La relación excepcionalmente larga de Pakistán con el FMI abarca casi siete décadas, con 23 programas de préstamos valorados en USD 38.000 millones. A pesar de esta larga tradición y de que Pakistán sigue la orientación de expertos y los principios macroeconómicos del FMI, los objetivos declarados de los programas de impulsar el crecimiento económico para reducir la pobreza, facilitar la reforma estructural o contener una crisis económica interna aún están lejos de lograrse.
El actual acuerdo de 39 meses y USD 6.000 millones del Servicio Ampliado del FMI (SAF), que comenzó en 2019, se suspendió en enero de 2020 porque Pakistán se resistió a las recomendaciones del FMI de aumentar los precios de la electricidad e imponer impuestos adicionales (véase el Observador de Invierno de 2020). En marzo el directorio del FMI completó las revisiones combinadas segunda a quinta del SAF y aprobó un desembolso de alrededor de USD 500 millones, lo que elevó el crédito emitido a USD 2.000 millones. Sin embargo, las renegociaciones para un mayor desembolso fracasaron por desacuerdos sobre las reformas del IVA y la autonomía del Banco Central. El 21 de noviembre, finalmente, se llegó a un acuerdo para el desembolso de otros USD 1.000 millones y Pakistán cedió a la presión del FMI al acordar recortes significativos en el gasto para los próximos meses.
Tal como pasó con los préstamos anteriores, el acuerdo actual sigue la agenda neoliberal del FMI. Las condicionalidades impuestas por el FMI incluyen una amplia gama de medidas de consolidación fiscal, basadas en la privatización, la desregulación, la reducción de los subsidios, la limitación del gasto del sector social, así como las reformas tributarias. En marzo el Gobierno acordó varias medidas de consolidación fiscal, entre ellas el aumento de los precios de la electricidad y la mejora de la regulación del sector eléctrico; la imposición de PKR 140.000 millones (unos USD 791 millones) en impuestos adicionales y la reforma de la tributación de las empresas, la autonomía del Banco Central (véase el Observador de Verano de 2021) y una mejor gestión y la privatización de las empresas públicas.
Las condicionalidades afectan gravemente a las personas vulnerables, en particular a las mujeres
Seguir la agenda del FMI en el contexto de otros desafíos como el Covid-19, los desastres naturales, las malas cosechas, los efectos climáticos en el sector algodonero y la inflación alimentaria y rural, ha tenido un impacto visible en la población desfavorecida de Pakistán. La pobreza ha aumentado del 31,3% en 2018 al 39,3% en 2020-2021 según las estimaciones del Banco Mundial, con más de dos millones de personas que cayeron por debajo del umbral de pobreza solo en 2020. Del mismo modo, todos los artículos esenciales de consumo doméstico han experimentado una tendencia al alza en los precios, lo que ha vuelto a imponer una carga a los pobres y, en particular, a las mujeres. Por ejemplo, el precio de la harina de trigo ha aumentado un 39%; la gasolina un 79%; la garrafa de gas – utilizadas para cocinar y calentar – un 92% y el carbón vegetal entre un 14% y un 28%. Esto significa que las mujeres pasan más tiempo recolectando leña y gastan una mayor parte de los ingresos en artículos esenciales del hogar.
La situación de las mujeres se ha vuelto aún más insostenible. Pakistán ya está rezagado en materia de igualdad de género a nivel mundial: Ocupa el tercer peor lugar en el último Índice Global de Brecha de Género (2021). La participación y las oportunidades económicas, los logros educativos y la salud y la supervivencia de las mujeres y las niñas son motivo de gran preocupación. La violencia de género va en aumento y las condenas son raras. La participación femenina en la fuerza laboral es una de las más bajas de Asia Meridional, con un 22%. Aproximadamente el 70% de las mujeres se encuentra en el sector informal sin protección social. Menos del 2% de las mujeres adultas poseen una casa o un terreno y las mujeres reciben sólo el 19% del financiamiento para empresas. Sólo el 11% de las mujeres tienen cuentas bancarias, en comparación con el 21% de los hombres. La representación de las mujeres en las pequeñas y medianas empresas formales es baja: solo el 6% de las empresas son propiedad de mujeres.
Las políticas del FMI exacerban la desigualdad de género en tiempos de crisis mundial
Las condicionalidades neoliberales impuestas por el FMI –y aplicadas por el Gobierno por falta de opciones– exacerban la discriminación por género. Shirakat recientemente llevó a cabo 20 discusiones de grupos focales con 118 mujeres en áreas de bajos ingresos de Islamabad y Rawalpindi. Las mujeres indicaron que, debido al aumento de los precios del carbón y el gas, deben caminar largas distancias para recolectar leña. El acceso a la atención médica se ha vuelto limitado, ya que el aumento del precio de la gasolina ha hecho que los costos del transporte público sean prohibitivos. Los fuertes aumentos en las facturas de electricidad han dificultado el uso de la luz por la noche, por lo que la mayor parte del trabajo remunerado y no remunerado debe realizarse durante el día. Las niñas están siendo sacadas de la escuela para que se encarguen las tareas domésticas. Incluso con un aumento en los salarios mínimos, el costo de vida se ha vuelto inmanejable debido a la inflación. Según los informes, la violencia dentro de los hogares ha aumentado a medida que toda la familia se enfrenta a la presión de llegar a fin de mes.
El 18 de noviembre los parlamentarios aprobaron la Comisión de Privatización (Proyecto de Ley de Enmienda, 2021) y el Proyecto de Ley 2021 de la Corporación de Servicios Bancarios (Enmienda) del SBP (Banco Estatal de Pakistán) en una sesión conjunta del Parlamento. El impacto de los proyectos de ley se verá a medida que se concrete su implementación. A la luz de las múltiples crisis que enfrenta Pakistán, la severidad de las condicionalidades que se le imponen es altamente inapropiada y ya es hora de que el FMI reconsidere su enfoque neoliberal para evitar que sus políticas perjudiquen aún más a los más vulnerables.
