El 16 de febrero el grupo de expertos estadounidense Atlantic Council, junto con DFRLab, la universidad Sheffield Hallam, el Helena Kennedy Center for International Justice y NomoGaia, publicó un informe en el que se alegaba que las inversiones de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos del sector privado del Banco Mundial, han contribuido a graves violaciones de los derechos humanos de los uigures y otras minorías en China.

El informe señala que la “evidencia significativa sugiere que varios de los clientes de la CFI son participantes activos en la implementación de la campaña de represión de la República Popular de China contra los uigures, incluso a través del trabajo forzado, el desplazamiento forzado, el borrado cultural y la destrucción del medio ambiente”. La investigación realizada por los autores indica que la CFI tiene actualmente unos USD 486 millones en préstamos directos e inversiones de capital en cuatro empresas que operan en la región uigur.

En el informe se formulan varias recomendaciones basadas en estas conclusiones. Pidió a la CFI y a otras instituciones financieras de desarrollo (IFD) que desinvirtieran en todas las inversiones empresariales en la región uigur; recomendó que la CFI y otras IFD presumieran que todas las empresas que operan en la región están involucradas en trabajos forzosos y corren el riesgo de ser cómplices en el genocidio en curso; dijo que la CFI y otras IFD deberían revisar y ajustar sus carteras de inversión directa e indirecta para trasladar las subinversiones, los subcontratos y las cadenas de suministro fuera de la región uigur. El informe también señaló que la CFI debería llevar a cabo una revisión completa de su cartera, incluidas las inversiones en intermediarios financieros, utilizando los métodos empleados en el informe.

Al comentar sobre las interacciones de los autores del informe con la CFI, Kendyl Salcito, de la organización sin fines de lucro NomoGaia, con sede en Estados Unidos, se lamentó diciendo que: “Alertamos al personal de la CFI sobre los graves riesgos para los derechos humanos asociados con estas inversiones, en noviembre de 2020, y les proporcionamos evidencia de transferencias confirmadas de trabajo forzoso y otros daños a principios de febrero de este año. La CFI no ha proporcionado ninguna indicación de que vaya a actuar para detener estos abusos”. Agregó que “La CFI no está respondiendo a la prensa, ni a los gobiernos miembros ni a nosotros sobre cómo planean actuar sobre estas constataciones. El Banco no ha hecho declaraciones públicas sobre nuestro informe ni, mucho menos, sobre el genocidio en curso en la región. La falta de rendición de cuentas es asombrosa”.