la deuda agregan un 2% a las tasas de interés sobre el crédito pendiente por encima del 187,5% de la cuota asignada al FMI de cada país, mientras que los recargos basados en el tiempo de reembolso agregan un 1% sobre el crédito pendiente durante 51 meses. Esto significa que se aplican recargos a los países que están más y más endeudados y durante más tiempo. En teoría, están destinados a desincentivar a los países a endeudarse más allá de sus cuotas asignadas al FMI y alentarlos a pagar los préstamos antes de tiempo, al tiempo que ayudan al FMI a construir “saldos preventivos”. Sin embargo, el documento del CEPR destaca que los gobiernos ya tienen muchos otros incentivos para evitar recurrir al FMI: el estigma asociado y la señalización negativa para los mercados financieros, la pérdida de soberanía y los posibles impactos en el bienestar a través de condicionalidades, así como las protestas de la sociedad civil y sus electorados.

Según un informe de octubre del Global Development Policy Center (GDP Center) de la Universidad de Boston, los recargos representan principalmente tarifas de penalización para reforzar los flujos de efectivo del FMI, mientras los países de ingreso medio (MIC, por su sigla en inglés) –que carecen de una representación adecuada en la estructura de gobernanza antidemocrática del FMI– subsidian los costos operativos del FMI. Los recargos funcionan de manera procíclica y erosionan la sostenibilidad de la deuda al drenar los fondos públicos cuando más se necesitan, aumentando la probabilidad de incumplimiento y socavando el propio mandato del Fondo de garantizar la estabilidad financiera (véase el Dispatch Annuals 2021). Esto parece particularmente inapropiado dado el colapso económico sin precedentes provocado por la pandemia de Covid-19, que el propio FMI ha llamado “una crisis como ninguna otra”, cuando muchos MIC se encuentran en dificultades imprevistas de deuda y necesitan urgentemente espacio fiscal para sus respuestas a la pandemia. El CEPR calculó que Argentina podría vacunar a toda su población nueve veces con el pago de los recargos, Egipto dos veces y Ecuador siete veces.

Este sistema de tarifas punitivas debe suspenderse de inmediato y eventualmente eliminarse.Daniel Munevar, Eurodad

Economistas, la sociedad civil y expertos de la ONU se unen en llamadas a abolir los recargos

Si bien la difícil situación actual de Argentina está recibiendo la mayor atención de la prensa, los recargos afectan a unos 16 países y representan un tercio de los ingresos operativos del Fondo. Se espera que Egipto pague USD 1.800 millones para 2026 y Ecuador alrededor de USD 1.000 millones para 2029. Muchos países no son conscientes de que están pagando estas tarifas, ya que los datos no se publican de manera transparente. La guía de diciembre de Eurodad presenta por primera vez los datos sobre los recargos de 14 países.

“Estas políticas son completamente contradictorias y socavan los propios esfuerzos del FMI en torno a la recuperación de la Covid-19”, subrayó Shereen Talaat, de la CSO Arab Watch Coalition, preocupada por las economías tensas de Oriente Medio. “Lo que esperamos en este momento de crisis mundial es un alivio de la deuda y una reforma para aliviar la carga sobre los países de ingreso medio, no cargos adicionales”.

Los llamamientos de las OSC, los gobiernos y los expertos para abolir los recargos hasta ahora no han sido escuchados. En una carta abierta de mayo, los expertos independientes actuales y anteriores de la ONU, junto con las OSC, señalaron que los recargos violan los derechos humanos internacionales, ya que su “principal impacto es el castigo a los países pobres” (véase el Observador de Verano de 2021). El comunicado del G24 en las Reuniones Anuales de este año instó al Fondo a “corregir el carácter regresivo y procíclico de la Política de Recargos” (véase el Dispatch Annuals 2021). En el informe del GDP Center, Joseph Stiglitz y Kevin Gallagher enfatizaron que “el FMI no debería estar en el negocio de obtener ganancias de los países en una situación desesperada” y sugirieron que el Fondo debería conceptualizarse como una “cooperativa” donde los costos operativos son asumidos por los países que tienen un desempeño relativamente mejor. Daniel Munevar, de Eurodad, argumentó: “este sistema de tarifas punitivas debe suspenderse de inmediato y eventualmente eliminarse”.