Cuando el Doing Business Report (DBR) del Banco Mundial fue cancelado a fines del año pasado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) celebraron lo que se percibió como un éxito (véase el Observador de Otoño de 2021). Aquellos preocupados por las intenciones del Banco al pasar de la investigación condenatoria vieron la cancelación del DBR como una oportunidad para pedir una revisión completa del Banco Mundial en una carta abierta firmada por 143 OSC y académicos el 12 de octubre. La euforia duró poco, ya que el Banco Mundial anunció en febrero la creación de un nuevo programa de Mejora del Ambiente de Negocios (BEEP, por su sigla en inglés) (véase el Observador de Invierno de 2021) y publicó una nota preconceptual poco después. La coalición ‘Rights not Rankings’, un grupo de OSC que había estado siguiendo de cerca el proceso de DBR y ahora sigue el BEEP, respondió con una presentación conjunta instando al Banco a detener el proyecto a menos que se aborden varios temas clave.

La carta inicial de la coalición del 12 de octubre había afirmado la necesidad de cambios estructurales en el paradigma neoliberal del Banco Mundial y su “sesgo ideológico… a favor de la austeridad, la desregulación y la privatización que reducen sistemáticamente el espacio fiscal y de políticas de los países y vacían el Estado”. También abogaba por el fin de la gobernanza antidemocrática del FMI y el Banco Mundial, como el acuerdo de caballeros (véase Antecedentes, Que es el acuerdo de caballeros?). En cuanto a la consulta del BEEP, la coalición señaló que hay poca diferencia significativa entre el DBR y el BEEP. Siete miembros de la coalición contribuyeron a la presentación más reciente en marzo, como parte del período de consultas. La presentación resumió que el BEEP propuesto “replica un modelo de desarrollo empresarial y del sector privado que promueve un aumento del poder y de la concentración de las empresas, la acumulación de cantidades obscenas de riqueza, la proliferación de la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y la profundización de una división desigual del trabajo mundial a través de cadenas de valor mundiales ambientalmente insostenibles”.

Alex Cobham, de la Tax Justice Network, cuestionó la falta de evidencia sustantiva del BEEP para apoyar la necesidad de un ‘clima propicio para los negocios’ en una publicación de blog reciente, señalando que la nota de preconcepto insinúa resultados como el ‘crecimiento’, la ‘igualdad de oportunidades’ y la ‘sostenibilidad’ que están vinculados al ‘desarrollo del sector privado’, pero no demuestra la existencia de relaciones causales entre estos factores.

En lugar de cambiar el nombre del DBR, el Banco Mundial debería analizar detenidamente los impactos dañinos que su asesoramiento normativo defectuoso ha causado durante los últimos 18 años y trabajar con vistas a las reparaciones y la rendición de cuentasFlora Sonkin, Society for International Development

La propia evaluación del Banco Mundial apunta a la falta de evidencia para el éxito de las reformas

Esta falta de evidencia ha sido señalada por el propio Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, que publicó una revisión 2010-2020 del DBR el 15 de marzo, en la que destacó que los puntajes del DBR se basaban en indicadores estrechos que no tenían en cuenta las condiciones específicas de cada país, como la fragilidad y el conflicto, la diferencia cultural en las costumbres empresariales y las prioridades de desarrollo alternativo, por lo que, no podía proporcionar evaluaciones precisas de los efectos que tuvieron las reformas. El informe recomendó que el Banco debería, por lo tanto, “evitar el uso de indicadores del DBR como objetivos explícitos de reforma o indicadores de monitoreo”, y cuestionó la “objetividad y precisión” del recurso, afirmando que “los DBR han hecho muchas afirmaciones sobre los beneficios de las reformas medidas que van más allá de la evidencia rigurosa o replicada”.

Más positivamente, el BEEP está considerando eliminar el proceso de clasificación. Esto es significativo ya que, en una declaración de la sociedad civil del 21 de septiembre, las clasificaciones del DBR se consideraron un sistema “regresivo” que promovió “una carrera a la baja en la desregulación empresarial que erosionó los sistemas fiscales y de seguridad social y eliminó las protecciones clave de los trabajadores” (véase el Observador de Invierno de 2019). Además, el BEEP considerará los cambios de facto en el entorno empresarial de un país mediante la incorporación de encuestas con las empresas, en lugar de simplemente reconocer los cambios de jure que pueden no implementarse realmente, como lo hacía el DBR.

De cara al futuro, la coalición pide al Banco que evalúe el impacto en la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos de la implementación de 18 años de reformas de políticas inspiradas en el DBR, reconsidere su comprensión de la privatización (particularmente en el contexto de la recuperación de la Covid-19, la desigualdad y las crisis climáticas) y aborde las profundas disparidades estructurales descubiertas por la sociedad civil. Hablando en nombre de la coalición, Flora Sonkin, de la Society for International Development (SID), declaró: “En lugar de cambiar el nombre del DBR, el Banco Mundial debería analizar detenidamente los impactos dañinos que su asesoramiento normativo defectuoso ha causado durante los últimos 18 años y trabajar con vistas a las reparaciones y la rendición de cuentas”.