Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del Covid-19 han revertido los avances en los derechos de las mujeres durante varias décadas, según lo informado por la ONU, la sociedad civil y los medios de comunicación, mientras que el Foro Económico Mundial declaró que “otra generación de mujeres tendrá que esperar la paridad de género”, ya que cerrar la brecha mundial de género se ha alejado otros 35 años. Mientras tanto, una nueva ola de políticas de austeridad respaldadas por el FMI amenaza con desarmar aun más los avances, ya que el poder y la influencia del FMI han aumentado durante la crisis.
En este contexto, el FMI está desarrollando su primera estrategia de género, bajo el liderazgo de la recientemente nombrada asesora superior en cuestiones de género, Ratna Sahay (véase el Observador de Verano de 2021), con la ambición de integrar una perspectiva de género en las operaciones básicas de préstamo, supervisión y asistencia técnica del FMI. Una declaración conjunta del 23 de marzo de la sociedad civil y las organizaciones de derechos de las mujeres expuso las principales demandas políticas para la estrategia, pidiendo al Fondo que evalúe críticamente el impacto de género de su asesoramiento convencional en materia de política fiscal, monetaria, estructural y del mercado laboral y que revise su paradigma macroeconómico.
La igualdad de género es buena para la economía, sin embargo, ¿lo contrario también es cierto?
Tras una carta abierta firmada por casi 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la que se pedía al directorio ejecutivo del FMI que apoyara una consulta significativa sobre el desarrollo de la estrategia, el FMI abrió una consulta pública en línea el 10 de febrero y publicó una nota conceptual resumiendo sus aspiraciones. La nota reflejaba algunas demandas pasadas de la sociedad civil, aunque seguían existiendo brechas críticas. Por ejemplo, los impactos de la austeridad fiscal, los impuestos regresivos y la flexibilización laboral en la feminización de la pobreza han sido destacados por el movimiento por los derechos de las mujeres y las economistas feministas durante décadas. Muchos piden evaluaciones sistemáticas del impacto de género de las reformas macroeconómicas promovidas por el FMI, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas de 2019 (véase el Observador de Primavera de 2019) y las obligaciones en materia de derechos humanos de los países. El FMI comenzó a considerar el género como una condición macrocrítica hace una década, concentrando sus proyectos de investigación y políticas en los beneficios económicos de la equidad de género, al tiempo que rechazaba un mandato en materia de derechos humanos.
La suposición implícita de estas políticas insensibles al género es que las mujeres absorberán el impacto de los recortes fiscales.Bhumika Muchhala, Third World Network
La nota conceptual reconoce que “el FMI llega tarde al campo del género” y enfatiza la necesidad urgente de que el FMI aborde consistentemente las disparidades de género y evalúe “cómo los shocks y las políticas macroeconómicas y financieras afectan a hombres y mujeres de manera diferente”. Se perfeccionarán los modelos analíticos, que antes carecían de complejidad, para predecir los efectos específicos de género de las reformas macroeconómicas, y se ampliará la colaboración con expertos, incluidos el mundo académico y la sociedad civil, en consonancia con las recomendaciones de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Lo que es más importante, la nota conceptual se hace eco de una nota de orientación del personal técnico del FMI de 2018 sobre la operacionalización del género, en la que se destacó que, como mínimo, el asesoramiento en materia de políticas del FMI no debería exacerbar las disparidades de género (véase el Observador de Verano de 2021; Informe, El FMI y la igualdad de género: Poner en práctica el cambio).
A pesar de estas afirmaciones, se arrojó poca luz sobre los efectos de las políticas macroeconómicas respaldadas por el FMI sobre la desigualdad de género, las tasas de pobreza de las mujeres, la carga de los cuidados y la capacidad de acceder a un trabajo digno, o sobre las intenciones del FMI de medirlos y abordarlos. Sin este análisis, el FMI corre el riesgo de socavar incluso sus propios objetivos estrechos de promover el crecimiento a través del empoderamiento económico de las mujeres, ya que las reformas destinadas a reforzar la productividad de las mujeres pueden verse contrarrestadas por otras políticas insensibles al género.
En cambio, la nota afirmó la ambición del FMI de ampliar su asesoramiento en materia de políticas a nivel de país y las condicionalidades de los préstamos, lo que empuja a los países miembros a cerrar las brechas de género, las que se considera afectan el entorno macroeconómico. Esto podría significar que el FMI asuma un nuevo papel como órgano mundial de expertos en cuestiones de género en la política macroeconómica, un hecho altamente problemático sin un examen mucho más serio de los efectos de género de otras políticas promovidas por el FMI, como su enfoque continuo en la consolidación fiscal, el crecimiento impulsado por las exportaciones, los flujos de capital liberalizados, la independencia del banco central y la profundización financiera. La austeridad afectará a 6.600 millones de personas en 154 países en 2022 (véase el Observador de Otoño 2020), mientras que “la suposición implícita de estas políticas insensibles al género es que las mujeres absorberán el impacto de los recortes fiscales”, según Bhumika Muchhala de la OSC malasia Red del Tercer Mundo. Una carta del 2 de marzo de cuatro relatores especiales y expertos independientes de la ONU sobre la deuda, el desarrollo y los derechos humanos destacó que “agregar una estrategia de género a una serie de otras estrategias y un sistema operativo insensibles al género no ayudará a abordar las necesidades de las mujeres y las niñas ni pondrá fin a los impulsores sistémicos de su desventaja y explotación”.
Lo que significa en la práctica un compromiso de ‘no hacer daño’
Las declaraciones tanto de los expertos de la ONU como de la sociedad civil pidieron al FMI que establezca un marco institucional comprometido a buscar una “combinación de políticas alternativas” que defienda los derechos económicos y sociales de las mujeres desde el principio. La profesora Diane Elson, de la Universidad de Essex, destacó que “debería ser obligatorio que todas las condiciones de los préstamos estén sujetas a una evaluación de impacto de género ex ante. Cuando esto revele un probable impacto adverso en la igualdad de género, las condiciones del préstamo deben revisarse”. En última instancia, esto debería dar lugar a un examen más fundamental del marco de políticas del FMI para promover sistemáticamente políticas alternativas que mantengan las condiciones propicias y el espacio fiscal necesarios para abordar la desigualdad estructural. “El gasto público no debe verse como ‘consumo’ sino como ‘inversión’ en los bienes públicos necesarios para los derechos humanos de las mujeres, como la salud, la educación y la protección social”, explicó Muchhala.
La continua falta de recursos comprometidos en el presupuesto operacional del FMI para ampliar significativamente su análisis interseccional de género y la necesaria capacidad de personal siguen siendo un cuello de botella clave. El género fue claramente no prioritario en el programa de trabajo más reciente del FMI, el presupuesto de mediano plazo para 2022-2024 y el Revisión Integral de la Supervisión para 2021 (véase el Observador de Verano de 2021).
Dadas estas limitaciones, será crucial un compromiso significativo y proactivo con el vasto cuerpo de conocimientos especializados existentes y la experiencia vivida de los grupos de derechos de las mujeres y de la sociedad civil, así como con el conocimiento académico de las economistas feministas. “Dado que el FMI está llegando ‘tarde al juego’ por su propia admisión, es aun más crítico que se pongan al día con los extensos análisis de las economistas feministas que ya han hecho el trabajo”, enfatizó Pryanthi Fernando, directora ejecutiva de International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) Asia Pacific. Deben formalizarse las asociaciones con otras organizaciones de expertos, para documentar los objetivos compartidos y la delimitación de los mandatos, y el FMI debe desarrollar de manera participativa una política de compromiso con la sociedad civil.
Si bien la estrategia se publicará en la primavera de 2022, la sociedad civil seguirá de cerca su implementación y continuará pidiendo cuentas al FMI sobre los derechos de las mujeres.
