Después de una larga campaña de la sociedad civil, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión privada del Banco Mundial, anunció, el 9 de marzo, que desinvertía en las New Global Schools, anteriormente conocidas como Bridge International Academies (BIA). BIA, un proveedor de educación con fines de lucro, había recibido USD 13,5 millones de la CFI desde 2014 para apoyar sus operaciones en Kenia, Liberia, Uganda, Nigeria e India.
La desinversión sigue a una congelación de 2020 en las nuevas inversiones directas e indirectas de la CFI en proveedores de educación con fines de lucro, que fue una condición del apoyo del Congreso de Estados Unidos para un nuevo aumento de capital de la CFI (véase el Observador de Verano de 2020 y el de Invierno de 2019).
“El modelo BIA y su implementación socavaron el derecho a la educación y el estado de derecho en Uganda”, dijo Salima Namusobya, de la organización de la sociedad civil (OSC) Initiative for Economic and Social Rights, con sede en Uganda, en un comunicado de prensa del 16 de marzo. “La desinversión de la CFI llega en un momento en que la mayoría de las escuelas de BIA han cerrado, ya que su modelo con fines de lucro era insostenible, particularmente a raíz del Covid-19. Esperamos que otros inversores sigan su ejemplo”.
El modelo con fines de lucro de BIA ha generado una condena sostenida en los últimos años. En 2016 el apoyo de la CFI a BIA en Liberia fue criticado por el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, quien argumentó: “la provisión de educación pública de buena calidad es una función central del Estado. Abandonar esto en beneficio comercial de una empresa privada constituye una grave violación del derecho a la educación” (véase el Observador de Verano de 2016).
En una carta abierta, 88 OSC pidieron en 2018 a la CFI que desinvirtiera en las BIA y destacaron una serie de problemas con sus operaciones, que incluyen “costos más altos que los anunciados por la empresa, falta de registro de escuelas, uso de currículo no aprobado, incumplimiento de los requisitos de certificación de maestros e impactos discriminatorios” (véase el Observador de Primavera de 2018).
Un informe de 2019 del Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI, tras una queja de 2018 contra BIA en Kenia, destacó las preocupaciones sobre la falta de “cumplimiento de los requisitos relevantes de salud y seguridad” de BIA y los posibles “impactos adversos para maestros, padres y estudiantes planteados en los reclamos” (véase el Observador de Invierno de 2019).