Una nueva declaración de la UNESCO acordada en noviembre pidió a los países que “recauden más ingresos para aumentar los presupuestos de educación, en particular a través de medidas que fortalezcan el diseño y la equidad del sistema tributario”. También presionó a los gobiernos para que implementen compromisos previos para “asignar al menos el 4%-6% del PIB y/o al menos el 15%-20% del gasto público total a la educación”.

Es probable que tales esfuerzos se vean frustrados por las condiciones del FMI que requerirían que los ministros de finanzas vuelvan a imponer la austeridad (véase el Dispatch Springs 2021). Tal como argumentaron Isabel Ortiz y Mathew Cummins en la Global Austerity Alert de abril, ahora se prevé un rápido retorno a la austeridad, incluidas las restricciones de la masa salarial del sector público, para el 85% por ciento de la población mundial, que afecta a 159 países (véase el Observador de Otoño de 2020).

Al analizar los préstamos del FMI de los últimos cinco años en 15 países, el informe de octubre de ActionAid International demostró que el asesoramiento a medio plazo del FMI dio como resultado que estos países cayeran por debajo del promedio mundial del gasto en masa salarial del sector público (véase el Observador de Otoño de 2021). A pesar de las afirmaciones del FMI de que los recortes deberían ir acompañados de acciones para expandir los ingresos fiscales, incluso a los pocos países que lo hicieron se les aconsejó que redujeran el gasto en masa salarial del sector público.

David Archer, de ActionAid International, dijo: “Para hacer una diferencia real, los activistas de la educación tendrán que llamar la atención sobre las graves contradicciones entre su aspiración de gastar más y las políticas de austeridad del FMI … Necesitan entablar un diálogo sistemático con el FMI sobre cómo sus políticas generales tienen consecuencias no deseadas en el gasto en educación y ese diálogo debe replicarse con los ministerios de finanzas de todos los países”.