El 13 de enero, el gobierno de Pakistán introdujo un controvertido conjunto de reformas tributarias para revivir el Servicio Ampliado del FMI (SAF) de USD 6.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el país, aprobado originalmente en 2019. Estas reformas incluyen un devastador régimen de nuevos impuestos a paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas, que probablemente paralicen el naciente mercado de energía renovable de Pakistán, lo que detiene la transición energética del país y pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de clima.

Pakistán se vio obligado a adoptar estas medidas a los efectos de cumplir con las condiciones del FMI para la liberación del próximo tramo de USD 1.000 millones en el marco del estancado programa de SAF, según lo acordado por el directorio ejecutivo del FMI el 2 de febrero. Instituidas a través de un proyecto de ley de finanzas suplementarias preparado apresuradamente e impuesto a través de la Asamblea Nacional, estas reformas han anulado la política anterior de exenciones tributadas a las tecnologías renovables, que tiene como resultado un impuesto del 20% a las tecnologías solares y eólicas, así como un aumento del 12% del impuesto a las ventas de vehículos eléctricos importados. Este cambio de política se produce a pesar del alentador crecimiento del sector de las energías renovables bajo el régimen tributario anterior.

El aumento sin precedentes de las instalaciones solares fotovoltaicas en las regiones de Pakistán con poca o ninguna conexión a la red ha sido, en los últimos años, una mejora inesperada para las comunidades vulnerables. Alentado por la decisión del gobierno de renunciar a los impuestos a los productos solares en 2014, el crecimiento refleja la idoneidad de la energía solar para alimentar pozos tubulares, bombas de agua y sistemas de purificación para agua potable y riego en áreas remotas y con estrés hídrico. Los principales beneficiarios de este auge han sido las comunidades agrícolas pobres, especialmente las mujeres, que históricamente han luchado por el acceso a la electricidad y el agua. La tecnología solar, sin embargo, sigue siendo un mercado basado en gran medida en las importaciones y es probable que el crecimiento se desacelere con usuarios incapaces de pagar precios más altos.

Existe una evidente desalineación entre el asesoramiento en materia de políticas y las condiciones de los préstamos del FMI y su retórica pública sobre el apoyo a las transiciones con bajas emisiones de carbonoZain Moulvi, Alliance for Climate Justice and Clean Energy

Las nuevas reformas tributarias también interrumpirán las estrategias de Pakistán para descarbonizar sus sectores de energía y transporte, tal como se establece en su Política de Energía Alternativa y Renovable (ARE, por su sigla en inglés) y en su Política Nacional de Vehículos Eléctricos (NEV, por su sigla en inglés), ambas publicadas en 2019. La hoja de ruta de Pakistán para desplazar las fuentes de combustible arraigadas depende en gran medida de la integración de energías renovables baratas en soluciones dentro y fuera de la red, contratos privados y servicios de energía rural. La ARE establece un objetivo mínimo del 30% de generación de energía basada en energía renovable en la red nacional para 2030, lo que requiere “compras” a gran escala de los actuales productores que usan combustible y los consumidores agrícolas e industriales que se autogeneran, incentivados, por ejemplo, por tarifas más bajas para los actuales servicios públicos de energía solar/eólica a escala. Sin embargo, el impuesto del 20% sobre las energías renovables también afectará a inversores, baterías y otros equipos y maquinaria de instalación relacionados con las energías renovables. Esto aumentará significativamente el gasto de capital inicial para tales proyectos, lo que aumentará los costos generales de generación y reducirá su ventaja competitiva.

El aumento del impuesto a los vehículos eléctricos también pone en peligro el objetivo del 30% de las ventas de vehículos eléctricos para 2030 prescrito por la NEV. De acuerdo con la política, son esenciales incentivos tributarios sólidos para desarrollar el incipiente mercado basado en la importación y para alentar la masiva adopción de vehículos eléctricos. Bajo el nuevo régimen tributario, es poco probable que los usuarios de los sectores de la energía y el transporte opten por no participar en los acuerdos existentes basados en combustibles, dejando de lado un mecanismo clave para reducir las emisiones.

A pesar de la nueva estrategia en materia de clima, el FMI no logra hacer coincidir la retórica con la acción

El hecho de que tales resultados de política perjudiciales para el medio ambiente y contradictorios estén directamente vinculados a un programa del FMI que se muestra elocuente sobre la “intensificación del cambio climático”, refleja la naturaleza contraproducente de los programas de ajuste estructural del FMI y los efectos distorsionadores de sus prácticas crediticias. También plantea preocupaciones sobre la sinceridad del compromiso del Fondo con los objetivos mundiales en materia de clima, después de que lanzara una nueva estrategia sobre clima en julio que busca incorporar el clima en todas las áreas de su mandato (véase el Observador de Otoño de 2021).

Existe una evidente desalineación entre el asesoramiento en materia de políticas y las condiciones de los préstamos del FMI y su retórica pública sobre el apoyo a las transiciones con bajas emisiones de carbono. La nueva estrategia del Fondo, por ejemplo, hace hincapié en la necesidad de “regímenes tributarios» favorables y “políticas estructurales y de gasto” para los países vulnerables al clima. La declaración del personal sobre el programa SAF de Pakistán identifica explícitamente como una preocupación apremiante su vulnerabilidad particular como uno de los “diez países con los mayores daños por desastres relacionados con el clima y de los 20 principales países con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero”. Recomienda medidas de política como el “uso más amplio de las energías renovables”, “medidas de implementación para cumplir los objetivos de la COP 26 de Pakistán” y la obtención de “financiamiento suficiente” para la transición energética como áreas prioritarias “críticas”. Sin embargo, son estos mismos objetivos y medidas los que son saboteados por las condicionalidades de préstamos del SAF con consecuencias ambientales que se extienden al frente internacional.

El FMI debe garantizar que estos impuestos perjudiciales sean eliminados. También debe adoptar mecanismos concretos para armonizar su asesoramiento sobre políticas con los objetivos nacionales de los gobiernos receptores en materia de clima, así como con los acuerdos mundiales sobre el clima. Parte de la solución radica en corregir su enfoque insular para el desarrollo del programa de préstamos. Es imperativa una política de consulta significativa con la sociedad civil, especialmente con los grupos vulnerables, junto con revisiones independientes y ex ante de las consecuencias de los ajustes fiscales propuestos para que avancen, más allá de la retórica vacía, los objetivos declarados del FMI de contrarrestar el “cambio climático” y fomentar el “crecimiento sostenible”. Esto, junto con las soluciones de financiamiento verde, como los canjes de deuda por naturaleza y la condonación de la deuda, es la necesidad del momento para países como Pakistán, que se han encontrado atrapados en un círculo vicioso de deuda durante años de intervenciones fallidas del FMI.